Veracruz, Ver.- «Empezamos a utilizar una varilla con punta para enterrarla en el suelo y al sacarla, pues, llegaba el olor de putrefacción del cuerpo. Inspeccionamos el terreno: normalmente los indicios de una fosa son un hundimiento. Buscamos ropa, a veces encontramos una playera o un cinturón. ¿Por qué alguien va a tirar una camisa o un pantalón en el monte?”.
Guadalupe Contreras se hizo rastreadora en Guerrero, cuando su hijo desapareció y en las montañas de Iguala comenzaron a aparecer enterrados decenas de cuerpos.
Ahora, gracias a su experiencia, trabaja en la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito, una organización de madres y familiares de desaparecidos que rastrea un terreno agreste de unos cuatro kilómetros de largo junto al barrio residencial de Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz. Se cumple un año desde que estas mujeres encontraron, con sus propios recursos, la fosa clandestina más grande de México y, hasta la fecha, con los restos de 287 personas.
“Para mí, encontrar un resto es como encontrar un tesoro. Me da alegría porque sé que sus familiares van a poder estar en paz”, explica Perla Damián, una de las mujeres que integran el colectivo y que participa en la brigada de búsqueda que rastrea la zona. “Yo espero encontrar a mi hijo un día. Vivo. Pero Dios tiene la última palabra”. Víctor Álvarez, su hijo, desapareció en diciembre de 2013 cuando tenía 16 años y las autoridades “nunca hicieron su trabajo”.
Durante el mandato del priísta Javier Duarte (2010-2016) –actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada, corrupción y enriquecimiento ilícito– las mafias no tuvieron problemas para hacer desaparecer los cadáveres de cientos de personas. Se han encontrado más de 30 mil restos humanos en 44 municipios de todo Veracruz, y siguen apareciendo fosas clandestinas.
A principios de mes, fueron detenidos e imputados por el delito de desaparición forzada el anterior Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y su segundo, así como el ex director de Penales del Estado y 13 jefes de policía. Uno de ellos, Roberto González, era comandante de “Los Fieles”, un grupo entrenado por el ejército que llegó a utilizar una academia de policía como como campo de tortura y donde, al menos, desaparecieron a 15 personas.
Bajo el paraguas de la guerra que los cárteles mantienen desde hace casi una década en Veracruz, la desaparición de cientos de personas inocentes ha sido una consecuencia de la ausencia del Estado a la hora de proporcionar seguridad y justicia a la población civil.
EL GOBIERNO HA OCULTADO LAS CIFRAS DE DESAPARECIDOS
Las denuncias públicas de cientos de madres que buscaban a sus hijos y denunciaban la complicidad de las autoridades con los grupos de la delincuencia pronto se convirtieron en una molestia para el gobierno: Duarte ocultó 1 mil 824 casos, según afirmó el actual Fiscal del Estado, Jorge Winckler.
En comparecencia ante el congreso local, a finales de enero, afirmó desconocer el número de homicidios y secuestros bajo su administración y ofreció cifras desfasadas de las fosas halladas y cuerpos recuperados. El Fiscal no incluyó los registros de los últimos 14 meses de la actual administración. “Los datos fueron minimizados para evitar la alarma. El Gobernador quiere que su hijo herede el cargo. La situación en Veracruz sigue igual o incluso peor que con Duarte”, lamenta Lucía Díaz, fundadora del Colectivo Solecito que agrupa a más de 200 madres de víctimas de desaparición forzada.
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