Carmen Aristegui/
Nuevamente el Estado mexicano ha sido exhibido a nivel internacional en uno de los temas que más descarnadamente ilustran la grave crisis de derechos humanos, corrupción e impunidad en la que se encuentra sumido México desde hace ya demasiado tiempo.
En Ginebra y Ciudad de México se presentó ayer el documento “Doble injusticia – informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, realizado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es parte del retrato de lo ocurrido en los primeros momentos después de los trágicos sucesos ocurridos en septiembre de 2014, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos fue perseguido y atacado con armas de fuego por agentes policiacos.
Como todos sabemos, 43 de ellos fueron desaparecidos, tres resultaron muertos y otras tres personas también perdieron la vida. La reacción sobre estos hechos resultó tardía. Había incredulidad sobre las primeras versiones de la desaparición masiva de estudiantes ocurrida, en un mismo evento, en la ciudad de Iguala. Tristemente, la realidad se impuso. Cuando se confirmó que aquello era verdad, la sociedad entera se sacudió.
En un singular contexto –ante la inminencia de la publicación del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, y el escándalo del caso del tren México-Querétaro, que involucraba, en más de un sentido, a los mismos protagonistas– es que la PGR sorprendió a la sociedad mexicana con la versión de lo que hoy conocemos como “la verdad histórica”. La PGR afirmaba que los jóvenes habían sido entregados a criminales que, a su vez, habían decidido asesinarlos y desaparecer sus restos incinerándolos en un basurero de Cocula, esparciendo las cenizas en el río San Juan. Esa versión oficial quedó aniquilada cuando se demostró que la parte sustancial de la historia nunca pudo haber ocurrido de la manera en que fue narrada por las autoridades mexicanas. De entonces a la fecha, hay evidencias sobre manipulación, tortura y todo tipo de procedimientos irregulares. Hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas vuelve a tocar la llaga de cómo fue construida esa historia.
En coincidencia con los informes que presentó, en su momento, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los expertos de la ONU manifiestan tener “…sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de la investigación… se le habría detenido arbitrariamente y torturado y que estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento”.
El Gobierno respondió de inmediato al informe del Alto Comisionado. Manifestó preocupación por tratarse de asuntos que se encuentran en investigación o bajo análisis del Poder Judicial. No hay nada nuevo, porque lo que dice el informe lo habían dicho antes los expertos del GIEI. “Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”.
El informe de la ONU es el resultado de la revisión de los expedientes judiciales relacionados con 63 de las 129 personas imputadas en los procesos abiertos por este caso. Los expertos, además, de revisar las fojas de los expedientes y los reportes médicos, entrevistaron a las personas que se encuentran en reclusión y a diversos testigos que dieron cuenta de lo sucedido.
Las confesiones en que basaron el arranque de las investigaciones fueron obtenidas por autoridades federales mediante procedimientos que claramente apuntan a la tortura. Las investigaciones que se han realizado por las denuncias presentadas por tortura apuntan claramente al encubrimiento. Los detenidos bajo procedimientos de esta naturaleza se mantienen, en su mayoría, encarcelados. El nuevo informe no es la copia de un informe previo, es la ratificación de que la manipulación, la tortura y el encubrimiento desde el ámbito institucional apuntan a la existencia de algo gravísimo. Algo que las más altas esferas de poder preferirían que se mantuviera oculto.
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