Ciudad de México. (SinEmbargo).– Los mexicanos deben dejar de preguntarse qué hacer contra la corrupción y la constante violación a los derechos humanos, para cuestionarse sobre lo que realmente están haciendo para exigir se cumplan a cabalidad sus garantías civiles, planteó Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) en el país.
Agregó que para cerrar las brechas donde prevalece la corrupción, los ciudadanos deben asumir una voluntad política, “no partidista”, para frenar el “desempoderamiento” social que se vive. Aconsejó no esperar “el rayo de la tragedia” para actuar.
Durante el foro “Sociedad Responde”, organizado por asociaciones civiles, Hernández Valencia explicó que la movilización ciudadana “no debe quedar solamente en un like en redes sociales o en una firma electrónica”. Es necesario, dijo, buscar los mecanismos –los cuales son un derecho– para exigir a las autoridades el respeto de las garantías mas esenciales, por ejemplo: el acceso a la información.
El empoderamiento da la libertad de derechos”, dijo. Y agregó: “No asuman una postura desde la victimización, no esperen el rayo de la tragedia para actuar”.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU expuso que a pesar de casos como el asesinato de civiles en Tlatlaya, que involucra al Ejército, o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la clase política sigue actuando de la misma manera.
Previó que, en un escenario donde la mayoría de mexicanos no se informa y ni siquiera sabe cuál será el día de los comicios, se votará como siempre.
“Lo que aquí [en México] denominamos crisis no ha alterado el escenario del poder ni a su política. Por ello sucederá lo que les ocurrió a los españoles hace seis años, cuando se vivía una gran crisis: eligieron a los mismos partidos en las elecciones”, explicó.
Desde la muerte de 22 civiles en junio pasado, en Tlatlaya Estado de México, quienes habrían sido confundidos por militares, y posteriormente con la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el respeto a los derechos humanos en México ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales, principalmente por la negativa del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de reconocer que el país atraviesa por una emergencia en la materia.
México también ha sido criticado a nivel internacional por los casos de conflicto de interés que salieron a flote en noviembre pasado, cuando se dio a conocer que la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado había comprado a Grupo Higa, uno de los principales contratistas del gobierno, una casa con un valor superior a los 86 millones de pesos. El segundo escándalo involucró al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, quien tuvo que admitir la propiedad de una residencia en Malinalco, Estado de México, comprada también al grupo empresarial de Juan Armando Hinojosa Cantú y por la cual la inmobiliaria no obtuvo ninguna ganancia, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso SinEmbargo.
Hace unos días, el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura expuso que “la tortura es una práctica generalizada hoy en México”.
“La expresión ‘tortura generalizada’ es la expresión correcta, no he cambiado de opinión”, declaró Juan E. Méndez, durante una rueda de prensa en Ginebra y en el marco del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
En mayo del año pasado, Méndez ya había empleado esta expresión en su informe preliminar sobre México. El gobierno mexicano había respondido el abogado argentino –un reconocido defensor de los derechos humanos a nivel mundial–, pero sus explicaciones no convencieron al Relator Especial. La administración federal reprochó a Méndez por hacer esa crítica presuntamente basado en sólo 15 testimonios escritos que daban cuenta de torturas ocurridas durante una interpelación de las fuerzas del orden.
“El hecho de que no se puedan presentar centenares de casos no quiere decir que la tortura no esté generalizada”, declaró Méndez, que afirmó haber recibido numerosos testimonios, pero no necesariamente escritos, pues “es un proceso complicado”.
“Existen casos de tortura en todos los niveles del Estado, a nivel federal, regional y local”, expuso, y añadió que se trataría tanto de tortura “física como moral”.
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), consideró entonces que el actuar de Juan E. Méndez no fue “profesional y ético” al señalar que en México la tortura es una práctica generalizada.
En un encuentro con senadores, el funcionario mexicano consideró que el representante de la ONU desestimó los argumentos oficiales y dio más valor a “premisas sin pruebas” al momento de emitir su resolutivo por lo que no será invitado nuevamente.
“Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar, que no pudo documentar concluya que hay una práctica generalizada”, señaló Gómez Robledo.
El subsecretario resaltó que la Cancillería sostuvo reuniones con el relator Juan E. Méndez para demostrar que el panorama es México es diferente, sin embargo, el funcionario de la ONU eligió sostener su postura y con ello privilegió el trabajo en conjunto realizado por los relatores por encima del trabajo con otras naciones:
“Intentamos dialogar con él, no quiso y prefirió quedar bien con su consito en si como dicen los gringos, antes que quedar bien con los Gobiernos con los que tiene que trabajar; ni modo allá él, cada quien tiene que asumir su responsabilidad en esta vida”, dijo.
LOS OTROS HUECOS
Por su parte, Jacqueline Peschard Mariscal, ex Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), informó que en México, a pesar de los avances, sigue habiendo “huecos” donde se utilizan recursos de programas de alivio a la pobreza para plataformas electorales.
“Debe haber un movimiento de la sociedad y tiene que ser político. ¿Y qué quiere decir político? Que tienes que recurrir a todos los canales para, justamente, la acción política, para la demanda, para que seas escuchado y para que puedas tener injerencia sobre quienes toman decisiones”, afirmó la también socióloga mexicana.
Ambos expertos hablaron sobre la titularidad de los derechos humanos, la cual muchas veces se piensa que debe ser otorgados por un Estado pero aseguraron que en gran parte cada individuo tiene que asumir la tarea de luchar por esa titularidad, porque cada uno es “dueño de sus derechos”.
“Debemos dejar el facilismo, debemos buscar otras tareas, porque si nuestra única tarea es el Like, perdimos el norte. Y eso sí me preocupa. […] Hagamos las cosas que nuestras herramientas, nuestra formación, nuestra vocación y las vías políticas nos permiten ”, expresó.
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