No hay depuración de policías en el gobierno de MAYL alertan reportes de inteligencia

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Ciudad de México. (Aristegui Noticias). Durante el primer cuatrimestre del gobierno de Miguel Ángel Yunes se han registrado un total de 591 homicidios dolosos, de los cuales 432 homicidios, el 73% del total, corresponden a posibles ejecuciones, de acuerdo con los Reportes de Inteligencia de actividad delictiva de Etellekt Consultores

El informe encontró que del total de posibles ejecuciones en este periodo, al menos 150, un 35%, corresponden a víctimas que pertenecen a diferentes sectores económicos de la entidad y sólo 8 personas ejecutadas (menos del 2%) fueron reportadas como presuntos delincuentes.

Esto podría deberse, señala el reporte, a ajustes de cuentas, venganzas contra sectores económicos que se oponen a la extorsión y cobro de derecho de piso o en contra de personas que podrían manejar estructuras de lavado de dinero de bandas rivales.

Este reporte también señaló que ante un mayor despliegue y concentración de fuerzas de seguridad federales y estatales para el combate de los principales cárteles en la entidad, se deja en un lugar secundario las tareas de vigilancia y prevención, lo que resulta en un repunte en la inseguridad.

“Durante los primeros 4 meses del nuevo gobierno en Veracruz no se tiene registro de nuevos procesos de depuración policial y formación de nuevos oficiales dedicados de tiempo completo a atender el crecimiento de los delitos de alto impacto social”, señala.

La consultora que elaboró el reporte también encontró que al sumar los reportes de privación ilegal de la libertad, las cifras de secuestro superan de manera importante los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De diciembre de 2016 a febrero de 2017, el SNSP reportó un total de 45 secuestros en Veracruz, en contraste con los 103 casos de secuestro y privación ilegal de la libertad identificados por Etellekt Consultores en el mismo lapso, en sus reportes de actividad delictiva de fuentes abiertas.

Del total de personas secuestradas y/o privadas ilegalmente de su libertad, al menos 33 de ellas fueron asesinadas, lo que significa que una de cada tres víctimas fue ejecutada por sus captores.

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