Por Andre Vega/
Ciudad de México. (Animalpolítico). En febrero de 2017 nombraron a Samyra del Carmen Khouri Colorado como fiscal coordinadora especializada en investigación de delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas en Veracruz. Solo estuvo diez meses en el cargo. En diciembre de 2017 falleció a causa de cáncer. Todavía no nombran a nadie en su lugar. La fiscalía que debe atender en ese estado la violencia contra la mujer no tiene cabeza.
“Desde entonces han despedido a otras 10 fiscalas y a más personal de la fiscalía”, acusa Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana.
La investigadora y activista dice que no sabe el número exacto de despidos. Pero en Xalapa, por ejemplo, hay solo cuatro personas en la fiscalía. “Debería haber por lo menos 30. Ahí atienden todos los casos no solo de este municipio sino de otros como: Alto Lucero, Las Vigas, Perote, que son rurales y con muchas rancherías y ejidos”.
La falta de personal hace más complicado el acceso a la justicia para las veracruzanas y deja en la impunidad delitos como los feminicidios. “Esto es un grave retroceso a la ley. Si se estableció una fiscalía especializada fue para atender con énfasis estos casos y ahora se está desmantelando”.
En Veracruz, de acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se denunciaron 38 feminicidios de enero a junio de este año. Pero, la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres asegura que ellos tienen registrados 90 asesinatos de mujeres, 58 tienen características de feminicidios. Esa cifra coincide con la de la activista María Salguero, quien se dedica a registrar en un mapa nacional todos los casos de este tipo de homicidios expuestos en los medios.
Tan solo la semana pasada, se difundió el caso de una mujer asesinada por su esposo, en Minatitlán, mientras amamantaba a su bebé de nueve meses. Los medios reportaron que la mujer había acudido antes al DIF a denunciar violencia intrafamiliar y no recibió la atención adecuada. Le pidieron que conciliara con su esposo.
Las mujeres que viven en las áreas más alejadas y pobres son quienes suelen enfrentan las peores condiciones en acceso a la justicia. En zonas rurales, deben caminar horas para llegar a la fiscalía solo para encontrarse con que el fiscal se fue a una comunidad a tres horas de distancia a atender un asunto y no volverá a su oficina hasta el día siguiente.
Cuando acuden a denunciar, se encuentran con vuelva mañana, vuelva pasado, mejor concilie, acusa Casados. “Las fiscalías están rebasadas. No cuentan con la infraestructura necesaria. Después del saqueo financiero en el sexenio de Javier Duarte, no se ha fortalecido su presupuesto y han despedido a personal que estaba ya capacitado y trataba de sacar el trabajo pese a la sobre carga y los malos salarios”.
En el siguiente nivel, los ayuntamientos, por ley debe haber Institutos Municipales de las Mujeres –señala la activista María López de la Rica, de la asociación civil Kalli Luz Marina– y deben tener una coordinadora, una directora, una abogada, una psicóloga en trabajo social, recursos e infraestructura.
“Pero en los 17 municipios que hemos monitoreado de la sierra de Zongolica –donde la asociación apoya a mujeres víctimas de violencia– todos tienen disque el instituto pero la directora no recibe capacitación, no hay recursos, ni tienen los espacios adecuados para atender a las mujeres”.
Frente a este abandono es que Kalli Luz Marina atienen a las mujeres de la zona. “las recibimos, las contenemos, les presentamos las opciones que tienen frente a la violencia y ellas deciden qué quieren hacer. Nosotras las acompañamos durante el proceso. La abogada las representa en caso de una demanda o una denuncia. La psicóloga les va dando citas, a la par del proceso legal, para que se vayan fortaleciendo”.
La asociación también impulsa y desarrolla una red de promotoras comunitarias bilingües de derechos humanos que están en ocho municipios de la sierra de Zongolica. “Son unas 50 promotoras y les damos acompañamiento, formación, capacitación. Van de pueblo en pueblo platicando con las mujeres, las asesoran y si algún caso requiere una orientación más especializada, las traen a las oficinas de Kalli en el municipio de Rafael Delgado”.
Sobre las causas del desmantelamiento de la fiscalía especializada en delitos contra la mujer, Casados dice que las autoridades del estado no les dan una explicación. “Parece que el plan es quitarla, lo cual es muy grave puesto que Veracruz tiene dos alertas de género”.
La primera, por violencia feminicida, se decretó en 11 municipios, el 23 de noviembre de 2016. La segunda, el 13 de diciembre de 2017, fue por agravio comparado; es decir por existir en la entidad un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de salud.
Comentarios