Por AFP/
En base a 39 testimonios anónimos, vídeos, documentos y otros elementos, la periodista y escritora Laura Castellanos reconstruyó el operativo que tuvo lugar en la madrugada del 6 de enero y que se inició con el violento desalojo de un grupo de expolicías rurales que mantenían una protesta en el exterior de la alcaldía de Apatzingán, una convulsa ciudad de Michoacán (oeste).
De acuerdo con la versión oficial difundida entonces, ese día murieron nueve personas como consecuencia de enfrentamientos entre los expolicías rurales y la Policía Federal y por el fuego cruzado entre presuntos pistoleros, mientras que otras 44 fueron detenidas. Sin embargo, según este reportaje, los muertos supuestamente fueron 16.
La oficina de Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, dijo el sábado en un comunicado que recibió, de manera anónima, un vídeo «del cual se puede inferir un uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Federal» en Apatzingán. La dependencia señaló que el vídeo anónimo fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar una investigación. La fiscalía no aclaró si se trata del mismo hecho.
De acuerdo con unos 16 testimonios cuyo audios fueron publicados en el portal de Aristegui Noticias, los testigos, que se mantienen en el anonimato, aseguran que las víctimas no dispararon, que estaban desarmadas y que fueron ejecutadas por los policías federales.
«‘¡Mátenlos como perros!’, gritaron los policías federales al atacar a tiros a un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural que estaban en plantón», inicia el reportaje. «No se pueden salir, ninguno, ¡están tirando los federales!», se escucha en una de las grabaciones de uno de los expolicías rurales que pide auxilio en otro momento de la violenta jornada.
Los acontecimientos del 6 de enero tuvieron lugar después de que el Gobierno anunciara la desintegración de las fuerzas rurales, que estaban integradas por antiguos autodefensas.
Michoacán entró en crisis en febrero de 2013, cuando los grupos de autodefensas se levantaron contra el cártel de Los Caballeros Templarios, al que acusaban de secuestrar, extorsionar y asesinar a la población. Tras capturar o abatir a los principales líderes del cártel, en mayo de 2014, el Gobierno de México legalizó estos grupos de milicianos, a los que más tarde les quitó este estatus.
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