Francisco Domínguez Canseco/ El Ejercicio del Criterio
Iniciamos 2017 con elecciones para renovar los gobiernos municipales, para ello fue necesario que el Congreso del estado aprobará, dentro del presupuesto de egresos para el estado, recursos financieros del orden de mil nueve millones de pesos para organizar el proceso electoral, el sostenimiento del organismo electoral y financiar las actividades de los partidos políticos. La administración de los recursos financieros aprobados le corresponde al organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), por lo que, de acuerdo con la ley electoral vigente, corresponde al Consejo General de dicho organismo realizar la distribución del presupuesto aprobado.
En las elecciones de 2016 para elegir gobernador y 30 diputados de mayoría relativa se ejercieron recursos públicos del orden de mil nueve millones de pesos, la misma cantidad que la aprobada para renovación de 212 gobiernos municipales. ¿Cuál es la justificación para asignar cantidades presupuestarias iguales? No lo sabemos.
¿Cuánto dinero público recibirá los partidos políticos, más votados en las elecciones de gobernador y diputados de 2016, para realizar sus labores político electorales? De acuerdo con la información pública disponible la distribución será de la siguiente manera: PAN 90 millones, PRI 79 millones, Morena 76 millones, PRD 37 millones, El caso de Morena es el más significativo, ya que en 2016 le asignaron aproximadamente 7 millones. El Consejo General del OPLE acordó destinar el 35.7% para gastos de los partidos políticos, que equivale a 361 millones de pesos. El resto del presupuesto asignado lo ejercerá de manera directa el organismo electoral.
II
En las actuales condiciones económicas y sociales que vivimos no se justifica que se gasten esos recursos públicos. En el caso de Veracruz, vivimos momentos críticos, el deterior de las instituciones públicas es evidente, la falta de recursos públicos para atender las necesidades básicas en materia salud, educación, agua potable, caminos rurales, abasto comunitario, producción agrícola y ganadera son una emergencia social. En los últimos 18 años hemos perdido nuestra capacidad de respuesta institucional-gubernamental frente a los problemas de salud y educación, las y los trabajadores de la educación y salud se ha obligado hacer más con menos, por lo que deben hacer milagros para atender la creciente demanda social en esos servicios.
Llegamos al proceso electoral con grandes incertidumbres sociales, los gobiernos locales actuales han sido rebasados por la problemática social existente, de manera notable: las violencias, la delincuencia, la contaminación ambiental, el creciente deterioro de la infraestructura básica. La mejora de los equipamientos de los servicios de salud y educación son las principales demandas o llamados de atención que reciben de la población.
III
Las organizaciones civiles hemos insistido que se debe disminuir los gastos electorales en 50 %, por lo que se debe revisar el sistema de prerrogativas para los partidos políticos y los costos que generan los organismos electorales en su dirección y administración (OPLEs y Tribunales Electorales), se debe examinar las labores sustantivas de los organismos electorales en materia de educación cívica, cultura democrática y su vinculación con la ciudadanía. En las actuales condiciones sociales del país los gastos del presupuesto público resultan onerosos frente a las necesidades sociales que aquejan a la sociedad mexicana. Una vez que termine el proceso electoral para la renovación de los gobiernos municipales, el Congreso del estado deberá convocar a la sociedad, a la academia y los partidos políticos a realizar una reforma política que ponga fin al gasto excesivo en los procesos electorales y disminuya los recursos asignados a los organismos electorales.
Ahora la ciudadanía debemos poner atención en las labores de proselitismo de los partidos políticos y las candidatas/os independientes, conocer sus propuestas de gobierno, los perfiles de sus candidatas/os. Necesitamos elevar el debate público, convertir los procesos electorales en escuelas de educación cívica, para sean los valores de la cultura democrática los que gobiernen la participación ciudadana. Impulsemos la tolerancia, el dialogo, la legalidad y la promoción y defensa de los derechos políticos.
Rechacemos y denunciemos la dadiva, la compra y coacción del voto, uso de programas públicos para hacer proselitismo electoral. Alejémonos de quienes usa la ofensa, el rumor y agravio para denostar a sus competidores electorales. Exijamos propuestas claras y realistas para resolver los problemas, pongamos distancia de quienes ofrecen salidas milagrosas. Ejerzamos nuestros derechos políticos, las elecciones siempre son una oportunidad para cambiar lo que no nos gusta, vigilemos y exijamos que los recursos públicos asignados a las elecciones se ejerzan con honestidad. Vigilemos a los organismos electorales, para asegurar que cumplan con sus deberes legales. Usted que opina amble lectora o lector.
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