Leyes y maniobras; militares y campañas/ El Cristalazo

Los actores mexicanos de talla internacional le exigen a EPN vete la recién aprobada Ley de Seguridad Interior
- en Opinión

Se sacude el árbol frondoso de la política en los días del agónico diciembre cuyas fiestas y preposadas se juntan con los fastos rutinarios de las precampañas políticas con proa a la Presidencia y en cuya variedad se juntan un caballero disfrazado de chamula (Meade), un joven solitario en la sierra queretana (Anaya) y un provecto “luchador social” (López) en cuya imaginación se forma el mejor gabinete de la historia de México, lo cual podría ser posible siempre y cuando se lograra el gobierno para cuyos fines han sido seleccionados tan excepcionales señores y señoras.

Pero simultáneamente, con las obviedades, exageraciones y hasta ridículos de las campañas, a esta hora la maestra Elba Ester Gordillo ya se envuelve en la calidez hogareña de su alto departamento de Polanco, con vista al bosque o al menos al Auditorio Nacional o el parque Luis G. Urbina, con su reloj infatigable y sus estanques de espejo verde, tan diferente de los impersonales cuartos de hospital o inhóspitas celdas desde donde ha visto pasar la vida y sus dolores durante estos últimos cinco años, en los cuales declinó su estrella, se estrechó su libertad y se hundió el alma en horas de interminable reflexión sobre la crueldad de la polítia, cebada ahora sobre su cabeza como en otras ocasiones ella propició, para dolor de otros.

Es tiempo de escándalos y quejas, exageraciones e invocación de los altos valores de la civilidad, la cortesía política, la corrección, el buen comportamiento, el amor a las aves y el repudio a la sangre de los toros, el olivo de los uniformes y la seca y dura aplicación de la ley.

Y ya ni siquiera su aplicación, su construcción.

Es la hora del lamento, el chillido, el alarido, la denuncia, la sombra de un bello paraguas de Wa­shington o Nueva York, es tiempo de oponerse a todo y para todo, porque de eso se trata en los tiempos actuales.

Tras una década y pico de presencia militar en las calles, ahora se habla de “militarizar” el país, como en su tiempo se advirtió de “privatizar” la educación o “criminalizar” la protesta social, sin importar los métodos a veces criminales de la presencia callejera, con sopletes en el rostro de los policías o bombas molotov en las gasolinerías de Chilpancingo.

Pero la palabra mágica ha sido pronunciada: militarización.

Sin embargo las cosas son más sencillas: la nueva Ley de Seguridad Interior, a la cual se opusieron talentos, membretes e instituciones internacionales (la siempre presente oficina de Derechos Humanos de la ONU; su correspondiente Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la legión de ONG’s, prohumanistas y derechosas), ya es un hecho y los defensores de la patria amenazada, Gael García y Diego Luna, muestra y prez, ambos, de la responsabilidad social y el compromiso con la verdad y la dignidad y todo lo demás, le exigen al Presidente de la República el veto para una ley con la cual no están de acuerdo (ellos tampoco) , como en su tiempo una actriz de perdida belleza, se quejaba contra la instalación de una planta atómica en Laguna Verde, Veracruz y se ataba de pies y manos en la columna de la Independencia.

Pero hoy se alerta contra la ley por cuyos dictados el Ejército tiene más o menos un marco de actuación en las calles, cosa jamás buscada ni perseguida por los cuerpos castrenses (la actuación; no el marco), quienes han externado (y lo seguirán haciendo) su incomodidad por este papel en el cual los han colocado la molicie y la corrupción de las fuerzas civiles, inútiles, ineficientes, indisciplinadas, insuficientes y a menudo cómplices de los delincuentes a quienes no combaten, pues es más fácil pasarle la pelota a los “verdes”, para luego culparlos de excesos innúmeros, de poseer fuerza letal (pues para eso son), y de abatir en lugar de persuadir. Y aquí se dice, abatir, sinónimo de matar. Punto. Y cuando llegue el tiempo, sonarán los clarines de la amnistía.

Pero es tradición nacional convivir con el absurdo. Cuando no había ley para normar (con todas sus insuficiencias) el comportamiento militar en labores de seguridad pública y seguridad interior, las quejas se encaminaban en ese sentido. Hoy, cuando hay una ley, las protestas van en dirección opuesta.

Pronto vendrá la Controversia Constitucional (así con mayúsculas) porque es el último recurso en la evolución de estas protestas.

Sin embargo podría haber una sorpresa. Una decepcionante sorpresa: la Corte ha emitido “tesis relevantes” (así las llaman) en las cuales interpreta favorablemente la capacidad presidencial para hacer cuanto se hace ahora en el cuadro legal recientemente aprobado; es decir, disponer del Ejército para protección general, aun en tiempos de paz y fuera del estado bélico declarado con riesgos de seguridad nacional.

Veamos: Septiembre de 2011:

“Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la Constitución).

“La interpretación histórica, armónica y lógica del articulo 129 constitucional, autoriza considerar que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen.

“Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo.

“Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al Presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior.

“Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables”.

Así pues, resulta un poco arduo imaginar a la Corte dictaminando la inconstitucionalidad de una ley completa (quizá matice algunos párrafos sin alterar el contenido fundamental), cuya base está definida y canonizada en esta interpretación ya dicha y repetida hasta el cansancio (excepto para quienes hacen como si no la conocieran), y de la cual esta modesta columna ofrece una reproducción, para ver si la quieren leer (fácil) y entender (ya no tan fácil), Gael, Diego y el resto de la claque, nuestros espontáneos y autonombrados, “ombudsperson”.

Pero resulta altamente rentable este tipo de oposición estridente.

Y aun cuando ya se trata de agua bajo el puente, vale la pena registrar algunos elementos de los debates.

La humorística aportación de Jesús Valencia, de Morena (no podía ser de otro partido), quien acusó a los diputados favorables a la ley, de mandar al diablo a las instituciones internacionales —“…Esta vez son ustedes los que han mandado al diablo…”—con lo cual confirma quién lo hizo la “otra vez”. Su jefe.

Y la leve mención de Mercedes Guillén de dirigirse abiertamente ante la nación y su familia (sic), para encomiar las bondades patrióticas del texto aprobado en la veloz sesión del viernes en San Lázaro. ¿Cuál parte de su familia? Quizá su teatralizado hermano guerrillero, el “sup” Marcos o Galeano o como se llame esta semana.

Pero sea como sea o “haiga sido como haiga sido”, los militares ya tienen eso por cuya ausencia se mostraban arrechos y malhumorados. Hoy seguirán con el mismo talante pero al menos ya hay un horizonte de temporalidad y una convención para el desarrollo de fuerzas policiacas cuya evolución los devuelva —algún día— a su ordenada y rutinaria vida dentro del “castrum”.

La eternidad límbica en estas condiciones, con ley o sin ella, no le conviene a nadie.

O quizá sí, quizá toda esta alharaca les convenga a los delincuentes mejor organizados, quienes tienen un defensor de oficio en cada hijo bien portado.

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