José Luis Ortega Vidal/ Claroscuros
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El asesinato del periodista cordobés Ricardo Monlui Cabrera, suscitado mientras salía de un restaurant en la población de Yanga, cerca de Córdoba, Veracruz -ahí donde Miguel Angel Osorio Osorio Chong encabezó un evento oficial sobre seguridad y dejó como apoyo a miembros de la Gendarmería Nacional el pasado 28 de febrero- debe observarse bajo la lógica de la política y sus guerras.
El fiscal Jorge Winckler declaró la semana pasada –a propósito del hallazgo de 253 cráneos en Lomas de Santa Fe- que la “alberca” donde la delincuencia enterró cientos de cadáveres -en una zona cercana a perímetros urbanos como la ciudad y puerto de Veracruz- sólo se pudo llevar a cabo con la complicidad de autoridades.
La afirmación del abogado estatal y su connotación política fue dirigida a los sexenios en que gobernaron Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y los 48 días de interinato de Flavino Ríos Alvarado.
Lo contradictorio es que Ríos Alvarado está preso por acusaciones de desvío de dinero, no por temas de seguridad, violación de los derechos humanos, desapariciones forzadas que involucren a cuerpos oficiales de seguridad, asesinatos impunes del crimen organizado o complicidad de éste con policías, agentes del ministerio público, jueces o funcionarios políticos.
Otro detalle: Arturo Bermúdez Zurita fue Secretario de Seguridad Pública con Javier Duarte de Ochoa; bajo su mando estaba el Subsecretario José Nava Olguín que a su vez era el jefe directo de los delegados de seguridad pública desplegados por el territorio veracruzano.
Nava Olguín fue jefe de Marcos Conde Hernández, preso como co-responsable de la entrega al Cartel de Jalisco Nueva Generación de cinco muchachos nativos de Playa Vicente que pasaban por Tierra Blanca, donde policías a cargo de Conde Hernández los detuvieron “por sospechosos” en enero del 2016.
Los jóvenes fueron asesinados y sólo se identificó a uno de ellos por restos de su cuerpo hallados en el rancho “El limón”, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan y donde se encontraron huesos de cientos, acaso miles de seres humanos partidos en pedazos con el uso de un viejo trapiche y…sí, con la complicidad oficial, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
De modo que la declaración de Jorge Winckler adquiere sentido cuando afirma que el hallazgo del colectivo Solecito en Lomas de Santa Fe lo lleva a deducir la complicidad oficial.
Ante el sentido lógico del fiscal, empero, emergen la dudas ¿qué pasa con los responsables de este crimen atroz? ¿Se ha limpiado el sistema de seguridad lleno de lodo en la entidad veracruzana?
Antes de ser delegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández –un sicario al servicio del crimen organizado pero con uniforme, equipo humano y armamento oficial que le facilitaron, por años, matar con permiso del Estado- estuvo a cargo en la base Cardel, Veracruz de propia Secretaría de Seguridad.
Las Lomas de Santa Fe es un fraccionamiento que pertenece al municipio de Veracruz.
A un lado está el predio donde se encontraron los 253 cráneos.
En Paso del Toro, municipio de Boca del Río, hay una delegación de La SSP a la que correspondería esa zona.
Sin embargo, desde las Lomas de Santa Fe hasta un tercer municipio, La Antigua, hay una distancia –en auto- de 15 minutos y Cardel pertenece a La Antigua.
Un dato relevante: muy cerca de Veracruz y de Cardel está el pequeño pueblo de Villarín, donde el 3 de marzo del 2007 se llevó a cabo una carrera de caballos organizada por el cartel del Golfo y los Zetas, misma que acabó con una balacera donde murió Efraín Teodoro Torres (a) “El Z-14.
Los municipios de La Antigua y Veracruz están casi conurbados.
Boca del Río y Veracruz constituyen una misma población que es difícil diferenciar a menos que seas vecino del lugar.
En la ciudad y puerto de Veracruz hay otra base de Seguridad Pública.
Santa Fe y Villarín quedan en medio de las referidas municipalidades y muy cerca de carreteras federales,
Están, pues, rodeadas por tres puntos policiacos estratégicos: Cardel, Veracruz y Paso del Toro/Boca del Río.
¿Cómo construir una “alberca” para cientos de cadáveres sin que la policía de esa zona lo notara?
Es imposible y el caso de Marcos Conde –preso por trabajar para el Cartel de Jalisco- lo demuestra.
Conde no trabajaba solo y no podía hacerlo sin que sus mandos oficiales estuvieran al tanto de sus pasos.
Ahí estamos ante la complicidad oficiales en torno a estos crímenes a lo largo de muchos años pero hoy que presuntamente se procura y aplica justicia las causas penales sobre los escasos presos son de orden administrativo no por causas penales.
Cardel-Colectivo Solecito-253 cráneos-los 5 muchachos levantados en Tierra Blanca- El trapiche mortal del rancho El Limón-Lomas de Sante Fe-Villarín-Marcos Conde Hernández-Seguridad Pública-José Nava Olguín-Arturo Bermúdez Zurita-Javier Duarte de Ochoa-Efraín Teodoro Torres “El Z-14”-Paso del Toro…todo está vinculado a una sola historia de sangre, impunidad, poder político, complicidad: un crimen de lesa humanidad.
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Hay más: el asesinato del periodista cordobés Ricardo Monlui Cabrera ocurre en tiempos pre-electorales.
Lo he manejado como hipótesis y lo reitero en el mismo sentido: los comicios del 2017 en Veracruz están y estarán salpicados de sangre y dinero sucio.
Todos los grupos de poder contra todos los grupos de poder; en la búsqueda de alcaldías estratégicas para el trasiego y operación del crimen organizado.
Los cárteles peleando entre sí y pactando con personajes del sector político.
Y al que no quiera pactar, ahí le envían sus mensajes sin vida…
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Entre la media noche del 28 de febrero y la madrugada del 1º de marzo pasados fueron arrojados 11 cadáveres en “La tampiquera”, una colonia popular de Boca del Río.
El 28 de febrero estuvo Miguel Angel Osorio Chong en Córdoba.
Boca del Río es gobernado por el hijo del gobernador Miguel Angel Yunes Linares.
El joven alcalde, Miguel Angel Yunes Márquez, quiere suceder a su padre en la gubernatura a partir del 2018.
Por ello, los comicios del próximo 4 de junio del 2017 están conectados con las elecciones del año próximo.
Lo de “La tampiquera” fue un mensaje político/criminal.
Osorio Chong lo asumió así y ante los diputados federales declaró el primero de marzo: “no nos van a doblegar”, como respuesta al cártel que arrojó los 11 cadáveres.
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El crimen de Ricardo Monlui Cabrera se puede y debe analizar desde la lógica deductiva e inductiva.
De lo general a lo particular y de lo particular a lo general.
El colega se ha convertido en el periodista número 21 asesinado a lo largo de 6 años y medio en un Veracruz que votó por el cambio y vive inmerso en la continuidad de la inseguridad, el desempleo y la guerra entre poderosos.
No podemos olvidar el crimen de Raúl Guibb Guerrero el 8 de abril del 2005, cuando gobernaba Fidel Herrera Beltrán.
El dueño y director de La Opinión de Poza Rica acudió a la apertura de nuevas oficinas de su medio informativo en Nautla -tierra del cártel del Totonacapan- y fue ultimado a balazos al regresar a su domicilio.
Como en el caso de Ricardo Monlui Cabrera y otros, el de Raúl Guibb fue un crimen que surgió del vínculo entre el Periodismo y el Poder Político; siempre filoso, resbaloso, dialéctico.
¿Cómo se puede ser el Secretario de Seguridad Pública, estar preso y que ninguna investigación ministerial conecte al acusado con este baño de sangre, por acción u omisión?
¿Cuál es la versión que al respecto puede dar Jorge Winckler?
Es su obligación hablar al respecto, más allá de mantener preso por seis meses a Arturo Bermúdez Zurita y desde luego a Flavino Ríos Alvarado.
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