Xalapa, Ver.- Tras casi 8 horas de la juez de control, Verónica Portilla Suazo, resolvió vincular a proceso a la extitular de la coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Gina Domínguez Colío.
Igualmente, se mantuvieron las medidas cautelares de la imputación a proceso de un año de prisión preventiva.
La Fiscalía General del Estado solicitó 6 meses de investigación complementaria, ya que los delitos de los que se acusan a la funcionaria de la pasada administración exceden los 2 años de prisión.
Además, se determinó que existen elementos de prueba que aún deben de investigarse e información que habrá de solicitarse a la Comisión Bancaria y de Valores en torno a las “fantasma” que se habrían utilizado para desviar recursos.
Hay que recordar que desde que Domínguez Colío asumió el cargo en 2010 a hasta inicios de 2014, periodo en el que habría desviado al menos 105 millones 937 mil pesos, según acusó la Fiscalía General del Estado, instancia que involucró a la ex funcionaria como la responsable de otorgar contratos irregulares.
Los convenios para desviar los recursos se realizaron con 8 empresas, de las cuales el SAT señala que dos son empresas “fantasma”.
Se trata de las empresas Centro de Recursos de Negocios (CERENE), MORGAVER, Comercializadora MONMART, G-MAN SMART BUSINEES, CORDOCON, Corporativo RIBELLO, Comercializadora Maza de Córdoba, NEWVILLE, con las que habría desviado casi 106 millones de pesos en menos de 3 años.
Asimismo, la FGE revisará las declaraciones de los representantes legales de las empresas y los empleados de las Coordinación de Comunicación Social, así como la inspección ocular a los domicilios de las empresas y una pericial contable.
En la audiencia de vinculación a proceso, el abogado de Gina Domínguez, Abraham Cerón Palafox, basó su tesis en que la Fiscalía hizo su investigación sobre la denuncia presentada por el actual coordinador de Comunicación Social, Elías Assad, la que a su vez se desprendió de una auditoría que no en el expediente.
Además, que esta auditoría se realizó el 20 de enero de 2017, a pesar de que ella concluyó con su encargo el 19 de febrero de 2014, y que en caso el nuevo titular tenía 30 días hábiles a partir de la de Gina Domínguez para presentar alguna denuncia.
A esto la Fiscalía respondió que la auditoría correspondió al proceso de entrega-recepción del sexenio duartista y no únicamente del paso de Gina por la Coordinación.
La defensa consideró que los delitos que se le imputan no se acreditaron y que en todo caso la orden de pago es parte de su labor como encargada de la Coordinación.
Acusó que las declaraciones de los testigos son «manifestaciones aisladas» y que no se acreditó el vínculo entre Gina Domínguez y los medios que aseguraron, eran de ella.
Sobre el pago a empresas «fantasma», el abogado defensor dijo que el SAT las boletinó como tal el 26 de abril de 2017, y que no tenía manera de saber sobre esto pues ella dejó el cargo en 2014.
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