Xalapa, Ver. Diputadas y diputados de la LXIII Legislatura local aprobaron la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, que constituye un marco jurídico que los reconoce como titulares de derechos y les garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.
Este Dictamen, derivado del análisis de las iniciativas que presentaron por separado el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se aprobó por unanimidad del Pleno y será el marco que rija los derechos de este sector de la sociedad.
Se establece que la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes estará a cargo de un organismo especializado en la materia, determinado por acuerdo del Sistema Estatal de Protección Integral.
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas.
Entre éstas, se contempla las de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, de discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o de ciudadanía, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas, prácticas culturales u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus libertades.
En el capítulo destinado a los derechos, se incorpora el de la vida, la supervivencia y el desarrollo; a la identidad, vivir en una familia, a la igualdad sustantiva, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a desarrollarse en condiciones de bienestar, a la protección de la salud y a la seguridad social, y a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Se propone que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) modifique su Reglamento Interior para que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, la actual Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena se convierta en la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y atienda todas las acciones que menciona el ordenamiento.
Ésta realizará verificaciones a centros asistenciales y albergues para revisar que operen en condiciones óptimas. Dicha verificación deberá observar el seguimiento de la situación jurídica y social, así como la atención médica y psicológica de las niñas, los niños o adolescentes, y el proceso de reincorporación familiar o social.
Se crea además el Sistema Estatal de Protección Integral, instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de este sector en el estado.
Esta ley otorga el carácter de progresivos e intransferibles, a los presupuestos asignados a la ejecución de las políticas en la materia.
Establece la obligación de garantizar a los hijos de jornaleros migrantes, modelos y programas educativos adaptados a sus circunstancias, así como la de fortalecer la educación básica de calidad a niñas, niños y adolescentes indígenas, considerando su lengua y cultura, como expresión de la composición pluricultural y multiétnica de la entidad.
Con esta nueva ley se deroga la 299 denominada de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 25 de noviembre de 2008. Los sistemas de Protección Integral estatal y municipales deberán integrarse a más tardar dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento.
POSICIONAMIENTOS
En los posicionamientos, por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Román Jiménez Rodríguez dijo que se debe garantizar a los adolescentes un sistema de justicia diferente al de los adultos, con sanciones acordes con la conducta cometida, y que busque su reinserción social y desarrollo pleno: “Esta nueva ley contiene derechos para este sector, pero aún es necesario hacer más”.
Los diputados Alejandro Zairick Morante, Mónica Robles Barajas, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Jorge Vera Hernández y Édgar Hugo Fernández Bernal se reservaron los artículos 3°, 49 fracción VIII, 103, 108 y 113, respectivamente, que el Pleno no avaló.
Antes de discutir el Dictamen, que en lo general obtuvo 42 votos a favor, la diputada Marcela Aguilera Landeta, en coautoría con Gladys Merlín Castro, Domingo Bahena Corbalá y Víctor Román Jiménez Rodríguez, presentó modificaciones a ocho artículos, que se integraron al texto aprobado.
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