Xalapa, Ver. Para establecer reglas y principios de austeridad para los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como para los organismos autónomos que contempla la Constitución del Estado del Estado, en la elaboración, control y ejercicio anual de sus presupuestos, los diputados del grupo legislativo de MORENA, presentaron una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana para el Estado de Veracruz.
Durante la tercera sesión ordinaria, del primer año de labores, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro presentó esta propuesta legislativa que tiene por objeto que los entes y dependencias reduzcan en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo.
La iniciativa prevé que los servidores públicos estatales percibirían únicamente salarios o sueldos devengados, basados en un tabulador único que tendrá como tope máximo el ingreso máximo el ingreso bruto del ejecutivo estatal, que será de 33 UMAS ( Unidad de Medida de Actualización) lo que significa reducir en un 50 por ciento los sueldos que en la actualidad perciben los funcionarios.
La aplicación de esta ley en caso de ser aprobada, generaría un ahorro de16 mil 262 millones de pesos que serían integrados en un fondo especial que destinarían en un 40 por ciento a Educación; 40 para Salud y un 20 por ciento a inversión pública.
Los servidores públicos estatales no deberán desempeñar ninguna otra comisión o empleo del Estado que signifique simulación e incompatibilidad de horarios. La infracción a esta disposición será sancionada con la separación inmediata del cargo.
También tendrían la obligación de presentar y hacer pública la declaración de situación patrimonial, de intereses y de impuestos, así como sus modificaciones, con oportunidad y veracidad.
Como medida de austeridad y racionalidad del gasto prevé la no creación de nuevas plazas definitivas de estructura de mandos superiores y establecer que todo personal contratado como eventual deberá contar con los servicios de seguridad social durante el tiempo que dure su contratación.
Establece la prohibición de utilizar recursos públicos para la contratación de servicios médicos privados para los servidores públicos estatales, quienes gozarán de los servicios que otorgan las instituciones de seguridad social.
Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos estatales deberán sustituirse o darse de baja sólo cuando tengan seis o más años de uso; en caso de robo o siniestro que implique pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente; y cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor de adquisición, actualizado por la inflación.
Los servidores públicos estatales deberán hacer un inventario del patrimonio estatal a su cargo, constituido por los bienes muebles e inmuebles, estableciendo el valor estratégico que tengan o puedan llegar a tener, su valor histórico y cultural.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, los servidores públicos tendrían 90 días naturales para elaborar, publicar y difundir sus Programas de Optimización de las Estructuras Orgánicas y de Austeridad y Ahorro; su Reglamento de Austeridad y su Tabulador de Viáticos.
Los sujetos obligados en esta ley tendrían un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para elaborar, publicar y difundir un programa de reducción y ahorro equivalente al 30 por ciento del gasto ejercido en 2016 en las partidas de servicios telefónicos, conducción de señales analógicas, agua, luz, combustibles, fotocopiado, papelería, materiales y suministros en general, renta de inmuebles, servicio de vigilancia, compra de uniformes y pasajes.
La legisladora expuso en tribuna que la última evaluación de pobreza elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), describe a 4 millones 634 mil habitantes en el Estado en calidad de pobreza y 1 millón 370 mil en situación de pobreza extrema.
“Esto lo traducimos a que están imposibilitados para satisfacer al menos una de sus necesidades primarias respecto a la alimentación, salud, vivienda o educación, características sociales que cualquier gobierno tiene la obligación de proveer a sus ciudadanos”, explicó.
Por lo que es necesario que en la entidad haya una ley de Austeridad Republicana a fin de racionalizar el gasto público, abundó.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
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