Pot Noé Zavaleta/
Xalapa, Ver. (apro).- La tarde y noche del 10 de septiembre de 2015, el teléfono móvil del vocero de la Fiscalía General del Estado, (FGE), Omar Zúñiga Adán, y del propio fiscal, Luis Ángel Bravo, no paraban de sonar, luego de que reporteros habían sido alertados por pescadores y agricultores del municipio de Alvarado sobre el hallazgo de una nueva y enorme narcofosa en un islote de la localidad de Los Almendros.
De tanto insistir, Zúñiga Adán fue el único que contestó de forma escueta el teléfono, ya sobre la noche del día 10: “Se recibió la alerta, hay diligencias, pero hasta ahora sólo han encontrado caca de vaca (sic)”, soltó el vocero de la Fiscalía.
n día después, el 11 de septiembre, familiares de los Colectivos de Desaparecidos se apersonaron en el Servicio Médico Forense de Boca del Río y otros en Cosamaloapan, lugares donde podrían ser llevados los cuerpos, en caso de hallarlos, y de que la Fiscalía –aún con el priista Javier Duarte como gobernador– los admitiera.
A regañadientes, la noche del día 11 Luis Ángel Bravo admitiría el hallazgo de nueve cuerpos en avanzado estado de descomposición, y para lo cual –presumió– personal de la Dirección de Servicios Periciales trabajaría a marchas forzadas en su identificación, y ya en la interlocución con reporteros lanzaría reproches a la prensa.
“Hay medios que se anticipan a la postura oficial del gobierno. Un comentario sesgado o chismes relacionados con el hallazgo de cuerpos trastocan fibras sensibles.
“Hay comunicadores que meten clavos para sacar alcayatas. Los entiendo, es su trabajo, pero lo que importa para la Fiscalía es saber qué pasó con ese ser humano que perdió la vida de una forma notablemente violenta”, fustigó.
Ahora, 26 meses después, la Fiscalía General del Estado (FGE), vía solicitud de transparencia 01597217 y 01597317, confirma que en una zona de manglares, en un islote en la localidad de Los Almendros, fueron extraídos 38 cuerpos humanos, enterrados en tres fosas distintas, justo el mismo día en que el vocero de la Fiscalía, Omar Zúñiga, explicó a periodistas que únicamente habían encontrado estiércol de ganado.
“Desenterrados, 553 cadáveres”
Estas solicitudes de transparencia fueron resueltas en el oficio 2162/2017, que la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos respondió al periódico digital Blog Expediente, a solicitud del reportero Ignacio Carvajal, y quienes comparten con Apro que el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y la nueva administración de la FGE tienen un registro puntual acerca de que en las fosas clandestinas de Veracruz han sido desenterrados 553 cadáveres y recuperado un número indeterminado de miles de restos óseos.
De los funcionarios que entones mintieron y ocultaron un tema tan sensible en Veracruz, hoy vive en total impunidad Omar Zúñiga, exdirector de Diario de Xalapa (OEM) y exdirector de El Heraldo de Xalapa (rotativo propiedad de familiares de Karime Macías), cercano a Javier Duarte y quien lo colocó en la vocería de la Fiscalía.
A la fecha Zúñiga Adán se presenta como un próspero empresario restaurantero en la capital del estado, con dos sucursales del “Jarocho Style”.
Luis Ángel Bravo, expresidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y extitular de la FGE, hoy se dedica a atender su despacho de abogados en su natal Córdoba.
Anteriormente, en un cuestionario que contestó a Apro, el fiscal general Jorge Winckler Ortiz había revelado que, en el sexenio de Duarte de Ochoa, se habían encontrado fosas en uno de cada cinco municipios de Veracruz y en donde había más de 300 cuerpos sin identificar.
“La administración anterior fue negligente y desordenada en el ámbito de hallazgos de restos no identificados. Al no ser procesados correctamente, sin obtener los perfiles genéticos tanto de los restos como de familiares de personas desaparecidas, cientos de cuerpos fueron enviados a la fosa común sin ser identificados”, reveló.
Además, Winckler sostuvo que “el proceso de inhumación en fosas comunes tampoco era ordenado, lo que genera incertidumbre sobre el número real de cuerpos enviados a éstas”.
Hoy en el oficio 2162/2017, en una tabla ya desglosada, se da cuenta, en forma escueta, de otras fosas clandestinas que fueron ocultadas por el gobierno de Duarte, como las 27 halladas en el rancho “El Renacimiento”, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, muy cerca de un conjunto habitacional conocido como “Casas Fantasmas”, entierros ilegales hallados el 6 de septiembre de 2011.
En esas 27 fosas se hallaron 57 pedazos de restos humanos, aunque el documento de la FGE no precisa el número de cuerpos encontrados y tampoco detalla si algunos de estos restos ya fueron entregados a sus familiares o ni siquiera fueron reclamados.
“De noche también los exhumaron”
A través de solicitudes de transparencia a la PGR y Secretaría de Marina, Proceso en su edición 2036 ya había expuesto que el gobierno de Duarte y el federal del panista Felipe Calderón mantuvieron en el anonimato el hallazgo de dos fosas clandestinas en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, de cuyo interior fuerzas federales extrajeron 28 cuerpos, de los cuales 17 eran hombres y cinco mujeres, y del resto, por su estado de descomposición tan avanzado, la PGR ni siquiera pudo obtener un perfil genético.
“En la oscuridad los enterraron. De noche también los exhumaron”. Así relataron pobladores de las comunidades de Portezuelo y Mata Loma el hallazgo de dichas fosas y de donde las exhumaciones se realizaron la madrugada del 4 al 7 de noviembre de 2011.
Así, durante 48 meses el gobierno mantuvo oculto el macabro hallazgo, hasta que se logró dar a conocer a través de una solicitud de transparencia realizada por Proceso y que quedó asentada en los oficios SJAI/DGAJ/11235 y SJAI/DGAJ/07650/2015 de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) de la PGR.
En el documento, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Coordinación de Servicios Periciales y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) establecieron que las edades de los ejecutados y enterrados en las dos fosas fluctúan entre 23 y 50 años.
Ya de forma reciente, en marzo pasado, la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) convocaron a rueda de prensa para dar a conocer del hallazgo de 47 cráneos y cientos de restos humanos, repartidos en ocho fosas, en la comunidad de “El Arbolillo”, precisamente en Alvarado.
En el informe oficial actualizado (oficio 2162/2017), se da a conocer otra exhumación oculta por el gobierno de Duarte en un lugar conocido como La Bodega, en Alto Lucero, en donde se localizó el 3 de abril de 2013 una fosa clandestina de la cual se rescataron 25 restos humanos.
El informe obtenido vía transparencia también detalla que en el primer año de gobierno de Yunes se han logrado hallar 22 fosas con al menos 67 víctimas.
El resto del documento contiene un resumen estadístico de las fosas ya conocidas, como la de Colinas de Santa Fe, ubicada en el traspatio del recinto portuario de Veracruz, donde a la fecha el Colectivo Solecito, con ayuda de fuerzas federales y de peritos de la FGE, ha logrado extraer casi 300 cráneos y más de 17 mil restos óseos.
En este mismo punto, madres del colectivo han exigido al gobierno de Yunes y al fiscal Jorge Winckler Ortiz continuar con las excavaciones hacia los predios que colindan con la laguna de San Julián, e incluso hacer un dragado, pues existen sospechas de que algunos cuerpos podrían haber sido “cocinados” en los alrededores, para después ser vertidos en el cuerpo de agua, por lo que con el dragado y estudios de laboratorio de moción orgánica se podrían despejar las dudas sobre si en esa zona también desaparecieron cuerpos en el sexenio de Duarte.
Actualmente, Duarte de Ochoa se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, con prisión preventiva de dos años, en espera de que su juicio se reanude a principios de 2018.
El extitular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita –bautizado como “Capitán Tormenta” al interior de la corporación— se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo con prisión preventiva de año y medio, acusado de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, pues durante el sexenio de su jefe, Javier Duarte, adquirió propiedades con valor de 88 millones de pesos, siendo que en todo el sexenio sus prestaciones salariales no rebasaron los ocho millones.
Aunque Bermúdez Zurita ha sido denunciado por “desaparición forzada” y por complicidad en el caso de “levantones”, ni la Fiscalía General del Estado ni la PGR han querido indagar en este caso.
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