Francisco Domínguez Canseco/ El Ejercicio del Criterio
El contexto social-ambiental municipal es complejo, en los últimos 18 años, la vida de las y los veracruzanos se ha deteriorado gravemente, la prensa veracruzana registra diariamente los problemas de inseguridad humana que vivimos; la violencia de género y los feminicidios, los robos a casa habitación y de vehículos, secuestros, asesinatos o ejecuciones de jóvenes, ya no son los hechos aislados de los años noventa, forma parte de nuestra vida cotidiana. El gobierno municipal hace esfuerzos frente al imponente flagelo de la violencia, y otros actúan impasibles o en franca complicidad con las células delincuenciales. La ciudadanía se organiza para establecer mecanismos de prevención de las violencias y frenar la inseguridad humana, ahora se observa la creación de comités de seguridad o vigilancia ciudadana, ante la ausencia de mecanismos confiables de atención a la inseguridad por parte de los gobiernos.
La contaminación del agua (ríos, lagunas, mar, nacimientos) por los sistemas de drenaje, los residuos sólidos (basura) y las actividades industriales es motivo de denuncias ciudadanas, que no encuentra respuesta gubernamental. La tendencia a privatizar los sistemas de distribución de agua es ya una realidad política en Veracruz, los sistemas de distribución de agua son viejos y desperdicia el 40 % del vital líquido. Los sistemas municipales de servicio de limpia pública son obsoletos, continúan priorizando la compra de vehículos y pago a tiraderos de basura, nuestros recursos públicos son arrojados a los basureros llamados rellenos sanitarios; pocos son los municipios que cuenta con programas de tratamiento de residuos sólidos, basados en la separación y elaboración de abonos, como ocurre con éxito en el municipio de Teocelo.
La contaminación ambiental y el saqueo de los bienes naturales (flora y fauna) la perdida de suelos agrícolas, por la voracidad de los fraccionadores, va en aumento; los gobiernos municipales se han convertido en entusiastas colaboradores de la urbanización salvaje o son indiferentes frente a la crisis ambiental.
El transporte público en los municipios es caro, contaminante, deficiente e inseguro; los gobiernos municipales han renunciado a regular y garantizar el derecho de la población que gobierna a contar con un transporte público que sea eficiente y seguro. Esa es una causa directa de la polución que vivimos en los centros urbanos, de la pérdida de tiempo y recursos financieros de las familias, del aumento del trasporte privado, accidentes y pérdida de vidas.
La ausencia de mecanismo sencillos, confiables y permanentes de rendición de cuentas es una realidad, poco hace los gobiernos por ser transparentes; la institución pública encargada de velar por el derecho a la información de la ciudadanía y la obligación de informar de los gobiernos es débil y complaciente.
El derecho a la participación ciudadana no es reconocido, la cultura autoritaria define que participar es pagar impuestos y aceptar que el gobierno decida los asuntos de interés público sin consultar a la ciudadanía. El espacio público se encuentra secuestrado, no contamos con espacios para el debate de las ideas, para presentar propuestas o la discusión amplia e informada de los problemas sociales. Los esfuerzos que hace la sociedad civil organizada y los medios de comunicación para poner a discusión el asunto de interés público no encuentra respuesta en la clase política partidaria y gubernamental; los gobiernos municipales son remisos a la consulta pública, prefieren tratar las acciones de gobierno como si fueran empresa privada.
La corrupción es flagelo social que daña el desarrollo de las comunidades y municipios, pocos son los gobernantes municipales que cuenta con opiniones positivas de la ciudadanía y con respecto al manejo de las finanzas públicas los reprueban sin vacilar; vivimos una crisis de credibilidad, la población no confía en sus gobernantes, no existe controles claros en la asignación salarial de autoridades y funcionarios públicos.
Ocurre una subordinación política de los gobiernos municipales al gobierno estatal y federal, han renunciado a sus funciones sustantivas de gobierno y se conformar con administrar; los cabildos no se reúnen para tratar los asuntos de interés municipal. La autonomía municipal es entendida como la autonomía del ayuntamiento para decidir sin consultar a la población y asignarse salarios y prestaciones fuera de la realidad económica de municipio y de las finanzas públicas disponibles.
El recuento anterior de algunos problemas socio-ambientales que aqueja a los municipios, bosqueja los retos de quienes pretende gobernar sus municipios y nos indica que son de dimensiones sociales extraordinarias, que llama a un cambio en la manera de gobernar; no existe un gobierno que solo pueda enfrentar los desafíos sociales que ahora enfrentamos la sociedad municipal, se requiere una intervención vigorosa de la ciudadanía y una apertura política sin precedente en la vida municipal que nos permita empezar a reconstruir la vida local tan dañada por estos 18 años de desgobiernos.
Sin duda en los próximos días seguiremos escuchan y leyendo propuesta de las y los candidatos, es necesario conocer trayectorias personales, con quiénes podrían gobernar; recordemos que votamos por candidatas/os a presidentas/es municipales, debemos saber quiénes conforma su planilla, ya que en la conformación de los cabildos estarán y serán quienes tomen las decisiones en los próximos cuatro años. Votar es un derecho y debemos hacerlo libre e informados. Usted que opina amable lectora o lector.
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