Xalapa, Ver. En su informe “Veracruz: reformar el estado de terror mexicano”, la organización internacional Crisis Group, encargada de realizar análisis para prevenir y resolver conflictos en 70 países recomendó al gobierno mexicano y al gobierno de Veracruz acciones concretas para reparar el daño causado durante más de 10 años de violencia y corrupción a gran escala .
“Veracruz hoy se enfrenta a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala. Se cree que al menos 2.750 personas han desaparecido en un estado cuyo exgobernador es buscado por numerosos casos de malversación. Los asesinatos de diecisiete periodistas desde 2010 son los ejemplos más notorios de un torbellino de homicidios que tuvieron como objetivo, entre otros, a profesionales jurídicos, agentes policiales, potenciales testigos de delitos y cualquier civil que se atreviera a poner freno a las ambiciones de una multitud de organizaciones criminales y sus cómplices políticos. Un nuevo gobernador del opositor Partido Acción Nacional (PAN) ha prometido limpiar el estado y enjuiciar a los malhechores, sembrando esperanzas de que es posible restaurar la paz”.
En un amplio informe dado a conocer el día de hoy, la organización internacional señala que durante años en el estado de Veracruz, ‘una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia’, situación que extiende a todo México.
“La corrupción y la percepción de complicidad criminal han menoscabado la legitimidad del gobierno mexicano a todos los niveles, en especial de sus 31 estados. Bautizados “virreyes” debido a los poderes extraordinarios que se les concedieron durante la transición de México de régimen de partido único a democracia multipartidista, los gobernadores de los estados también se han convertido en una de las autoridades públicas de peor reputación”.
Estas son las recomendaciones al gobierno de Miguel Angel Yunes Linares para recomponer el estado derecho en Veracruz y que requerirá del apoyo del gobierno federal priista encabezado por Enrique Peña Nieto.
1. Admitir e investigar minuciosamente la participación del estado en crímenes de lesa humanidad, tales como las desapariciones forzadas.
2. Fortalecer la autonomía de la nueva Comisión de la Verdad, y brindar a los actores de la sociedad civil el derecho a asociarse con las autoridades judiciales estatales para iniciar investigaciones de delitos graves, en especial las desapariciones; y coordinar los esfuerzos de la Comisión de la Verdad con los de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal.
3. Honrar la independencia y abstenerse de interferir políticamente con el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en especial en lo relativo a las acusaciones de malversación de fondos públicos contra el nuevo gobernador del estado; y apoyar el establecimiento de un programa de protección de testigos eficaz y un servicio forense independiente.
4. Iniciar de forma justa y transparente la remoción de funcionarios corruptos y cómplices del crimen de las instituciones estatales, en particular la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, así como el enjuiciamiento de los funcionarios de alto nivel acusados de colusión con grupos del crimen organizado, y de participar en delitos graves.
5. Sentar las bases de la reforma policial mediante el apoyo a la profesionalización, la mejora del nivel de vida de los agentes y la restauración del sentido de dignidad en relación a las condiciones de servicio público. Implementar inmediatamente medidas para impedir la participación de las fuerzas estatales en crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas, entre otras: instalar dispositivos de seguimiento GPS en los patrulleros y cámaras en las comisarías; mantener registros constantes de los movimientos de los agentes policiales y personal en servicio, y mantener y honrar las solicitudes de transparencia relacionadas con dicha información.
6. Introducir mecanismos eficaces de control financiero, comenzando por la divulgación voluntaria de la asignación y uso de los fondos públicos.
7. Demostrar el compromiso con la libertad de expresión divulgando plenamente cómo se asignan los fondos públicos a las empresas mediáticas; y reformar y fortalecer los mecanismos de protección existentes para periodistas y activistas de derechos humanos.
8. Mejorar la coordinación con el gobierno federal en áreas fundamentales para brindar mejoras duraderas en la situación de seguridad, entre otras las tareas policiales, las operaciones de combate al crimen organizado, los programas de prevención del delito y el apoyo a las víctimas.
Para leer el informe completo: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/mexico/61-veracruz-fixing-mexicos-state-terror
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