Ciudad de México. Cuauhtémoc Cárdenas hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río que decretó la expropiación petrolera hace 79 años, advirtió que la liberación de la distribución de gasolinas en México representa un negocio de más de 32 mil millones de dólares al año, “que buscan aprovechar múltiples empresas extranjeras que quieren venir a México no a bajar los precios, sino a tratar de aumentar cada vez más sus ganancias”.
Dijo que a finales de este año Petróleos Mexicanos será retirado de la comercialización, «es decir, del petróleo crudo y el gas que se extraigan del suelo y su lugar podrá ser ocupado por un particular».
Aseguró que «esa medida no es solo un gravísimo error, y una concesión privilegiada, sino que entraña además, una cesión de soberanía del Estado sobre un recurso energético, no sólo por su valor económico sino, sobre todo, por su relevancia política y social».
Desde el Monumento a la Revolución, en el 79 aniversario de la Expropiación Petrolera, Cárdenas Solórzano expresó su rechazo a esta medida implementada por el gobierno federal, al manifestar que afecta a un sector público fundamental para la movilidad, la economía y el bienestar social.
El ex candidato presidencial, acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los dirigentes nacionales del PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, cuestionó que el gobierno de la República esté llevando a cabo “la destrucción consciente de la industria petrolera nacional y la entrega de los recursos energéticos de la nación a empresas privadas”.
Recordó que el 1 de abril el gobierno liberalizará la distribución de las gasolinas, por lo que desaparecerán los precios máximos administrados y cada expendedor ofrecerá combustibles al precio que considere conveniente.
Manifestó que esta conmemoración debe aprovecharse para convocar a recuperar un desarrollo económico y social impulsado de forma diferente, exitosa, con dignidad y soberanía, para beneficio sostenido de todos los mexicanos.
“Es urgente señalar, por lo tanto, que el fracaso evidente de la política energética actual está creando problemas que entrañan gravísimos riesgos para la estabilidad económica y social del país, y constituirán un obstáculo de grandes dimensiones para el futuro inmediato, independientemente de cuál sea el rumbo político que se imponga al país al cambio del sexenio”.
Cárdenas subrayó que “al no contar con legitimidad política y moral, el gobierno se ha precipitado, sin el conocimiento, la preparación institucional y la planeación necesarias, a instrumentar un gigantesco proceso de desmantelamiento de las instituciones que el país tardó en construir 80 años”.
Lo que no entendieron aquellos que impusieron «la mal llamada reforma energética es que el país requiere para el beneficio social de sus vastos recursos energéticos, empresas estatales sólidas, que garanticen, justamente, que la renta y el provecho de esos recursos no sean acumulados en pocas manos, sino que se distribuyan equitativamente para beneficio general de los mexicanos”.
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