Reprueban ejercicio de fondos para seguridad y procuración de justicia

Varios millones de pesos destinados a seguridad y procuración de justicia en 2010 a Veracruz, que servirían para mejorar los sistemas de auxilio a los veracruzanos, profesionalizar a policías, prevenir los delitos, mejorar el equipo y la infraestructura del sector, no sólo fueron desviados para pagar bonos a personal administrativo o se pagaron en exceso para diversas obras, sino que se desviaron a través de contratos fraudulentos con empresas fantasmas o de plano, se desconoce su destino.

En otros casos sirvió para la compra de equipo de radiocomunicación obsoleto y en desuso.

En total los desvíos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, suman un monto de 126 millones 266 mil 300 pesos.

En el informe de la auditoría 10‐A‐30000‐02‐0318 -con dictamen negativo-, dada a conocer hace unos días por la Auditoría Superior de la Federación –organismo dependiente de la Cámara de Diputados federal- se da cuenta de más de una decena de contratos que dio el gobierno de Veracruz por vía asignación directa, sin licitar, los cuales presentan diversas anomalías, desde el incumplimiento de la entrega de los productos o servicios, hasta pagos en excesos o la presunción de que se trataron de convenios fraudulentos.

Por ejemplo, en 2010 el gobierno firmó la empresa Comercializadora H y H del Golfo, S.A. de C.V., un contrato para el suministro de substancias químicas por 5 millones 998 mil 900 pesos y otro por 463 mil 200 pesos al amparo del contrato núm. AD 08/10 de fecha 24 de mayo de 2010 y Adendum al contrato AD 08/10 de fecha 15 de octubre de 2010-

La asignación directa además de irregular, se comprobó que fue ilegal, pues se compraron productos a sobreprecio.

A esa misma empresa, el gobierno asignó un convenio para la compra de instrumental médico y de laboratorio por 4 millones 274 mil 100 pesos, al amparo del contrato núm. 015/10, del 28 de mayo del 2010. En este caso, se comprobó que el gobierno “pagó un sobreprecio por los bienes adquiridos, de acuerdo con diversas cotizaciones obtenidas por un millón 120 mil 700 pesos”.

El hecho se volvió a repetir en la compra de “utensilios” a esta empresa.

La auditoría también comprobó que el gobierno singó contratos con empresas fantasma como Hon Fel Solutions, S.A. de C.V., e Impulsora y Operadora Veracruzana de Servicios, S.A. de C.V.

Por las irregularidades más graves, la Auditoría Superior de la Federación anunció que interpondrá denuncias penales, además de que solicitó al gobierno de Veracruz investigar y castigar administrativamente a los responsables de estas anomalías.

Pero la lista de irregularidades es extensa y abarca todo tipo de situaciones, con la asignación irregular a empresas para la construcción de la segunda etapa del Juzgado de Responsabilidad Juvenil de Palma Sola, que presentó deficiencias y vicios ocultos, la construcción de un cuartel de policía en la Cuenca del Paloapan, la deficiente construcción y con sobrecostos, del penal de Amatlán de los Reyes.

Incluso, resalta el caso de la compra y el blindaje de una camioneta marca Dodge, tipo

Journey R/T, modelo 2009, núm. de serie 9T506833, que tuvo un valor de 670 mil 600 pesos.

Dicha unidad que serviría para el “Equipamiento de Personal de Custodia, Acción Accesorios Transporte Terrestre”, terminó en las manos de un funcionario.

Por otra parte, lejos de mejorar los sistemas de seguridad del estado, esta empeoró en 2010, según el estudio realizado por los auditores, pues no se establecieron acciones para el combate a la corrupción, para modernizar los esquemas, profesionalizar a servidores públicos, se careció de planeación, hubo subjercicio de fondos.

Los auditores también revelaron que el 54.7 por ciento de los reos liberados en 2010, volvieron a delinquir y ubicó a los principales motivos de reincidencia el consumo de sustancias tóxicas,el desempleo, bajo nivel cultural, educativo, un ambiente familiar disfuncional o violento. Por otra parte, pese a que estaba obligado, el gobierno de Veracruz no realizó un estudio de percepción de la inseguridad por parte de los veracruzanos.

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