Ciudad de México. (SinEmbargo).– Los tres testigos que apuntalaron la “verdad histórica” con la que Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR, concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, y luego desechados en el Río San Juan, confesaron que fueron torturados.
Lo anterior fue revelado en entrevista con SinEmbargo por Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh).
“El principal caso de violaciones a los derechos humanos del país, debería ser el más cuidado. Entonces empezar a tener alegaciones de tortura le pone un asterisco fuerte en la investigación, porque el núcleo central de la investigación de la PGR parte justo de tres confesiones autoinculpatorias: las de ‘El Pato’, ‘El Chereje’ y ‘El Jonas’; de ahí se desprende todo el caso de la PGR, y su ‘verdad histórica’ se sustenta en declaraciones que pudieron ser obtenidas bajo tortura”, expuso Patrón Sánchez.
En noviembre de 2014, Murillo Karam anunció que Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, fueron los autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje”, declaró ante los medios de comunicación el entonces Procurador.
Hace unos días, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que son coadyuvantes en la investigación gracias a la que firmaron un Acuerdo de Colaboración Técnico con el Gobierno federal y con los familiares de los estudiantes, recomendaron a las autoridades mexicanas investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.
“En el caso de los detenidos, los del Penal de Nayarit, nos han dicho que fueron víctimas de tortura. Hubo un grupo numeroso de los 16 que entrevistamos que nos dijeron esto. Vamos a seguir con las visitas”, explicó Carlos Beristain.
Los expertos dijeron que las violaciones al debido proceso pueden impactar negativamente a la investigación.
Mario Patrón, quien también es coadyuvante en las investigaciones y que tiene acceso a los informes de los expertos de la CIDH y al expediente, precisó los nombres que el grupo de especialistas no reveló. Se trata de los tres principales inculpados, quienes fueron mostrados en video a la prensa por Murillo Karam, el mismo día en que oficialmente dio carpetazo a la investigación sobre el caso Iguala.
De comprobarse que fueron torturados, dijo, la “verdad histórica” se vendría abajo por completo y sería culpa de la PGR.
“Si la tortura es comprobada, podemos tener un problema de ilicitud de prueba. Quien estaría poniendo en riesgo la justicia y la verdad en torno al caso sería la PGR. El grupo de expertos ha sido precavido y dice que seguirán indagando en torno a estas declaraciones”, detalló el defensor de derechos humanos.
Patrón Sánchez añadió que el expediente de Ayotzinapa está plagado de confesiones que luego se anulan. Su primera línea de investigación se sustentó en dos confesiones y al final, se cayó.
“Está vinculada con las fosas de Cerro Viejo, donde dos personas que dicen ser de Guerreros Unidos afirman que ellos participaron en comprar la gasolina, en la ejecución de los estudiantes y que fueron a enterrarlos. Luego se corroboró que no eran los estudiantes con las pruebas de ADN. Esa es la incertidumbre que hay en la investigación”, explicó.
El director del Centro Prodh precisó que también es relevante que el grupo de la CIDH haya puesto en entredicho el móvil que sustenta la “verdad histórica” de la PGR y, por tanto, del Gobierno federal.
En su tercer informe, los especialistas negaron en su informe el móvil que argumentó la PGR: que los los estudiantes iban a boicotear un acto del matrimonio Abarca [José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa], ahora encarcelado por su presunta responsabilidad en la desaparición de los estudiantes-.
De acuerdo con la información divulgada por los expertos, los normalistas de Ayotzinapa no iban a “boicotear” el evento político de María de los Ángeles Pineda, esposa del ex Edil de Iguala, Guerrero, Abarca Velázquez. Los estudiantes llegaron tiempo después de concluido el acto público.
En su momento, Murillo Karam aseveró que las investigaciones apuntaban a que los muchachos “iban a Chilpancingo a botear para venir a una manifestación el 2 de octubre. Pero se los llevaron directo a Iguala. En el camino les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político”.
A la fecha, la Procuraduría ha mantenido esa versión: los normalistas intentaron sabotear a los Abarca. Y según la dependencia, fue el Presidente Municipal quien dio la orden de detener a los jóvenes la noche del 26 de septiembre.
Sin embargo, la investigación de la CIDH determinó que el desarrollo de los hechos tuvo más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la obtenida por el propio grupo de expertos.
“Del análisis de la información realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se desprende que los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el acto de la presidenta del DIF el día 26 y el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades tenían desde el inicio el conocimiento de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma de buses para sus actividades”, dice el documento.
RECLASIFICAR EL CASO ES NECESARIO
Mario Patrón detalló que si la “verdad histórica” se cae, el Estado debe continuar con la investigación por desaparición forzada hasta dar con el paradero de los jóvenes, vivos o muertos.
“El estándar en materia de desaparición forzada indica que el Estado sigue siendo responsable de investigar y dar con el paradero de las personas. Si esta no fuera la ‘verdad histórica’, sino una verdad impuesta, el Estado se vería obligado a garantizar la verdad y la justicia y dar con el paradero de los normalistas”, planteó.
Sin embargo, el Gobierno mexicano se ha negado a acatar la primera recomendación de los expertos de la CIDH: reclasificar el caso por desaparición forzada.
“Se tiene que reclasificar, es una de las primeras recomendaciones que hasta ahorita está incumplida: hay 106 personas detenidas, pero ninguna tiene imputación por desaparición forzada, lo que es un mecanismo directo de impunidad. Esta reticencia se entiende porque el Estado busca huir de su responsabilidad”, detalló.
El activista hizo énfasis en la negativa del gobierno para hacer posible la entrevista de los expertos con el 27 Batallón del Ejército Mexicano.
“Las últimas declaraciones de [Miguel Ángel] Osorio Chong dejan entrever que la solicitud del grupo está fuera de la ley, cuando de ninguna manera hay un acuerdo firmado donde se establezca cuáles son las facultades de los expertos, entre ellas hablar con todos los implicados, prueba de ello es que se les autorizó el ingreso al Penal de Tepic, donde han entrevistado a personas detenidas. La negativa a entrevista a los militares, nos puede dar la interpretación de que se oculta información”, explicó.
Mario Patrón destacó la importancia del trabajo del grupo de la CIDH, debido a que tiene implicaciones jurídicas y políticas.
El trabajo de los expertos es vinculatorio. Sus recomendaciones y su informe final, formarán parte del expediente. Pero sobre todo tiene un impacto político.
“Cuando México se compromete a esta asistencia técnica, también se compromete al escrutinio internacional. Tendrá un elemento importante si hay reticencia de las instituciones mexicanas para seguir colaborando con el grupo de expertos o para cumplir con sus recomendaciones”, precisó.
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