Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un proyecto de resolución que proponía declarar la inconstitucionalidad de los artículos que criminalizan el aborto en el Código Penal Federal, por considerar que el amparo promovido por una mujer de 41 años era improcedente.
Por tres votos contra uno, la Primera Sala de la Corte desechó el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar en el que se advertía que la pena de prisión que se impone a las mujeres que deciden practicarse un aborto, son discriminatorias por cuestiones de género y altamente estigmatizantes.
El argumento esgrimido por la mayoría conformada por los ministros José Ramón Cossío, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es que la demanda era improcedente, puesto que a la quejosa, una mujer de 41 años de edad y problemas de obesidad, no se le aplicaron las sanciones penales previstas en el Código Penal Federal por la interrupción de su embarazo en una clínica privada.
La decisión de sus pares en la Primera Sala provocó la molestia del ministro Zaldívar Lelo de Larrea, quien consideró que el voto en contra del proyecto equivale a “cerrar las puertas de la justicia a las mujeres”, puesto que no se les brinda la oportunidad de acceder a la justicia”
La ministra Norma Lucía Piña reviró que ella no se pronunció sobre el fondo del asunto yrechazó estar en contra de los derechos de las mujeres, reiterando que sólo votó en contra de la improcedencia del juicio de amparo en virtud de que la mujer no fue sancionada con un proceso penal por su decisión de abortar.
A su vez, el ministro José Ramón Cossío dijo que su conciencia estaba tranquila y que no se sentía con la obligación de explicar su voto por la improcedencia del juicio de amparo, destacando que sólo se refirió a la improcedencia del amparo.
Ahora, el juicio de amparo de la mujer afectada, será turnado a otro ministro de la Primera Sala para que elabore un nuevo proyecto y se vuelva a votar, por lo que el abogado de M., la mujer quejosa, expresó su confianza de que al final se reconozca el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo sin sufrir sanciones penales.
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