Los mexicanos padecen un alto nivel de estrés por la crisis de agua, alerta Relator de la ONU

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El Gobierno de México tiene la responsabilidad de garantizar todos los derechos humanos, incluido el acceso al agua, como lo ordena la Constitución del país, sin embargo, redujo el presupuesto federal en saneamiento, violando los derechos humanos de millones de mexicanos y poniendo en riesgo su vida, concluyó  Léo Heller, el Relator especial de la ONU.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- México atraviesa por una severa crisis del agua, especialmente en zonas rurales de los estados de Chiapas y Veracruz, y aún así, el presupuesto para el sector del agua y el saneamiento disminuyeron más de 37 por ciento entre 2016 y 2017, señaló Léo Heller, el Relator especial de la ONU.

De acuerdo con el diario Reforma, durante una misión a México, el Relator observó los problemas al agua, al saneamiento y al suministro de agua potable en el país.

Heller aseguró que la población en México padecen un nivel alto o muy alto de estrés hídrico, por lo que experimentan bajos niveles de desarrollo y se enfrentan a conflictos de tipo socioambientales, así como a niveles considerables de pobreza.

El Relator urgió al Gobierno federal y a los estatales a “tomar todas las medidas posibles para asegurar el acceso universal al agua y el saneamiento para las poblaciones marginadas que viven en las circunstancias más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, las poblaciones rurales, las personas sin hogar y los residentes de zonas urbanas periféricas con servicios deficientes”.

Reforma refirió que, según el informe de la ONU, el problema aumentó en los últimos años debido a la reducción drástica de los ingresos gubernamentales por la caída de los precios del petróleo.

Los presupuestos federales para el sector del agua y el saneamiento redujeron un 37 por ciento entre 2016 y 2017, lo que podría representar un efecto dramático a corto, medio y largo plazo, resaltó Heller.

El experto sugirió al Gobierno establecer disposiciones jurídicas que prohíban la interrupción del servicio a los usuarios sin capacidad económica para pagar las facturas por ese servicio. Y es que, alertó, de la población total de 121 millones de habitantes de México, aproximadamente 53.3 millones viven en la pobreza, y 11.4 millones en la pobreza extrema.

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