Tres años de impunidad en Veracruz por asesinato de Regina Martínez

Regina Martínez Pérez, su  homicidio continúa impune/ Foto Octavio Gómez
Regina Martínez Pérez, su homicidio continúa impune/ Foto Octavio Gómez

México, D.F.- (Apro).-Hace tres años nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, fue asesinada y el caso está lejos del esclarecimiento. Aunque hay un supuesto culpable encarcelado, condenado a 38 años y dos meses de prisión, no se tiene ninguna certeza de que el homicidio de la periodista de Proceso haya ocurrido como dice el gobierno del priista Javier Duarte que ocurrió. 

La explicación de que se trató de un robo con tintes pasionales aún no es avalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República. 

Una de las causas es que la única huella dactilar que la FEADLE pudo rescatar de la casa de Regina Martínez después de que la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz, hoy Fiscalía General del Estado, interviniera la escena del crimen, no coincide con las del encarcelado, Jorge Antonio Hernández Silva.

Además, la información genética que obtuvo de la taza de baño de la casa de Regina Martínez, espacio donde fue agredida, tampoco coincide con los resultados del perfil genético de Hernández Silva ni con las pruebas de ADN hechas a los familiares de José Adrián Hernández Domínguez, a quien la PGJ señaló como el principal responsable, pero a quien las autoridades ministeriales del estado aseguran que no han podido encontrar.

Para la FEADLE el caso está lejos de haberse resuelto. Está pendiente una línea de investigación: el trabajo periodístico de la corresponsal de este semanario. 

Laura Angelina Borbolla, titular de la Fiscalía Especial, asegura que la Policía Federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, y la Policía Federal Ministerial, adscrita a la PGR, están a cargo de un peritaje sobre las publicaciones de la reportera, asesinada en las primeras horas del 28 de abril de 2012.

Se busca identificar hechos y actores que pudieron sentirse afectados por su trabajo periodístico, que tocaba tanto asuntos locales como federales. Además, hay que verificar si recibió amenazas, considera la fiscal. La FEADLE puntualiza: hasta ahora no se ha descartado que el móvil del homicidio esté vinculado con su actividad profesional, pero tampoco se ha acreditado que así sea.

La falta de coincidencia de la información genética y de las huellas digitales fue informada por la fiscalía especial a la Procuraduría de Veracruz. Pero como responsable de la indagatoria, la PGJ continuó sus pesquisas sin esta consideración y se mantuvo en la idea de que el móvil del homicidio fue un robo simple perpetrado por Hernández Silva, El Silva, y Hernández Domínguez, El Jarocho.

Sin pruebas

De acuerdo con la titular de la FEADLE, «hay una sola huella dactilar que no se sabe de quién es». La marca fue recuperada por los peritos de la Fiscalía Especial en la tina del baño de Regina Martínez, pero no identifica a ninguno de los inculpados de la PGJ ni ha sido encontrada en ninguna base de datos del Gobierno federal. 

Antonio Hernández Silva único detenido dice ser "chivo expiatorio"
Antonio Hernández Silva único detenido dice ser «chivo expiatorio»

De confirmarse la versión de la PGJ, en el ataque participó una tercera persona. Pero hasta ahora, la única certeza que tiene la FEADLE es que no encontró en la casa de la periodista datos genéticos o huellas dactilares de quienes fueron acusados como culpables, así que otra posibilidad es que el crimen haya sido perpetrado por alguien distinto a los inculpados.

La única huella digital utilizable –las demás sólo son fragmentos– no aparece en Plataforma México, donde se concentran los bancos de datos policiales, ni en los de personas desaparecidas de la PGR, dice Borbolla.

La FEADLE también contrastó la información genética recuperada en el lugar del ataque con la de Jorge Antonio Hernández Silva y con el hijo y la madre del prófugo Hernández Domínguez. En ningún caso coincidió. La fiscal considera que la participación de Hernández Silva «no es un elemento convincente», mientras que en el caso de Hernández Domínguez la PGJ ni siquiera tiene sus huellas dactilares.

Sin el respaldo de pruebas periciales, Hernández Silva fue consignado y procesado sólo con su confesión y diversos testimonios; entre ellos, el de María del Rosario Morales Zárate, pareja sentimental de Hernández Domínguez. Pero tanto El Silva como Morales Zárate aseguran que fueron torturados por la PGJ para declararse culpables.

La PGR aplicó el Protocolo de Estambul al detenido. El resultado de ese instrumento internacional para identificar tortura física y psicológica fue negativo, pero la fiscal dice que el resultado es relativo, porque la revisión se hizo medio año después de la consignación, además de que la juez de primera instancia desestimó esa declaración del acusado.

El futuro de Hernández Silva está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se resolverá la revisión de un amparo que interpuso contra la decisión de un tribunal federal que revocó su libertad.

La Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado había ordenado la liberación del inculpado por considerar que la PGJ no pudo probar su responsabilidad. Pero el hermano de la periodista, Ángel Martínez Pérez, convencido de la versión de la procuraduría veracruzana, promovió el amparo contra el auto de libertad que mantuvo en la calle a Hernández Silva durante un año y dos meses, de agosto de 2013 a octubre de 2014.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo también le dio la razón a la PGJ del estado, confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó la reaprehensión del acusado, un desempleado seropositivo que no sabe leer ni escribir, condenado a 38 años y dos meses de prisión, 17 mil 724 pesos de multa y un pago de 81 mil 473 pesos como reparación de daño.

En su solicitud de revisión del fallo judicial que lo regresó a la cárcel, Hernández Silva alega violaciones constitucionales al debido proceso. Una de ellas es que fue detenido varias semanas antes de que fuera presentado por la PGJ en noviembre de 2012, siete meses después del asesinato. Hernández Silva asevera que fue torturado para que se declarara culpable y diera la versión que la PGJ le obligó a aprenderse. 

«Los que me agarraron me metieron toques, me vendaron los ojos, me echaron agua por la nariz y me dijeron que me iban a matar y también a mi mamá», refiere Hernández Silva en la revisión que le pide a la Suprema Corte. Esa misma versión la ha sostenido desde su primera declaración ante la juez de primera instancia que lo condenó, Beatriz Rivera Hernández, a quien el gobernador Duarte propuso como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz en septiembre del año pasado.

Hernández Silva también asienta que además de no haber sido presentado ante el Ministerio Público inmediatamente después de su primera detención y haber sufrido tortura, no contó con la debida defensa, le asignaron una abogada de oficio que, expresa, sólo avaló la actuación de la procuraduría estatal. 

En el caso de que la Suprema Corte considere que la PGJ de Veracruz respetó los derechos constitucionales de Hernández Silva, se confirmaría su condena. Pero por ahora, para la FEADLE no hay pruebas periciales de su culpabilidad.

En el caso del prófugo, José Adrián Hernández Domínguez, el titular de la actual Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo, afirma que la orden de aprehensión en su contra «ha sido boletinada a toda la República, a través de los convenios de colaboración existentes (e) incluye también a la Policía Federal. Su información (del acusado) también está alojada en Plataforma México», respondió el fiscal a un requerimiento de Noé Zavaleta, corresponsal de Proceso en Veracruz.

«Hay voluntad política y disposición jurídica. En éste, como en todos los casos, la FGE no conduce su actuar por lineamientos políticos. Nos ceñimos a un marco jurídico en el que agotamos todos los medios legales para su cumplimiento», contestó por escrito.

Versión de la PGJ

El cuerpo de Regina Martínez fue encontrado por la Procuraduría de Veracruz después de una llamada de los vecinos, alrededor de las 18:30 horas del sábado 28 de abril, más de 12 horas después de su muerte, causada por estrangulamiento.

Desde el inicio, la PGJ se concentró en el robo como móvil del asesinato, pero lo complementó con la versión de que Regina Martínez era pareja sentimental de Hernández Domínguez, un sexoservidor de la zona de la casa de la periodista.

Según la consignación de la procuraduría, el hurto consistió en una laptop, una pantalla plana y dos celulares. Meses después informó que encontró un reloj y una cámara fotográfica a un prestamista al que supuestamente los acusados le vendieron los objetos robados.

Para la consignación, la PGJ se apoyó en la declaración de Hernández Silva. Según esa versión, «Hernández Domínguez le contó que había conocido en un antro a una señora que era periodista que tenía mucho dinero y que quería robarle».

La noche del asesinato, se lee, llegaron a la casa de Regina Martínez. La periodista fue a comprar cervezas y después de un rato ella le reclamó a Hernández Domínguez que no fuera a verla. Empezaron a discutir y luego siguieron las agresiones, momento en que el principal acusado le pidió el dinero y las joyas. Después la siguió atacando hasta asfixiarla.

Según la Dirección de Servicios Periciales de la entonces PGJ del estado, Regina Martínez era vulnerable por ser una mujer que vivía sola, pero que al momento de su homicidio se encontraba en «el inicio de una relación», porque encontraron en su vivienda cosméticos y perfumes, lo que los investigadores consideraron como «un agente externo» que la volvió «más entusiasta» y ya no tan reservada, como siempre fue. 

La versión sobre su participación en el homicidio y la supuesta relación de Hernández Domínguez con la periodista no fue ratificada por Hernández Silva cuando declaró por primera vez ante la juez Beatriz Rivera. 

No obstante, la juzgadora dio por válida la declaración que el acusado hizo en el Ministerio Público de Veracruz, donde también declaró que los policías que lo detuvieron lo trataron bien y le dieron de comer. En ese mismo momento, la PGJ emitió un certificado médico en el que se aseguró que el detenido no presentaba lesiones cuando quedó a disposición de la autoridad ministerial. www.proceso.com.mx

Comentarios

  1. LEI COMPLETA LA NOTA Y ENCONTRE PURAS MENTIRAS POR PARTE DE QUIENES HACEN LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN DE MI AMIGA… MI AMIGA REGINA NUNCA IBA A ANTROS… LUEGO, ELLA SIEMPRE SE MAQUILLABA Y SE PONÍA PERFUME…. ENTONCES LOS COSMÉTICOS YPERFUMES NO PUEDEN SER PRUEBAS…. OJALA Y A TODOS LOS QUE ARMARON TODA ESTA HISTORIA FALSA MUERAN PEOR QUE MI AMIGA….

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