Ana Alicia Osorio / Testigo Púrpura
¿Qué hubiera pasado si el DIF de Minatitlán le hubiera explicado a Hortencia sus derechos? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera sabido donde presentar una denuncia? Son las preguntas que rondan en la mente de su familia, amigos, conocidos y desconocidos.
Ahora su familia solo puede llorar. Llorar al decirle adiós. Llorar para pedir justicia y esa acción de las autoridades que no hubo cuando aún vivía. Llorar y suplicar que apresen a su esposo, quien le dio dos tiros en el pecho.
Llorar. Eso también fue todo lo que pudo hacer Hortencia cuando llegó al patio de su casa tras haber visitado el DIF de Minatitlán, en Veracruz, para pedir ayuda por la violencia que ejercía su esposo.
Entre las lágrimas por el adiós la familia de Tencha, como le dicen de cariño, cuenta ese día que fue al DIF pero le dijeron que para salir de la violencia necesitaba dinero que no tenía. Cuenta como pudo marcar la diferencia para que ella que pudiera seguir con vida y con el único sueño que tenía “ser feliz con sus hijos”.
Pero su caso no es único. En su informe “Implementación del tipo penal de Feminicidio en México”, el Observatorio Nacional del Feminicidio advierte una especial preocupación por casos de feminicidios donde la mujer había presentado una denuncia previa y pese a ello no se garantizó su protección.
Yesenia Ambros Lorenzo, la cuñada de Hortencia, le comentó meses atrás que había escuchado que podía pedir “orden de esas para que se aleje” (orden de protección), pero como no sabían el procedimiento para hacerlo nunca lo intentaron.
El aumento de la violencia
La cuñada y mejor amiga consideró que necesitaba algo así porque aunque Tencha había salido de la casa donde era violentada, la violencia no acababa.
Desde hacía seis meses Gabriel Hernandez González, dejó de darle dinero para sus cuatro hijos y ella que se dedicaba a las labores del hogar. Comenzaron los insultos y la violencia psicológica. Vinieron los golpes con cuanto objeto podía encontrar.
Ella regresó a vivir a casa de sus papás en una comunidad rural de Minatitlán. Pero la violencia no paró. Gabriel volvió una y otra vez a suplicarle que regresara y en una ocasión lo hizo solo para encontrarse de nuevo con los golpes y otras formas de violencia.
Tencha decidió dejarlo y volver de nuevo con sus papás, pero todos los días iba a buscarla. Según cuenta la familia de ella, la motocicleta en la que él se transportaba rondaba la casa, a veces durante toda la noche y si se la encontraba de frente venían las súplicas seguidas de los insultos.
Entonces Tencha supo que no estaba segura y decidió pedir ayuda. Entre el poco dinero que tenía juntó los más de 100 pesos que necesitaba para ir a Minatitlán, tomó un transporte rural y una lancha para cruzar el río y llegó al DIF municipal.
Allí pidió lo único que sabía que podía: pensión alimenticia para sus hijos. Además le contó a la funcionaria que la atendió de los golpes que recibía, de la amenaza de asesinarla que había hecho su esposo con una pistola y del resto de la violencia que vivía.
La ayuda que no encontró
La funcionaria, según le contó Tencha a Yesenia, le dijo que necesitaría grandes sumas de dinero para lograr la pensión alimenticia, que tenía que pagar abogados y una prueba de ADN para el niño más chiquito que no estaba registrado y que el costo sería hasta 15 mil pesos.
Tencha, una mujer de escasos recursos, dedicada al hogar y que se debatía entre seguir cuidando a sus hijos o buscar un trabajo donde no tuviera que pagar más de 100 pesos al día para poder llegar, se desanimó de su petición de ayuda.
La persona del DIF no le dijo que la falta de recursos era violencia económica, que podía poner una denuncia por ésta, además de por la violencia psicológica y la violencia física.
No le habló del Instituto Municipal de la Mujer que la podía auxiliar o que la denuncia tenía que interponerla en la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños. Menos de todas las leyes que la protegían. No importó que Minatitlán fuera uno de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida en Veracruz.
Tencha que solo pudo estudiar la primaria, no conocía ninguna de esas leyes y por la respuesta de la persona del DIF que le atendió, prefirió ni siquiera intentar seguir con un proceso para el que sabía que no contaba con el dinero que según le dijeron debía gastar.
“Lloró de muina, no de tristeza, de muina, agarró y se sentó allá afuera (…) me dijeron que porque no estoy casada. Ella dice que sí, que les contó todo, que me pegó y todo y no le hicieron caso, le dijeron simplemente no te podemos ayudar porque no estás casada”, contó Yesenia.
“Le dijeron para que te hagan caso necesitas tener un abogado particular y pues si no tengo dinero ¿Cómo le hago para tener un abogado particular? (…) del dinero que tengo prefiero darle de comer a mis hijos”, dijo al recordar aquel día que para ella hubiera hecho la diferencia.
Y así siguió hasta el día que su esposo sacó una pistola y le dio dos tiros cuando ella estaba en la puerta de la casa con su hijo en brazos.
El ayuntamiento de Minatitlán señaló por medio de un comunicado que el DIF no tenía conocimiento de la violencia de género que vivía Hortencia y que solamente pedía pensión alimenticia.
Lo que no explicó es que ella desconocía las leyes y protocolos, que la falta de recursos entregados es violencia económica y que un municipio con Alerta de Género tiene la obligación de explicar a las mujeres los mecanismos que tienen para acceder a la justicia. No explicó la razón de las omisiones del personal del DIF.
Mujeres expuestas a la violencia
Aún después del asesinato de Hortencia, si alguna otra mujer en la comunidad El Valedor fuera víctima de violencia de género sería difícil que presentara una denuncia y que hubiese repercusión.
Una vecina contó que quienes son beneficiarias de Prospera han recibido pláticas para identificar las violencias de género y un número de teléfono para denunciarla, pero del número no se acuerdan.
Ese es el único acercamiento con la violencia de género que han tenido. El violentómetro no lo conocen. Las pláticas que el ayuntamiento debería impartir pues existe una Alerta de Violencia de Género no han llegado.
Las largas distancias, el dinero que necesitan para trasladarse y el desconocimiento de la Fiscalía Especializada donde pueden presentar la denuncia o los organismos que pueden ayudarlas, son otros problemas que enfrentan las mujeres de esa comunidad.
Algunos de esos problemas se podrían extender por el estado, pues 39 por ciento de Veracruz es considerado como zona rural, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La impunidad como factor de riesgo
Aún después de asesinada, Hortencia no ha obtenido esa buena actuación que esperaría de las autoridades y que es su obligación.
El día que Gabriel la asesinó, aprovechó la confusión para huir en la motocicleta. Desde entonces no han sabido nada de él.
Aunque Yesenia fue a declarar como testigo, le dijeron que la denuncia la tenía que presentar días después en Coatzacoalcos. Nadie le explicó la razón por la cual tenía que ir a otra ciudad, los pasos que seguían. Ni siquiera el nombre de la Fiscalía.
El panorama para la familia de Hortencia no es bueno, pues de los 79 feminicidios que registró la Fiscalía General del Estado en el año 2017 hasta febrero solamente tenía consignado 1.
Es decir, según la respuesta a la solicitud de información 00590718, el índice de impunidad que se tiene en la FGE por el delito de feminicidio es de un 98.8 por ciento.
En ese contexto de impunidad, durante este año en el estado de Veracruz la Fiscalía reconoce 36 feminicidios, tan solo durante el primer semestre del año.
La cifra contrasta con la del 2016, año en que se decretó la Alerta de Violencia de Género para Veracruz, cuando según los datos reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública se presentaron 24 feminicidios en el primer semestre.
Pese a la situación y la falta de ayuda que le dieron a su hija, la mamá de Tencha, Francisca Reyes López, solo pide entre lágrimas una sola cosa: “justicia”.
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