Francisco Domínguez Canseco/ El Ejercicio del Criterio
Los primeros registros históricos de la existencia del pueblo de Tatahuicapan se remonta al año 1580, formaban parte del Cantón de Coatzacoalcos. Cientos de años después, en 1934, los habitantes del pueblo solicitaron de tierras ejidales, logrando una resolución de dotación de tierras en 1966. El pueblo de Tatahuicapan, al igual que cientos de pueblos indígenas a lo largo de su existencia han sufrido despojos, y por ello han fomentado una tradición de resistencia cultural y de lucha política, que va de la mano de la reivindicación de su derecho a la existencia como pueblos indígenas (autonomía, derecho al territorio, cultura y al desarrollo), han logrado mantener la tradición de la asamblea de pueblo para tratar asuntos que beneficia o afecta el bien común. En asambleas de cientos personas toman acuerdos por mayoría, su cultura oral es fuerte, pasan horas deliberando los asuntos públicos, mujeres y hombres toma la palabra, sin importar su filiación política o práctica religiosa.
Como resultado de la movilización social, el 20 de marzo de 1997, el Congreso de Estatal emitió el decreto número 58, que reconoció a la congregación de Tatahuicapan municipio libre. El municipio es habitado por aproximadamente 14297 habitantes, su población es mayoritariamente indígena, 80,73%, de la cual el 68,28% hablan una lengua indígena. En la comunidades y pueblos que conforma el municipio existe alta marginación y exclusión social.
En Tatahuicapan se ubica la presa Yuribia, que es alimentada por cuerpos de agua que pasan a lo largo y ancho del municipio, la presa brinda agua entubada a los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, reciben el vital líquido un promedio de medio millones de habitantes. Por lo que la presa se ha convertido un poderoso instrumento de presión social de los pueblos y comunidades del municipio, no sólo de los ejidatarios, hacia el gobierno estatal y gobiernos municipales. A los pueblos y comunidades les piden que cuiden el agua y no contaminarla, dejar de desmontar la selva para la ganadería extensiva, cuidar los acahuales y a cambio les ha ofrecido “desarrollo”, ha firmado convenios de colaboración para dotarles de servicios básicos y equipamiento (caminos, energía eléctrica, clínicas, escuelas, etc.) que no han cumplido.
II
La ONU ha establecido el derecho humano al agua, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Los gobiernos municipales y el gobierno estatal son los responsables asegurar el derecho humano al agua, a un medio ambiente sano, y al desarrollo, aplicando las leyes en materia ambiental estatal y federal. Los organismos estatales, Comisión Estatal de Agua de Veracruz (CAEV) y los organismos operadores del suministro de agua en los municipios en conflicto, en el pasado, no administraron bien los sistemas de agua. Sólo se dedicaron a acumular los conflictos generados en la distribución, pago del servicio, rezagos, tratamiento de agua, y ejercer un presupuesto público sin rendir cuentas. ¿Cuál es el estado que guardan los organismos operados de agua, en qué gasta los recursos que genera el pago del servicio de agua de las familias, empresas, industria, hoteles? ¿Cuáles son las condiciones de la red de distribución de agua? ¿Existe rezago en el pago por servicio de agua? ¿Quiénes debe más? ¿Qué programas impulsan para el cuidado de agua? ¿Tienen programas por pago de servicios ambientales? ¿Impulsan o participan en los Consejos de Cuenca?.
III
Se habla de pago por servicios ambientales. ¿Existe un programa de pago por servicios ambientales en Tatahuicapan? Una política pública que involucre a las familias que poseen tierra (ejidal o privada) con incentivos económicos para, por ejemplo, la conservación o restauración del suelo, siembra de plantas nativas, nuevas prácticas que aseguren la producción de agua, plantar árboles con fines de retención de carbono. Programas alternativos a la ganadería extensiva, siembras de árboles maderables o para leña, protección de la fauna y flora. Una política pública que involucre a los gobiernos municipales, organismos operados de los sistemas de agua, gobierno estatal y gobierno federal, ejidatarios, pequeños propietarios, organizaciones civiles, etc.
Destinar 2.5 millones mensuales qué objetivos cubre, es sólo a cambio de “no cerrar la llave del agua” y negarse a una salida negociada de largo plazo, que asegure la existencia de agua para todos, el derecho humano al agua, y el cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades Tatahuicapan históricamente negados.
IV
En el conflicto del año 2014 el gobierno del estado Veracruz firmó un convenio con los pobladores organizados, en dicho convenio intervinieron las autoridades municipales de los municipios afectados y el gobierno municipal de Tatahuicapan, una vez más se restableció el suministro de agua y una vez se incumplieron los compromisos con la población. Las heridas infringidas por los agravios, vejaciones a los pueblos y comunidades de Tatahuicapan no han terminado, los caminos destruidos, las escuelas precarias, las clínicas rurales sin medicamentos, la falta de energía eléctrica, la ausencia de agua entubada en las comunidades, las inseguridades ciudadanas dan cuenta objetiva de ello.
V
La presa Yuribia fue tomada nuevamente, es necesario que los gobiernos municipales involucrados, el gobierno estatal y los representantes del movimiento establezca una mesa de trabajo para llegar acuerdos duraderos. La prudencia, la tolerancia, el respeto a la legalidad deben ser las bases que permitan el diálogo para llegar acuerdos.
Reconocer las justas demandas de los pueblos y comunidades de Tatahuicapan y sus derechos a la autonomía, al territorio, cultura y al desarrollo, debe ser la base del inicio de un acuerdo. Evitar el riesgo de repetir la experiencia del mal gobierno de Fidel Herrara y Javier Duarte, debe ser una prioridad de los negociadores del nuevo gobierno estatal. Frente a los agravios y la exclusión social que han vivido los pueblos y comunidades indígenas de esa región de Veracruz, hace necesario que el Gobernador de Veracruz y su equipo de gobierno restablezca la confianza perdida, llegando a un acuerdo justo y duradero, creando una instancia permanente de seguimiento y evaluación a los compromisos que se tengan que pactar. Usted que opina amable lectora o lector.
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