Identifican 26 de 300 restos óseos hallados en Colinas de Santa Fé y Tihuatlán, Veracruz

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Ciudad de México. (Infobae/EFE/SinEmbargo).- Al concluir la plena identificación de 26 de los 300 restos óseos encontrados en sólo dos fosas clandestinas en Veracruz, las autoridades informaron de cinco sitios más donde habrá búsqueda cuerpos.

Justo hoy, especialistas forenses reunidos en Morelia calificaron a México “la gran fosa clandestina”. Se calcula que los desaparecidos suman 33 mil.

“Yo creo que ahora, dada la situación que reina en nuestro país, el tema forense cobra una gran relevancia. Y con esta situación ha habido un ‘boom’ en muchas instituciones de formar antropólogos forenses”, dijo hoy a Efe José Antonio Pompa y Padilla, director de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Uno está identificado desde 2011 y los otros cuatro se mantendrán en reserva por petición de familiares de desaparecidos, afirmó Roberto Campa Cifrián, Subecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En Veracruz hay 205 personas reportadas como “no localizadas”, que forman parte del Registro Nacional de Dato de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con base en averiguaciones previas que se iniciaron de enero de 2014 al 31 de julio de 2017.

Allí, colectivos de familiares de desaparecidos se reunieron este fin de semana con autoridades encabezadas por Campa Cifrián para retomar la búsqueda de restos en fosas clandestinas de la entidad y retomar una serie de acuerdos para avanzar en las carpetas investigación.

Hasta el momento suman 300 los cráneos hallados y reconocidos por la autoridad en sólo dos sitios: la colonia Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, y la comunidad de Arbolillos, en el municipio de Alvarado, donde la búsqueda seguirá hasta diciembre.

De ese número 26 ya están plenamente identificados con base en los perfiles genéticos de desaparecidos, y serán entregados a sus familiares en un plazo de 15 días con el acuerdo de que sólo podrán ser enterrados y no cremados para seguir con las investigaciones si es necesario. El resto permanece en calidad de desconocido.

Pero la cifra de osamentas podría aumentar, porque el Fiscal general del estado, Jorge Winckler, informó a la prensa local que en esos sitios habían encontrado más restos, aunque no precisó el número, pero aseguró que ya trabajan en el perfil genético para saber si alguno corresponde a los perfiles de ADN de familiares de desaparecidos.

Pero en la lista de siete lugares donde hay ubicadas fosas clandestinas, todavía faltan 5 sitios más de búsqueda.

De estos, el único conocido es el rancho La Gallera, en el municipio de Tihuatán, identificado desde 2011 como un lugar de fosas clandestinas y donde familiares de desaparecidos encontraron, en agosto pasado, un horno con cenizas y pruebas de más restos.

Allí los trabajos de búsqueda estaban previstos para realizarse entre el 1 y 6 de octubre, pero el sismo del pasado 19 de septiembre obligó a posponer los trabajos, que todavía no tienen fecha próxima.

Las otras cuatro ubicaciones se mantendrán en reserva por acuerdo de las familias y para evitar cualquier interferencia en las investigaciones, dijo Winckler al concluir la reunión con familiares que duró aproximadamente 5 horas.

Allí las autoridades también se comprometieron a tener un registro del ADN de los familiares de las personas no localizadas en la entidad y atender de manera individual a quienes tengan a algún familiar desaparecido, aun cuando no pertenezcan a alguno de los colectivos organizados.

Las organizaciones a su vez impulsan la campaña “Súmate por un ADN” para recabar fondos para la compra de reactivos de identificación, que cuestan entre 10 mil  y 15 mil  pesos. A la fecha, Veracruz ha recibido 7 millones de pesos para la compra de equipo que ayude a identificar restos.

En México hay aproximadamente 1,000 fosas clandestinas repartidas por todo el país, de acuerdo con un estudio del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, institución privada que encabezan jesuitas.

LOS DESAPARECIDOS DESDE LA ANTROPOLOGÍA

Especialistas reunidos en la ciudad mexicana de Morelia abordan desde la óptica de la antropología forense el drama de las personas desaparecidas, que suman más de 33 mil en México, país al que describieron como “la gran fosa clandestina”.

Yo creo que ahora, dada la situación que reina en nuestro país, el tema forense cobra una gran relevancia. Y con esta situación ha habido un ‘boom’ en muchas instituciones de formar antropólogos forenses”, dijo hoy a Efe José Antonio Pompa y Padilla, director de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Pompa y Padilla, miembro del comité organizador del XIX Coloquio Internacional de Antropología Física Juan Comas, que se desarrolla esta semana en Morelia, capital del estado de Michoacán, indicó que este “boom” se nutre de técnicas cada vez más avanzadas para el trabajo forense.

“Por ejemplo, recientemente (se puso en práctica) un nuevo sistema con base en capas de formación en la raíz de los dientes” para determinar la edad al momento de la muerte con fines de identificación de restos, señaló.
Añadió que las ponencias sobre técnicas forenses constituyen una parte medular del programa de la actual edición del encuentro bienal.

Carlos Serrano Sánchez, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió en que en el coloquio “se está impulsando el aporte al conocimiento de la población mexicana, orientado a la aplicación forense”.

Subrayó que existe un aporte constante de la antropología física de México al conocimiento de su propia población, tanto la prehispánica como la contemporánea. “Y eso se ha incrementado sobre todo con la aplicación de técnicas moleculares”, ahondó.

El ADN permite ahora tener las herramientas y usarlas de muchas maneras, no solamente en la reconstrucción de la historia de la población, sino también en la identificación personal en esos ámbitos forenses”, acotó.

Por su parte, la antropóloga Lilia Escorcia, también del Instituto de Investigaciones Antropológicas, aportó algunos datos duros sobre el drama de las desapariciones forzadas en su ponencia “México, la gran fosa clandestina”.

Según datos oficiales, hasta julio había 33 mil 482 personas “no localizadas”, de las cuales 74 por ciento son hombres y 26 por ciento mujeres. El grupo con mayor número de desaparecidos es el de 10 a 14 años, con 4 mil 934, añadió.

Los estados más afectados son Tamaulipas (6 mil 079 casos), México (3 mil 854), Sinaloa (2 mil 869), Jalisco (2 mil 804), Nuevo León (2 mil 592) y Chihuahua (2 mil 024) y Coahuila ( mil 666), todos con fuerte presencia del crimen organizado.

La experta destacó que las causas de las desapariciones difieren según la región. Mientras en el norte “muchos de los desaparecidos son gente que ha levantado (secuestrado) el crimen organizado para realizar trabajos forzados o para usar sus servicios, como médicos”, en estados como Veracruz (oriente) se da “por venta de órganos y personas”.

Los familiares de los desaparecidos, dijo, se enfrentan a “la impunidad e inoperancia de las autoridades para la búsqueda, localización e identificación de los desaparecidos”.

Además, a la escasez de expertos en ciencias forenses en las instituciones de justicia, el insuficiente acompañamiento de defensores de los derechos humanos y la revictimización por parte de las autoridades.

Una perspectiva desde las trincheras la proporcionó el antropólogo Miguel Alberto Villanueva, quien trabaja en la fiscalía de Oaxaca. “El reto principal es el tiempo. No hay cosas que se hagan rápido y bien, y menos cuando se te trata de una fosa (clandestina)”, dijo a Efe.

“Puedo tener el mejor equipo, pero si el lugar no ofrece las condiciones de seguridad, es muy difícil. No es lo mismo que vayan las organizaciones (civiles) con el Ejército, la Policía, los medios. Tienen todo para estar el tiempo que se necesita. Yo acaso voy con uno o dos policías”, manifestó.
En Oaxaca (sur), apuntó, la violencia se relaciona con las pugnas entre las comunidades mismas vinculadas con actividades ilícitas como el trasiego de marihuana.

Para ilustrar los riesgos de los antropólogos forenses al realizar su trabajo en contextos de violencia, Villanueva narró lo ocurrido a unos colegas. “Va a ser un año que emboscaron a unos compañeros. Fueron por unos muertos, los sacaron, y ratatatatata”, contó, imitando el sonido de una ametralladora.

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