Ricardo Rocha/
Llegó a robar. Y lo hizo desde el primer instante. Incluso, desde antes de llegar a la Gubernatura. Desde que era secretario de Finanzas en el Gobierno de su padrino Fidel Herrera. Javier Duarte no llegó a gobernar para los veracruzanos. Sino a operar una eficiente maquinaria para llevarse hasta el último peso de las arcas públicas de Veracruz.
Y tenía prisa. La prueba más palpable es el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación. Apenas antier su titular, Juan Manuel Portal, ha revelado que son 52 denuncias que suman la monstruosa cantidad de 45 mil millones de pesos por desvíos de fondos federales. Pero lo más aterrador es que este monto gigantesco corresponde únicamente a los tres primeros años de su gobierno, de 2011 al 2013; aún falta otro maloliente paquete por las auditorías faltantes de 2014 y 2015 y la que se espera todavía más escandalosa de 2016 –el último año de su gobierno– que se está revisando en la ASF. Aunque lo más indignante es que en todos esos años, la Procuraduría General de la República recibió las denuncias de la ASF, pero nunca investigó y menos aún informó de pesquisa alguna contra el exgobernador ahora preso en Guatemala: “Cada expediente entregado a la PGR está bien fundamentado; no señalamos ni los delitos, ni los responsables, sino qué y cuánto fue lo que se desvió, faltó y mal usó; y la Procuraduría tiene la facultad de señalar a los responsables con base en esa información y determinar qué delitos tiene que perseguir. Esa es su función”.
Pues no lo ha sido. Porque en todos estos años, la PGR nunca investigó al Gobierno de Duarte y si lo hizo se reservó los resultados de esas indagatorias. En cambio, lo que ha hecho es cubrirlo con un manto de impunidad. Blindarlo, contra cualquier acción de la justicia. Así que la pregunta obligada es por qué la PGR fue tanto tiempo la tapadera de un gobernador tan señaladamente corrupto. Por cierto, una prueba crucial para la Procuraduría será la integración de la solicitud de extradición de Duarte ante el Gobierno guatemalteco. Sería inadmisible que lo requiriera únicamente –como hasta ahora– por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada y se quedara fuera la tonelada de expedientes que ha acumulado y denunciado la ASF. Porque el tratado de extradición con Guatemala establece que el exgobernador sólo podrá ser juzgado en México por los delitos consignados en el proceso de extradición.
Aunque el otro capítulo fundamental por el que Duarte también tendría que ser procesado es por la sangre derramada durante su Gobierno. La implacable maquinaria del saqueo sólo se explica con un abominable mecanismo paralelo para acallar voces críticas y aplastar todo asomo de disidencia. Como gritaron las madres veracruzanas a las puertas de la cárcel militar de Matamoros: “Duarte: debes miles de muertos y 15 mil desaparecidos en Veracruz”.
Por eso, los próximos días serán decisivos para dilucidar si hay la suficiente voluntad política para que se haga justicia en este caso abominable. El Gobierno peñanietista tiene sólo dos opciones: lavarse mínimamente la cara o pasar a la historia como el gran cómplice de un sátrapa llamado Javier Duarte.
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