Ciudad de México.- El diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá Saad, acusado por la fiscalía del estado de Veracruz de participar en actos de corrupción a su paso por la tesorería en el gobierno de Javier Duarte, consiguió un amparo de un juez federal para que la Procuraduría General de la República (PGR), le informe de los procesos abiertos en su contra.
El legislador, quien mantiene abierto un proceso de desafuero en el Congreso de la Unión, consiguió que dicha instancia le informe cuáles y cuántas son las indagatorias en las que se le investiga y que se le notifique quiénes son los fiscales del caso.
La titular del juzgado quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudadde México, Patricia Marcela Díaz Cerda, resolvió a favor del ex funcionario de la administración de Javier Duarte el amparo indirecto 1052/2016.
“Esto para el efecto que las autoridades señaladas como responsables, dejen insubsistente los oficios reclamados, y una vez hecho lo anterior, dichas autoridades, atendiendo a las facultades y facilidades legales con que cuentan y al derecho a una adecuada defensa del que goza el inconforme, den respuesta a tales las peticiones del quejoso haciéndole saber las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que se integran en su contra (…)
“Así como el agente del ministerio público de la Federación que las tiene a su cargo, a fin de que el ahora quejoso pueda acudir a ejercer su derecho de defensa; lo cual, desde luego, deberá ser notificado al aquí inconforme; y sobresee por negativa de actos”.
De acuerdo con la PGR, el legislador federal es investigado en seis indagatorias a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, aunque no se ha detallado cuáles son.
Hay que recordar que el pasado mes de febrero también se determinó que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, tiene que informar al diputado federal del PRI si tiene procesos abiertos en su contra, desde cuándo, por qué delitos y cuántos son.
Esto luego de que el legislador consiguió un amparo federal que obliga a que el organismo autónomo proporcione dicha información.
En tanto, la fracción del PRI en el Congreso de la Unión, se ha negado someter al pleno el proceso de desafuero para que el legislador, enfrente las acusaciones que la fiscalía interpuso en su contra por participar en desvíos de recursos a su paso por la tesorería del gobierno de Veracruz cuando Javier Duarte fue gobernador.
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