[E]n el mes de julio, en la ciudad de Puebla, dos grupos estudiantiles […] tienen un encuentro violento[…] La policía no interviene. Los estudiantes protestan […] y acusan de lenidad al Gobierno. Unos cuantos días después […] en la ciudad de México, dos grupos de estudiantes […] tienen varios encuentros violentos que obligan a intervenir a la policía. Los estudiantes protestan, entonces, porque la policía interviene y la acusan de crueldad, lo mismo que al Gobierno […] El dilema es pues, irreductible: ¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión; se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías […]; hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene un límite (aplausos 38 segundos) […] El orden jurídico general [es] el que ampara las libertades, porque en la anarquía nadie es libre y nadie produce. (Aplausos 12 segundos) […] La policía pues, debe intervenir en todos los casos que sea absolutamente necesario; proceder con prudencia sí pero con la debida energía. Las autoridades, siempre que sea necesario la harán intervenir (Aplausos 12 segundos) En ese mismo concepto, agotados los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejerceré [la facultad de] Disponer de la totalidad de la fuerza armada […] (Aplausos 29 segundos) […] A nombre de la nación, expreso público reconocimiento a nuestros soldados. (Aplausos 32 segundos) Modestos, heroicos «juanes», que […] cumplen callada, obscuramente la ingrata tarea de arriesgar su vida para que todos los demás podamos vivir tranquilos (Aplausos 15 segundos).

(Gustavo Díaz Ordaz, 4o. Informe de Gobierno, 1o. de septiembre de 1968)

La historia revela que, en nombre “del pueblo”, de la tranquilidad de “la mayoría”, el Estado mexicano ha justificado el uso de la fuerza policial, incluso militar, en contra de los civiles. Hoy, el “enemigo” es un amplio sector social que el régimen quiere minimizar, tanto en magnitud como en circunstancia geográfica. La incapacidad de figuras claves en el gabinete, aunada a inconmensurable soberbia, han impedido al gobierno de Enrique Peña Nieto entender que el conflicto sociopolítico en que se halla inmerso no abarca solamente las demandas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). No surge únicamente por la así llamada Reforma Educativa. Es algo más complejo. Se exige también justicia de cara a las afrentas acumuladas, alto a la corrupción y la impunidad, a la par que castigo para funcionarios y gobernantes hasta hoy protegidos por el régimen.

Los acontecimientos del 19 de junio, en Nochixtlán, Oaxaca, que revelaron un gobierno federal y uno estatal desesperados, sin argumentos, que recurrieron al uso mañoso de la violencia en contra de la población civil, fueron catalizadores de la conformación de un bloque de oposición mayor. Padres de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, representantes eclesiales, estudiantes y académicos universitarios, así como una diversidad de organizaciones y expresiones de la sociedad civil, se han sumado a la manifestación pública. Reconocen que, en su diferencia, pueden avanzar unidos.

El asunto no se circunscribe a Oaxaca y Chiapas. En otras entidades de la República las demandas e inconformidades se dejan ver y escuchar fuerte. Tanto, que trascienden las fronteras. En Europa, Estados Unidos, Canadá, y la región latinoamericana el respaldo a la demostración social encabezada por la CNTE persigue al gobierno. Es sugerente la experiencia vivida por Peña Nieto en su visita a Ottawa, Canadá, en el marco de la Octava Cumbre de Líderes de América del Norte, donde el Primer Ministro Justin Trudeau manifestó preocupación por el problema magisterial mexicano, en términos de, “[C]omo maestro, tuve una buena conversación acerca de esto con el Presidente”. El maestro Trudeau está pendiente y sería una lástima si Peña Nieto no acusa recibo.

Pero los presuntos colaboradores no ayudan, pues mientras el presidente viaja, el país sigue en picada. Desde la elite del poder económico, que ve afectados sus ingresos por la inseguridad del libre flujo de sus mercancías, se exige imposición del orden, restablecimiento del Estado de derecho. Y quien aún despacha en la Secretaría de Gobernación, solícito y en una enésima muestra de incapacidad política, hace sonar los tambores de guerra advirtiendo a la CNTE, “El tiempo se agota”. En el extremo, el desgobernante de Chiapas, insolente y envalentonado en la misma medida que ignorante y limitado, en afán de hacerse notar, externó una amenaza que le pinta de cuerpo entero: emuló lo dicho hace casi 48 años por uno de los más brutales asesinos de México, Gustavo Díaz Ordaz. Acompañado de un representante de las fuerzas castrenses (por supuesto), el reyezuelo chiapaneco advirtió: “hemos sido tolerantes a excesos criticables”. Si alguien le aplaudió, qué pena.

En reciente discurso, en la XI cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Chile, donde los mandatarios de países miembros coincidieron en hacer la Alianza más incluyente, Peña Nieto afirmó, “debemos lograr que los mecanismos que ahí están, sus herramientas, sean realmente empleadas, utilizadas y sirvan a la población sin importar el sector, el tamaño empresarial o su ubicación”. Esperable es que este discurso de inclusión, que supondría inclinación a la sensibilidad social y el acuerdo político más que a la cerrazón y la mano dura, no sólo sea de “candil de la calle”, sino practicado por el gobierno a favor de todos los ciudadanos de este sufrido país. Porque utilizar la fuerza pública o el ejército para asesinar más civiles como razón de Estado es, claramente, una sinrazón.

@RicSantes