Xalapa, Ver. La LXIII Legislatura de Veracruz conocerá la opinión y medidas de prevención de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Protección Civil estatal (PC), respecto del uso de la fracturación hidráulica o fracking en la zona sur de la entidad, conforme al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, aprobado durante la Segunda Sesión del Segundo Periodo Ordinario del segundo año de labores.
El acuerdo derivó del Anteproyecto presentado por el diputado Fidel Robles Guadarrama, en el que se pide a las instituciones citadas una opinión respecto del uso el fracking en Veracruz, con base en la Guía de Criterios Ambientales de la Semarnat para la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos en este tipo de suelos.
Ante el incremento anormal de la sismicidad registrada por el Servicio Sismológico Nacional en regiones petroleras –entre las que se incluye Veracruz–, se requiere conocer la opinión de expertos en la materia sobre la conveniencia o no del uso de la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos.
Aprobado por mayoría de votos, este acuerdo coincide con el autor de la propuesta en la importancia de conocer el punto de vista del personal de las dependencias en materia ambiental, sobre los efectos de la aplicación de esta técnica en suelo veracruzano, pues en los municipios de Moloacán, Las Choapas, Agua Dulce, Minatitlán y Coatzacoalcos, Petróleos Mexicanos (Pemex) explota 34 pozos de inyección.
De acuerdo con la propuesta original, Robles Guadarrama explica que entre los efectos más graves está la contaminación de acuíferos, del suelo, de la atmósfera, la contribución al calentamiento global, la afectación de la infraestructura carretera y habitacional y la pérdida de la biodiversidad.
El Diputado recordó que el 4 de marzo de 2015, la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas de la Semarnat publicó la Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Su objetivo es precisar los lineamientos que los operadores petroleros deben asegurar y considerar para las actividades de perforación y exploración, y con ello para garantizar la protección al medio ambiente, en tanto no exista una regulación oficial en la materia.
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