Arturo Ángel/
Ciudad de México. ( Animapolítico). El presunto desvío y desaparición de recursos federales es un problema generalizado en la mayor parte del país. Nuevas denuncias penales presentadas en el último año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) involucran a gobiernos estatales y municipales de 30 de las 32 entidades federativas.
Un balance actualizado dado a conocer por la ASF revela que ya son 322 denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los presuntos malos manejos de recursos públicos descubiertos en las entidades federativas.
Estas denuncias involucran, por lo menos, 146 mil millones de pesos presuntamente desviados de las cuentas públicas entre los años 2011 y 2014 en los estados. A esto hay que sumarle desvíos detectados desde 2007 cuyo monto no se ha reportado, y lo que se sumen de la Cuenta Pública 2015, luego de que se agoten las comprobaciones.
De las 322 denuncias presentadas por malos manejos en estados y municipios, 64 corresponden a Veracruz, la entidad con la mayor cantidad de irregularidades denunciadas penalmente ante la Procuraduría. De esas denuncias, 59 corresponden a malos manejos atribuibles directamente al gobierno estatal y más del 80 por ciento a la administración del exgobernador Javier Duarte, actualmente prófugo de la justicia.
Apenas el pasado 23 de diciembre la ASF presentó la última denuncia penal ante la Procuraduría en contra de la administración de Javier Duarte. Esta fue por la desaparición en 2014 de más de 890 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que son recursos federales que se entregan al estado para que los invierta en obras y acciones de asistencia social y educación.
Lo que los auditores descubrieron es que la Secretaría de Finanzas del estado –como se hizo en múltiples casos más– sacó la referida cantidad de la cuenta del Fondo y la transfirió a otras cuentas bancarias del gobierno estatal sin que exista ningún tipo de evidencia de que se usaron para lo que era. El dinero nunca fue regresado.
En total, solo el estado de Veracruz acumula posibles desvíos reportados por los auditores que ascienden a 26 mil millones entre 2011 y 2014.
Luego de Veracruz, Michoacán y Morelos son las entidades con el mayor número de denuncias ante la PGR por desvío de recursos federales con 23 cada una. En el caso de Michoacán, es la entidad federativa con la segunda mayor cantidad de recursos públicos posiblemente desviados entre 2011 y 2014: casi 21 mil millones de pesos.
Todas las denuncias penales presentadas por la Auditoría en el caso de Michoacán atañen al gobierno estatal. De los casos reportados ante el Ministerio Público 11 corresponden a hechos denominados “simulación de reintegros” que ocurren cuando las autoridades devuelven recursos faltantes de alguna cuenta bancaria en específico solo para pasar las revisiones y posteriormente vuelven a sacarlos.
En el caso del estado de Morelos, de las 23 denuncias por presuntos desvíos en ese estado cuatro corresponden a anomalías encontradas en el manejo de recursos federales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El resto de los casos involucran al gobierno estatal y de ellos ocho son por simulación de reintegros.
Luego de los casos anteriores los estados que registran mayor cantidad de denuncias penales ante la PGR por malos manejos son Chihuahua con 18 averiguaciones abiertas, Baja California Sur con 14 carpetas de investigación en curso, Tlaxcala con 13, Zacatecas con 11 casos y Nuevo León con seis.
Borge sin irregularidades, por ahora
Los únicos dos estados en los que la Auditoría no ha denunciado penalmente (hasta el momento) posibles desvíos de recursos federales, de acuerdo con el balance publicado con corte del 31 de enero pasado, son Aguascalientes y Quintana Roo.
En el caso de Quintana Roo los auditores han reportado que entre 2011 y 2014, periodo en el que estuvo al frente de la administración estatal Roberto Borge existen mil 522 millones de pesos cuyo destino y uso se encuentran aún pendiente por esclarecer. Sin embargo, de acuerdo con el reporte dela ASF, no hay denuncias penales vigentes hasta el momento.
La administración de Roberto Borge ha sido señalada en el último año por múltiples casos de corrupción. Por citar el último caso, el pasado 22 de febrero un empresario de Quintana Roo presentó una denuncia ante la Procuraduría por la presunta asignación de contratos a empresas fantasma, con un modus operandisimilar al registrado por este medio en el caso Veracruz.
En el caso de Aguascalientes los auditores han hecho observaciones por 492 millones de pesos cuya utilización está pendiente por aclarar; sin embargo, esto no ha derivado –por el momento– en denuncias ante la Procuraduría.
Existe el caso de otros estados como San Luis Potosí donde, de acuerdo con el reporte de la auditoría, no existen denuncias penales en contra del gobierno estatal pero si hay tres que involucran a administraciones municipales.
La federación, peor que los estados
El informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que, por lo menos a nivel de denuncias, la administración federal está aún peor que los estados.
En total, la federación acumula 419 denuncias de hechos ante la PGR por múltiples irregularidades en el manejo de los recursos públicos tanto en secretarías de Estado, así como en algunos organismos paraestatales, obras y fideicomisos.
De acuerdo con el balance de los auditores las denuncias involucran a 36 distintas dependencias y órganos del nivel federal, pero el foco rojo se concentra en los recursos para el campo y principalmente en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa). Dicha dependencia concentra 174 de las denuncias penales presentadas por la ASF, casi el 40 por ciento de todas las presentadas por desvíos en el gobierno federal.
Visto de otra forma: el número de denuncias por posibles desvíos en SAGARPAson casi el doble de las que se han presentado en contra del gobierno de Veracruz.
La denuncia más reciente contra SAGARPA fue presentada el pasado 6 de diciembre y corresponde a irregularidades en el Programa de Fomento a la Agricultura en 2014. Lo que los auditores encontraron es que había beneficiarios fantasma que supuestamente recibieron apoyos, simulación de casi 200 pagos, y otras irregularidades que representan un posible fraude que supera los mil 200 millones de pesos.
La desaparecida Secretaría dela Reforma Agraria (SRA) es la segunda dependencia federal con la mayor cantidad de denuncias por mal manejo de recursos con 49 en total. La mayor parte de estas irregularidades corresponden al ejercicio del año 2011.
El denominado Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) que es una entidad paraestatal sectorizada en SAGARPA es la tercera dependencia con más denuncias con 30, y después le sigue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano sobre la que ya pesan 25 denuncias penales por posibles desvíos.
Otras dependencias que figuran con varias denuncias ante la Procuraduría son, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad con 12 casos; Secretaría de Desarrollo Social con 11 averiguaciones; el Servicio de Administración Tributaria con una decena de denuncias; la Comisión Nacional del Agua con diez también; el ISSSTE con otras diez carpetas de investigación; entre otras.
Entre las denuncias presentadas por la Auditorías solamente una involucra al Poder Judicial Federal y está relacionada con irregularidades en el gasto del Tribunal Electoral del Poder judicial dela Federación en la Cuenta Pública 2013.
¿Y qué pasa con las denuncias?
Poco o casi nada. El reporte de la Auditoría no revela cuantos casos de los ya denunciados fueron consignados por la Procuraduría ante un juez y solo indica que los casos se encuentran en trámite.
Pero un análisis incluido en la obra titulada “México: Anatomía de la Corrupción: 2da Edición” de María Amparo Casar, publicada por el IMCO y “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” evidencia que de una muestra de 494 denuncias presentadas por la Auditoría, solamente 7 fueron consignadas.
Es decir, se trata de una efectividad de casos consignados ante un juez inferior al 1.5 por ciento. Del resto delas averiguaciones 421 seguían en trámite, ocho fueron enviadas al archivo de reserva y en otras ocho se determinó en definitiva no proceder en contra de nadie.
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, reconoció en una entrevista que la mayor parte de las denuncias interpuestas están estancadas pues no existe un fiscal anticorrupción que se haga cargo exclusivamente de estas investigaciones, como si se espera que suceda dentro del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
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