CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Concentración inusual. En la residencia oficial de Los Pinos, 25 gobernadores y los civiles integrantes del gabinete de seguridad “acuerdan acciones” con el presidente de México: coordinar y homologar lo que él ha implementado.
Organizaciones y medios de comunicación de otros países han destacado el asesinato de Javier Valdez, desde que al mediodía del lunes se supo que ese periodista especializado en dar cobertura a la “guerra del narco” y visibilidad a sus víctimas más insospechadas, murió acribillado en Culiacán, Sinaloa, la capital de una entidad cuya dinámica delictiva es tan famosa que inclusive presta su nombre a un poderoso cártel.
Horas después de la noticia, Jonathan Rodríguez y su madre Sonia Córdova, fueron víctimas de otro ataque en Autlán, Jalisco, donde formaban parte de la publicación El Costeño. Él murió, mientras ella lucha por sobrevivir.
Desde que inició el sexenio de Peña Nieto han sido asesinados 35 periodistas, decenas viven bajo protección y cientos optaron por la autocensura ante la violencia criminal o política. Pero la ejecución de Javier Valdez, quien era fundador de la revista RíoDoce y segundo corresponsal del diario La Jornada en ser asesinado en estas semanas, motivó que por primera vez, el presidente Enrique Peña Nieto reaccionara, primero con unos tuits y luego, con esta convocatoria.
La cita es a las 12:00 horas en el salón “Adolfo López Mateos”, de la residencia oficial, donde se dispone una mesa de 50 lugares en recuadro. Al fondo, destaca el Escudo Nacional, emblema permanente, entre dos mamparas con el nombre del evento: “Acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”.
Iniciará media hora después de la cita, luego de que los gobernadores asistentes ingresen flanqueando al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al procurador general, Raúl Cervantes.
Al frente pasa el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Macera, de estadística infame: su administración es la que ha desatado la mayor furia policiaca contra reporteros hasta sumar más de 100; filtró detalles morbosos, manoseó y dejó impune el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, pero es quien, de acuerdo al programa, hablará a nombre de todos los gobernadores.
Pasa por ahí Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador veracruzano que heredó, entre otras lacras, un regadero de sangre de los 20 periodistas asesinados con impunidad, irresueltos durante su gestión en la que ya suma al menos a Ricardo Monlui, muerto a tiros en marzo pasado.
Ahí va, también en la delantera, Javier Corral, el de Chihuahua, en cuyo corto período ya mataron a Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada y hay periodistas desplazados ante la amenaza de la amalgama política-crimen organizado
Está Héctor Astudillo, el de Guerrero, donde apenas el fin de semana fueron retenidos y despojados de sus equipos siete periodistas, entre ellos también el reconocido corresponsal de La Jornada, Sergio Ocampo.
Ausencias notables, por gobernar entidades donde el periodismo es imposible: no asiste Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el de Tamaulipas; tampoco, José Rosas Aispuro, el de Durango; ni Arturo Núñez el de Tabasco, Alejandro Tello de Zacatecas, entre otros.
Y ahí están todos los gobernadores con una deuda pendiente con la libertad de expresión y el periodismo mexicano, un lugar donde el tema es de justicia negada e inexistente, tanto como la estadística oficial de amenazas, lesiones, agresiones en distintas modalidades y cuyos gobiernos suelen enmarcar sólo como asuntos generales del fuero común.
Pasan en grupo, en torno al titular de Gobernación, con una adustez que pronto cederá al apretón de manos y las palmadas sonoras, muy de políticos que parecen expresar su poder en ese gesto de hombría cordial.
Una vez que Peña Nieto toma su lugar al centro de la mesa, los principales son presentados y, si bien a los gobernadores se les anuncia en bloque, cada presentación de notable arranca un aplauso entre ellos, entre políticos-gobernantes, frente al tumulto de reporteros que, por inmutables, hacen recordar aquella expresión, casi lamento, del mandatario federal: “ya sé que no aplauden”.
Condenas desde la impunidad
Para llegar al salón “Adolfo López Mateos” hay que pasar un primer filtro de reconocimiento, una mesa de registro, un segundo cerco, un arco de seguridad y, finalmente, quedar confinado a un corral desde el que es imposible acceder a los participantes, en especial al presidente de México. Por todas partes, los agentes del Estado Mayor Presidencial vigilan, observan hasta incomodar al desconocido identificable su adscripción por el sticker que debe portar al pecho.
Hoy, la cantidad de agentes es mayor a la acostumbrada y su vigilancia se centra en las gradas de fotorreporteros y el sillerío de reporteros que se apretujan unos a otros por lo restringido del área. Como en murmullo, el rumor se esparce: habrá una protesta, darán la espalda al presidente cuando empiece a hablar, gritarán consignas…
Todo empieza con Osorio Chong, que reconoce la asistencia. La reunión es por orden del presidente, dice, ajeno a los reclamos del gremio que ayer se plantó frente a su oficina y cuyas rejas permanecieron cerradas.
“(La reunión) es indispensable para atender las demandas de justicia y no impunidad que reclama la sociedad, pero sobre todo para construir estrategias efectivas y evitar que estas situaciones se repitan”, asegura.
Osorio Chong dice que no se parte de cero, pues desde el inicio de la administración se implementó el Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Desde el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, el titular de Gobernación ha tenido una insistencia: que la responsabilidad de la seguridad y protección debe ser compartida por los gobernadores. El mismo Peña Nieto insistió en eso un día después. Su objeto se materializa hoy.
“No obstante, estos esfuerzos, es claro que hoy debemos ir más allá, particularmente, es importante ampliar e intensificar las acciones a nivel local en total coordinación con la federación para que las y los periodistas puedan realizar su labor sin temor y sin ninguna restricción en cada una de las entidades federativas”.
No hay más. Flotan en el sonido ambiente expresiones como “unidad”, “suma de esfuerzos”, “acciones que habremos de acordar”… ni un nombre, ni una identidad, sólo resuena la expresión “hechos que han lastimado al gremio periodístico y a todos los mexicanos”.
Toca el turno al procurador general, Raúl Cervantes, hombre del que depende la fiscalía especial, cuyos récords son deplorables, entre otros apartados, en cuanto a los crímenes contra periodistas.
El procurador admite que “hay una deuda importante con el gremio periodístico”, que atacar a periodistas es hacerlo contra “la libertad y la democracia” y, faltaba más:
“Estamos convencidos de que el combate a la impunidad es el camino adecuado para lograr y prevenir nuevos ataques y agresiones a las y los periodistas”.
Lo dice el procurador de un gobierno en el que 33 periodistas han sido asesinados y ningún caso ha sido resuelto; el “abogado de la Nación” que no puede ofrecer resultados por los más de 100 asesinatos de periodistas ocurridos desde el 2000, pero que como un logro, expone por eje discursivo que su dependencia analizó todas las carpetas de investigación y logró un diagnóstico, aunque no dice cuál, pero éste sirvió para la propuesta que anunciará Peña Nieto más adelante.
Lo que se tiene que hacer, según Cervantes, es como una lectura de códigos penales y ley orgánica:
Reforzar acciones para investigar de manera coordinada; llegar al fondo en la identificación de responsables materiales e intelectuales; agotar todas las líneas de investigación, obtener pruebas y determinar el móvil de cada agresión.
Además, hay que lograr especialización en la indagación de esos delitos. Y entonces, llega el anuncio de un acuerdo: Se crearán fiscalías especializadas como la federal.
Es decir, la fiscalía que no ha dado resultados, ahora será el modelo para todas las demás que se crearán en los estados.
Mancera es quien ahora llega a hablar a nombre de los gobernadores. Es el único que se acuerda de que este acto ocurre por el asesinato de Javier Valdez. Lo condena.
En el informe más reciente, en el capítulo México de la organización internacional especializada Artículo 19, la capital se ha mantenido como la entidad con más agresiones registradas contra periodistas: fueron 71 tan sólo en 2016. Le siguen Oaxaca, con 60; Veracruz, con 58; Puebla, 28; y Guerrero, 26.
Ahí están los gobernadores de cada una de esas entidades, proclamando su compromiso con la libertad de expresión y la protección a periodistas, en una frase de su representante al efecto, Miguel Ángel Mancera:
“El Estado de Derecho no existe sin orden público ni paz social. Que nadie se equivoque: estos lamentables hechos no acallarán las voces ni las notas que revelan o que demuestran dónde está el mayor desafío que tenemos. Y, por supuesto, esta tarea indiscutible de combate a la delincuencia”.
El mismo informe de Artículo 19 lo ha puesto en su justa dimensión. En 2016, 53% de las agresiones contra la prensa fueron perpetradas por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, lo que incluye, dos ejecuciones extrajudiciales de periodistas.
Así que, antes de abundar en los acuerdos tomados hoy, la declaración de Mancera es de destacar, considerando que más de la mitad de las agresiones son desde el poder formal y que la entidad que gobierna es la más violenta en el rubro:
“La delincuencia no puede silenciar a los medios o acribillar a periodistas sin que haya consecuencias. La agenda criminal no puede dictar el futuro de nuestro país”, dice.
Periodistas al igual q los maestros deben ser congruentes critican a peña nieto pero q tal votaron por el…de eso ya no se acuerdan pinches periodistas mamones..