Javier Duarte: la celda se comienza a abrir

Enrique Peña Nieto negoció con AMLO pronta salida de Javier Duarte de la cárcel porque fue el que le operó sus recursos para la campaña que lo hizo ganar
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Mussio Cárdenas Arellano/ Informe Rojo

Tarde o temprano, Javier Duarte andará libre, cobijado por los clanes y las mafias —el poder y su ala criminal— que construyen un puente de plata hacia la impunidad, atenuando delitos, suavizando la acción legal y urdiendo una trama para que el saqueador de Veracruz vuelva a circular.
Una señal, la de la Procuraduría General de la República variando el delito de delincuencia organizada al de asociación delictuosa, dejando de imputarle otras transas, el lavado, el fraude fiscal, advierte que este pillastre ya se peló.
Esa señal, la de la PGR dejando correr los tiempos y modificando el delito, llega al filo del vencimiento del plazo legal, la noche del martes 21, a eso de las 23:30 horas, cerrando cualquier posibilidad a revertir la decisión.

Hará 22 meses que Javier Duarte dejó el gobierno, vilmente engañado, sobradamente cuenteado, creído que si se iba tendría manos libres para enfrentar a Miguel Ángel Yunes Linares en los tribunales. Suponía que lanzando una carga legal le impediría ser gobernador.
Horas después la fantasía se disolvió. Y cuando entró en razón supo que lo mejor era huir.
12 de octubre, fecha clave. 12 de octubre de 2016, el día en que Javier Duarte perdió el poder.
Horas después, emitida la orden de aprehensión, acusado de operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada, tomó un helicóptero oficial, facilitado por su gran cómplice, Flavino Ríos Alvarado, el gobernador de adorno que pudo imponer, y viajó de Xalapa a Coatzacoalcos.
A partir de ahí se perdió.
Sabíase que iría a Chiapas, la tierra de su suegro, Jesús Antonio Macías Yazegey, el Comandante Tony, donde los ranchos de los parientes y los predios de los amigos llegan hasta los límites con Guatemala, donde pudo imaginar que podría burlar la ley.
Hará 22 meses que la PGR concluyó que lo suyo se podía tipificar como operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Javier Duarte, su esposa Karime Macías, sus operadores financieros —Tarek, Carlos Aguirre, Benítez, Spinozo, Manzur— y los amigos y cómplices —Moisés Mansur, Janeyro, Alfonso Ortega, Nava—, todos en una trama con la que los dineros de Veracruz salieron hacia cuentas de empresas fantasma que luego fueron invertidos en empresas inmobiliarias, empresas de papel, de las que la ex primera dama de Veracruz tenía el control accionario y el destino de los miles de millones robados.
Detenido en Guatemala, pillado en un hotel de lujo en el departamento de Pajanachel, Javier Duarte fue entregado a la Interpol. Ahí vio por última vez a Karime Macías. Ahí hablaron por última vez. De ahí partió la dama a Colombia, acompañada de sus hijos, su hermana, su cuñado, sus sobrinos, la mamá y las nanas. Y de ahí a Londres, Inglaterra, donde vive a todo lujo y placer.
Y ni la PGR ni Peña Nieto, nadie de las mafias y los clanes que controlan el sistema político, sugirió ir por Karime. Así sería el pacto de impunidad. A cambio del dinero bajo resguardo —el reparto del botín—, la libertad. Como si fueran la viuda de Pablo Escobar y Rodríguez Orejuela: a cambio de su vida y el exilio, todo lo que la viuda dio y el capo logró amasar.
Hará 13 meses volvió Javier Duarte a México. Se le internó en el Reclusorio Norte de la capital. Escuchó los cargos. Reiteró ser inocente. Pataleó. Y la PGR se mantuvo en que lo suyo era delincuencia organizada.
Sujeto a prisión preventiva, ampliados los plazos, leídas las evidencias, hallados nuevos elementos de prueba, se acredita que el paso de Javier Duarte por el gobierno de Veracruz fue un abuso descomunal.
Todo se sabe del pupilo de fidel: que si por sí o con prestanombres se hizo de departamentos de lujo y penthouse, de ranchos, de obras de arte, de casas en el extranjero. Y su vida loca, las amantes que pasaron de una cama a un cargo de alto nivel en su gobierno, el derroche, el dispendio, el uso de aeronaves oficiales para ir a recoger a las “novias” a Cancún, o la casa y el terreno pagados con dinero en efectivo o con la intervención de una empresa fantasma.
Vencidos los tiempos, este martes 21 la PGR definió los delitos que le imputa a Javier Duarte. Y eso porque el portal Animal Político, con reportaje de Arturo Ángel, alertó que de no cumplirse el requisito de ley, el ex gobernador se podía ir.
Y la PGR le entregó la llave de la prisión.
Ya no purgaría una condena de entre 20 y 40 años de prisión de ser hallado culpable de delincuencia organizada. Sería de entre 5 y 10 años por asociación delictuosa. Y según su abogado, por ser delito no grave, llevaría su juicio en libertad.
Sí y no.
Pesan sobre el gordobés otros juicios, delitos del orden común que lo mantendrían tras las rejas. Pesa el de desaparición forzada, que se configura cuando testigos describen lo que se urdió tras la tortura y muerte de 19 personas a manos de los grupos de élite, los criminales de élite del falso general, Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad de Veracruz.
Se reconoció la muerte y el hallazgo de seis cuerpos. Se ocultó la suerte y destino de otros 13, arrojados a las barrancas de La Aurora, cerca de la Academia de Policía El Lencero, en la conurbación Emiliano Zapata-Xalapa.
Fue Javier Duarte quien decidió que esa desaparición forzada fuera encubierta. Y por esa acción se le imputó un delito lesa humanidad.
Si la justicia federal le abre el camino a la impunidad, le espera la prisión de Pacho Viejo, reza el gobernador Yunes.
Yunes concluye su mandato el 30 de noviembre. Su fiscal Jorge Winckler, pese a la autonomía del cargo, siente ya la presión de Morena para dejar el cargo. Y Morena le debe al duartismo parte de la operación con la que ganó la gubernatura de Veracruz, en la elección del 1 de julio.
Cuitláhuac García, futuro gobernador, se amarra desde ya: si a Duarte lo sueltan, dice, no lo podré juzgar. A nadie, agrega, se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. ¿Y por otros de la misma índole, con nuevas pruebas, con otros recursos del erario?
Javier Duarte es, según Andrés Manuel López Obrador, un “chivo expiatorio”. O sea, en el estricto sentido de la expresión, un inocente sacrificado. INOCENTE, según el Dios Peje.
O sea, los priistas lo ayudan a salir y los morenos no lo quieren tocar.
Tiende la PGR el puente de plata. Su cómplice, Enrique Peña Nieto, al que financió en la campaña presidencial de 2012, abre la puerta de la celda, no para llevarlo a la libertad sino para instalarlo en la impunidad.
Y ahora la PGR le varía el delito por uno menos grave.
Así opera la impunidad. Así se tratan los clanes y las mafias, los hombres de poder y su ala criminal, encubriendo, cobijando al operador que aportó lo que la campaña presidencial le exigió.
Formalmente sigue en prisión, pero tácitamente ya se peló.

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