Xalapa, Ver. Los tres aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al presentar su plan de trabajo, coincidieron en transformar a este órgano para brindar a los veracruzanos un servicio de calidad, expresó la diputada Jaqueline García Hernández, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes de la LXIII Legislatura local.
Al término de la audiencia con los aspirantes Enrique Córdoba del Valle, Namiko Matzumoto Benítez y Rafael Ortiz Castañeda, la diputada explicó que estas personas propusieron modernizar la institución de derechos humanos con la utilización de medios y recuperar la confianza de la población.
Informó que de acuerdo a la convocatoria, tienen hasta el 18 de enero como plazo para presentar la terna, pero –adelantó- es posible que se presente al pleno en la décima sesión ordinaria a celebrarse el 14 de enero a las 11:00 horas.
La diputada recordó que esta instancia legislativa únicamente verifica y valida que las candidaturas de los aspirantes sean viables y posterior al análisis conformar la terna para que sean los 50 miembros de la LXIII Legislatura los que voten y decidan al que será el presidente de la CEDH.
Propuestas de aspirantes
En primer término, Enrique Córdoba del Valle habló sobre la necesidad de implementar un trabajo cercano de la CEDH con la población para informar sobre los derechos y obligaciones del ciudadano.
Dijo que la labor de la Comisión debe fortalecerse para recobrar la credibilidad que le hace falta.
El trabajo debe ser coordinado con las dependencias de gobierno y vigilar que la actuación de estos últimos sea conforme a derecho y sin excesos, agregó.
Namiko Matzumoto refirió que la CEDH debe asumir un rol pro activo en la defensa y garantía de los derechos humanos, ejerciendo facultades que tiene constituidas legalmente. Aseguró que esta medida cambiará la percepción social y será un organismo garante de los derechos de las personas.
Consideró que todas las instancias, incluidos los órganos autónomos de protección de derechos humanos en general y de algunos en particular, tienen el deber de actuar conforme a las facultades que tienen previstas para evitar violaciones en la materia.
Destacó que el reto más grande, no sólo de la entidad, sino de México es trasladar a la realidad el marco normativo jurídico que se tiene y que en la actualidad es el más garantista que existe a partir de la Reforma Constitucional de 2011.
Rafael Ortiz Castañeda propone aplicar la ley para que cualquier servidor público que no acate una recomendación esté obligado a fundar, motivar y publicar dicha negativa. En caso de no atender los llamados de la CEDH entonces sea el Congreso del Estado quien lo cite a comparecer para que amplíe los detalles.
Su interés es que la CEDH se constituya como un organismo fuerte, consolidado e independiente del gobierno.
Ejemplificó que existe un catálogo de más de 100 tratados internacionales en materia de dignidad de la persona, autodeterminación libre de pueblos indígenas, derechos ambientales, atención a víctima y muchos otros que no se conocen y que espera darlos a conocer, concluyó.
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