Xalapa, Ver.- El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, podría alcanzar hasta 55 años de prisión una vez que se le juzgue por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La Fiscalía de Guatemala dijo que el ex gobernador de Veracruz podría recibir condena de hasta 40 años de prisión por delincuencia organizada y 15 por operaciones con recursos de procedencia ilícita
El fiscal guatemalteco, José Antonio Galdámez, señaló que los delitos federales de que se acusa a Javier Duarte son procedentes para conceder su extradición a México, ya que en ambas naciones existe coincidencia entre la sanción delictiva, y señaló que no se trata de acusaciones políticas.
Las 19 pruebas que presentó la PGR
Las acusaciones integradas por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el exgobernador, son sólidas y aseguran su vinculación a proceso, subrayó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán.
El funcionario federal remarcó que durante la audiencia se presentaron actas de constitución de empresas, escrituras públicas y testimonios que fueron pruebas contundentes de la red de corrupción que Duarte tejió cuando fue gobernador.
Copia certificada de la orden de aprehensión contra Duarte y otras personas emitida el 14 de octubre de 2016, por el juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal, con sede en el Reclusorio Norte.
Cómputo judicial según el cual el ejercicio de la acción penal contra Duarte prescribe hasta marzo de 2076, lo que significa que aún puede ser buscado por la justicia.
Disposiciones legales en las que se exponen los delitos atribuidos a Duarte (Delincuencia organizada con 40 años de prisión y operaciones de procedencia con 15 años).
Denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que acredita que la investigación cumple con todos los requisitos para proceder.
Entrevista escrita y en audio con Alfonso Ortega López, ex colaborador de Duarte. Esta conversación fue el 12 de octubre de 2016 y en ella el testigo habló del uso de recursos públicos con fines privados, así como de su desvío y ocultamiento.
Entrevista ministerial con Alfonso Ortega, el 12 de diciembre de 2016, en la que refirió la constitución de empresas fachada para las operaciones ilícitas y Entrevista ministerial con José Juan Janeiro Rodríguez, el 2 de febrero de 2017. El testigo refiere datos y hechos que involucran de forma directa a Duarte y a su esposa, Karime Macías Tubilla, en la obtención de recursos de Veracruz para beneficio propio.
Entrevista de la Procuraduría General de la República (PGR) con Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, el 13 de diciembre de 2016. El extitular de la SSP dio detalles de los delitos presuntamente cometidos por Duarte cuando fue gobernador (2010-2016) y escrituras públicas de siete bienes inmuebles asegurados por el Ministerio Público Federal, entre ellos el rancho La Macedonia, en Tres Valles; el predio rústico La Macaya, en Cosamaloapan, y tres departamentos en Boca del Río, todos ellos en Veracruz, así como un lote en Las Mesas, Valle de Bravo, Estado de México. Esas propiedades estaban a nombre de Mónica Macías Tubilla y Armando Rodríguez Ayache.
Escritura pública de la constitución de la empresa Consorcio Brades, SA de CV; Escritura pública de la compraventa realizada entre Alfonso Ortega y la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios.
Documentación sobre la venta de un yate, de la empresa Ferretti a la empresa Alpargata, cuyo propietario es Alfonso Ortega. Escritura pública de la constitución de la empresa Roor, cuyos únicos socios son Alfonso Ortega y Mario Rosales Mora. Escritura pública de la operación de compraventa a través de la cual Roor compró una propiedad en la calle de Sierra Fría, en Lomas de Chapultepec.
Contratos de compraventa de cuatro departamentos en la zona turística de Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero, adquiridos entre 2010 y 2012 y cuyos dueños son Mansur, Ortega y Janeiro. Documentación relacionada con la adquisición de las 21 parcelas del ejido Lerma: cuatro por Alfonso Ortega, tres por Janeiro, nueve por Mansur y cinco por Rafael Gerardo Rosas.
Estados de cuenta de pagos con motivo de la compraventa de las 21 parcelas, que respaldan la transferencia de dinero y que fueron analizados por peritos contables de la PGR. Dictamen de contabilidad emitido por los peritos de la PGR Jorge Moreno y Gonzalo Pedraza, quienes dieron cuenta de los flujos de dinero por la compraventa de las parcelas, a través de operaciones bancarias realizadas por Consorcio Brades a favor de Mansur, así como de operaciones bancarias de Terra a favor de Ortega y la fotografía de Duarte para acreditar su identidad como acusado.
Con información de Nohemí Valdéz de www.notiver.com.mx
Todo.mundo sabia que Duarte tenia asesores del PRI, a ellos también deberían de investigarlos estaban enterados y en complicidad con este personaje, se beneficiaron de los recursos que le correspondían al estado de Veracruz y a sus habitantes, con esos sueldos millonarios que se daban solo por asesorar al gordo Duarte donde esta Enrique Jackson preguntenle que opina del caso Duarte y como dejo el estado de Veracruz
Pero en Guatemala,aqui no va estar ni 5,justicia de mierda en mexico!
¡¡¡¡¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ!!!; ASÍ HA DE ESTAR JAVIDU DE ESTA NOTA. DESDE QUE SOY NIÑO, JAMÁS, NI POR ERROR, HE VISTO, LEIDO Y VIVIDO TANTO ROMANTICISMO. JAVIDU HA DE DECIR, LO QUE SIEMPRE DIJO: «POBRECITOS VERACRUZASNOS».
Estos crímenes deberían castigarse con pena a perpetuidad, dada los crímenes realizados bajo su administración, tanto para el, como los mandos que ejecutaron la diversidad de crímenes, financieros, humanitarios; por otra parte con todos los inmuebles de los cuales ya se tiene conocimiento, con la venta de ellos, se podrán pagar las deudas, a los trabajadores de las dependencias como Salud y Educacion, y en especial a jubilados, y familiares de jubilados que no han recibido los seguros de retiro así como adeudo de prestaciones, pagos a proveedores y una fiscalización más detallada de cada una de las instituciones y devolverle a los veracruzanos en servicios e infraestructura los millones de pesos que las pasadas administraciones se robaron, por lo que la PCR, y las fiscalías estatales tienen un compromiso ineludible de dar cuenta a los veracruzanos por tanta rapiña y voracidad realizada por funcionarios públicos, de los cuales seguramente ya tienen expedientes