Ciudad de México. (SinEmbargo).– Si bien parte de la colaboración entre México y Estados Unidos incluye casi 100 millones de dólares para fortalecer aquí el Estado de Derecho, el territorio del vecino país del norte es, al mismo tiempo, el refugio de varios políticos mexicanos inmiscuidos en delitos de corrupción e incluso crimen organizado o, como ocurre de manera sistemática, sospechosos de usar dinero público para fines personales.
La facilidad con la que estos políticos y funcionario de todos niveles han invertido recursos económicos en Estados Unidos, ahora convertido en el nuevo paraíso del dinero sospechoso de esos influyentes mexicanos, contrasta con el discurso del Gobierno del Presidente Barack Obama que, a través de la Iniciativa Mérida, ha enviado alrededor de 100 millones de dólares a México para la reforma Constitucional en materia judicial y el “fortalecimiento de las instituciones destinadas a sostener el Estado de Derecho.
“En 2008, al inicio de la Iniciativa Mérida, la violencia relacionada con los cárteles ha ido aumentando dramáticamente, la corrupción ha sido una amenaza para el Estado de Derecho y las instituciones mexicanas no eran capaces de lidiar efectivamente con la impunidad de las poderosas redes criminales”, dijo en mayo de 2014 William Brownfield, Secretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado ante la Casa de Representantes de ese país.
“Construir en el sector judicial instituciones fuertes y capaces de lidiar con el crimen organizado y la violencia y corrupción que lo acompaña es un proyecto difícil y de largo plazo. Toma años de trabajo sostenido y dedicado a través de muchas instituciones y sectores, la voluntad política de generar cambio y los recursos y el nervio para llevarlo a cabo”, agregó entonces el funcionario estadounidense.
Los documentos oficiales de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) plantean que el vecino país ha destinado 94 millones de dólares para el fortalecimiento del Estado de Derecho, específicamente a través del apoyo a la Reforma Judicial Penal que, desde 2004, empezó a transformar los códigos penales del país.
“Bajo la estrategia de cooperación 2014-2018, USAID apoya al Gobierno mexicano en hacer operacional la confección de la reforma judicial de 2008. (…) Ubicándose dentro del espectro de la Iniciativa Mérida, la agenda actual de la USAID en materia de Estado de Derecho suma aproximadamente 94 millones de dólares y está enfocada en apoyar al gobierno de México, a la sociedad civil y a otras instancias legales para transitar al nuevo sistema de justicia oral y adversarial, tanto a nivel estatal como federal, para 2016”, dice el documento titulado “Estado de Derecho” de la oficina en México de la Agencia de asistencia internacional.
POLÍTICOS MEXICANOS Y COMPRAS SOSPECHOSAS
Entre los políticos mexicanos señalados por sus transacciones sospechosas en EU se encuentra, por ejemplo, el ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, acusado de lavado de dinero y narcotráfico por una corte de Distrito en Texas y quien, durante su periodo como mandatario entre 1999 y 2004 habría adquirido al menos dos propiedades en las costas de esa misma entidad norteamericana.
Está también el caso de “La Maestra” Elba Esther Gordillo Morales, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) detenida el pasado 2013 por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita, algunos de ellos, según la investigación, para adquirir al menos dos propiedades en San Diego, California.
Uno de los casos más recientes es el revelado por el periódico The New York Times, el pasado febrero, cuando el influyente medio norteamericano publicó que el ex Gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, había comprado “al menos seis propiedades en Estados Unidos, incluidos dos condominios cerca de un sky resort en Utah, otro en una playa de Texas y al menos uno en Manhattan, de acuerdo con registros y entrevistas”.
El NYT reportó en el mismo artículo que el nombre de Murat, Gobernador priísta de Oaxaca entre 1998 y 2004, había emergido durante una investigación periodística en las zonas más exclusiva de Manhattan sobre los esquemas en los que “compañías ficticias” de ese país esconden los nombres reales de varios propietarios de los condominios.
“La propiedad de las casas se ve constantemente obscurecida a través de variaciones en los apellidos enlistados en los contratos o través de compañía ficticias”, publicó el diario el 10 de febrero de 2015.
“Las propiedades de Murat muestran como los mecanismos legales disponibles en Estados Unidos para poseer propiedades sin revelar el nombre de los propietarios reales pueden dificultar el rastreo del dinero. Esto puede ser un problema en particular para México que, como muchas otras naciones en desarrollo, tiene una larga experiencia en la evasión de capitales tanto legítimos como ilegales”, agregó el medio.
El artículo, firmado por Louise Story y Alejandra Xanic Von Bertrab, explica también que, si bien no hay ninguna práctica ilícita detectada en las compras de Murat, la investigación de las propiedades privadas de los servidores públicos mexicanos cobraba relevancia en medio de la “reciente ronda de revelaciones”, como el escándalo la “Casa Blanca” de la familia presidencial, adquirida a Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, uno de los contratistas favoritos de Enrique Peña Nieto.
Revelaciones en las que, se conoció también gracias a la prensa, la Primera Dama, Angélica Rivera, tiene además una casa en Miami, Florida.
“Los signos de riqueza de la primera dama de México, que están en el centro de un escándalo en ese país, también se han dado en Miami”, publicó Noticias Univisión el pasado 26 de noviembre de 2014.
“Aunque tenía plazo hasta el año 2035, Angélica Rivera, la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, pagó en su totalidad un préstamo hipotecario de más de 1.3 millones de dólares con el que adquirió un apartamento en un exclusivo edificio de Key Biscayne, según registro públicos del condado de Miami-Dade”, agregó el medio.
Los casos de Murat y Angélica Rivera se sumaron en el último año a los para ya revelados de Yarrington y Gordillo. El primero fue expuesto en abril de 2013, cuando, en el contexto del proceso penal iniciado en una Corte de Brownsville por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, se conoció también que el ex mandatario tamaulipeco tenía al menos dos propiedades en ese estado norteamericano.
“Se trata de una casa color crema de tres niveles, construida en un terreno de 291 metros cuadrados (en Port Isabel, Texas), que según la declaración jurada del agente John Lyons fue comprada en febrero de 2004 por tres prestanombres de Yarrington. En la transacción participaron su sobrino Juan M. Garza, el ex Diputado local tamaulipeco Daniel Sampayo Sánchez –quien también fue su secretario particular– y Miguel Alberto Treviño Guevara”, publicó Reforma el 3 de diciembre de 2013.
“Una fuente confidencial informó que Yarrington compró la casa para la visita de Sindy Chapa y los tres hijos que tuvo con ella (…) La esposa de Yarrington, María Antonieta Morales Loo, prefería quedarse en un condominio en Isla del Padre, Texas, que ya fue decomisado por autoridades de Estados Unidos”, agregó el medio mexicano.
El caso de “La Maestra” se había dado a conocer meses antes, en febrero de ese 2013, cuando, también en el contexto de la investigación que le inició la PGR, se evidenció que Gordillo había adquirido dos propiedades en una exclusiva zona de San Diego, California.
“De acuerdo con documentos hechos públicos por la prensa, ‘La Maestra’ Gordillo adquirió, el 1 de febrero de 1991, el lote ubicado en el número 23 de Green Turtle Road, en el Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego. La otra propiedad está enfrente de la primera, en la misma calle Green Turtle, mide unos mil 366 metros cuadrados de construcción, junto con la primera, fue estimada en ocho millones de dólares”, publicó este medio entonces.
MOREIRA, ROMERO DESCHAMPS, FEMAT… Y MÁS
Otros casos son los del ex Gobernador de Coahuila entre 2005 y 2011, Humberto Moreira, y parte de su gabinete, quienes, de acuerdo con documentos de una investigación federal norteamericana, presuntamente formaron en la ciudad texana de San Antonio una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico y de contratos públicos.
En la investigación, vigente, están el ex tesorero Héctor Villarreal, el ex Gobernador interino Jorge Torres López y el propio Humberto Moreira, también ex presidente nacional del PRI y hermano del hoy mandatario Rubén Moreira.
“Entrevistas, documentos de la corte, registros de propiedad y formas regulatorias muestran que estas personas bajo investigación construyeron una red de negocios en expansión en Texas, incluyendo desarrollos inmobiliarios comerciales, residencias privadas y restaurantes. Estas personas a menudo utilizan una red de empresas de responsabilidad limitada que hacen difícil para los investigadores el rastreo de las propiedades de estos bienes”, publicó el San Antonio Express News el 2 de agosto de 2014.
“Junto con las propiedades en San Antonio, los fiscales han presentado demandas para tomar control de las propiedades en el valle del Río Grande y millones de dólares en cuentas bancarias de Texas y Bermuda”, agregó el periódico.
También en San Antonio fueron detectadas por fiscales federales siete propiedades del hijo del ex Gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.
En julio de 204, el mismo San Antonio Express News informó que las propiedades, que los fiscales creen fueron compradas por Luis Armando Reynoso López con dinero blanqueado, incluyen casas, un lote comercial y suelo no urbanizable.
Reynoso Femat, Gobernador de Aguascalientes hasta 2010 por el Partido Acción Nacional (PAN), enfrenta cargos de corrupción en México pero está libre bajo fianza.
Las compras del hijo del ex Gobernador iniciaron en junio de 2009. Reynoso López adquirió varias propiedades en el lado norte de San Antonio. En un día, compró cuatro casas, cada una valorada hoy en entre 500 mil y 650 mil dólares, publicó San Antonio Express News.
En los meses siguientes, agregó el rotativo, Reynoso López compró dos terrenos para desarrollar al oeste de la misma ciudad, así como un edificio de oficinas, ahora valorado en cerca de 1 millón de dólares, en la calle Blanco Road.
Otro caso es el de José Carlos Romero Durán, hijo del dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps –constantemente señalado por corrupción– y a quien el periódico Reforma le encontró el registro de dos departamentos en Miami Beach, ambos por un valor de 7.5 millones de dólares. Ambas compras, publicó Reforma, se hicieron en 2005, con meses de diferencia.
Y otro caso más es el del ex tesorero de Tabasco, José Sáiz Pineda, a quien recientemente también se le encontró una residencia en un exclusivo sector de Houston, Texas, valuada en 13 millones de pesos. Sáiz Pineda fue Tesorero del ex gobernador Andrés Granier y está a la fecha recluido en México por peculado y lavado de dinero.
Los casos de los políticos o “mexicanos ricos” comprando propiedades en Estados Unidos, como publicó The New York Times en febrero pasado, son cada vez más frecuentes. “Y no hay muchas preguntas de por medio; esto, incluso mientras la frontera se cierra para los inmigrantes pobres que tratan de entrar en el país”, agregó el artículo.
EN SONORA TAMBIÉN HACE AIRE
Recientemente, y en casos que no han sido aclarados, tanto el panista Guillermo Padrés Elías, actual Gobernador de Sonora, como el actual candidato del blanquiazul a la gubernatura de esa entidad, Javier Gándara Magaña, fueron señalados por operar cuentas bancarias en EU, de las cuales no está claro el origen del dinero, así como por haber adquirido mansiones en EU.
En el caso de Padrés Elías y sus hermanos, The Wall Street Journal publicó en marzo pasado que el Gobernador está siendo investigado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por operaciones financieras sospechosas en bancos estadounidenses. El diario citó que Miguel Padrés trasladó 5.7 millones de dólares a una cuenta que abrió en Estados Unidos en 2012 con el nombre de Tenerife CV, una firma basada en Holanda donde él es el único beneficiario.
Documentos de la investigación, expuso el diario neoyorquino, muestran que Miguel Padrés además trasladó 522 mil dólares a otra cuenta de su hermano, el Gobernador de Sonora, que fue abierta en 2012 con el nombre de Dolphinius CV, también ligada a una firma de Holanda que lo tiene a él como único beneficiario.
En total Miguel Padrés, aseguró el periódico, trasladó 8.9 millones de dólares de México hacia cuentas en Estados Unidos desde que su hermano se hizo Gobernador, en 2009, de acuerdo con la investigación.
The Wall Street Journal dijo, citando documentos oficiales, que las transacciones “podrían ser derivaciones ilegales y las operaciones fueron hechas con el objetivo de esconder el origen y el destino final”.
Luego, el 11 de mayo pasado, el periódico Milenio reveló que el candidato del PAN al gobierno de Sonora Javier Gándara tiene 9 propiedades en Estados Unidos valuadas en 117 millones de pesos.
De acuerdo con esa información, Gándara Magaña posee residencias y departamentos en exclusivos fraccionamientos de los estados Arizona y California. Algunas de las propiedades aparecen a nombre de sus hijos, esposa e incluso de su yerno, denunció el diario.
Comentarios