Por Francisco J. Ávila Camberos
Para conquistar a los votantes, el entonces candidato López Obrador, hizo durante su campaña una serie de ofrecimientos que si bien llamaron la atención y captaron simpatías que se tradujeron en un mayor número de sufragios para él y su partido, algunas de sus propuestas son en la práctica de muy difícil aplicación.
Se comprometió por ejemplo, a bajar el precio de los combustibles y de la energía eléctrica; a acabar con la corrupción, a retirar las fuerzas armadas de las calles, a mandar las dependencias federales a provincia, a hacer un costosísimo Tren Maya que quien sabe quién le sugirió, sin hacer un estudio a fondo que justifique la enorme inversión que requerirá; a hacer 100 universidades que algunos dicen con preocupación que serán centros de adoctrinamiento, no de enseñanza; a bajar a la mitad los sueldos de la alta burocracia, lo que provocará deserción de los más calificados; a frenar la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, para ya no hacerlo en Texcoco, sino en la base militar de Santa Lucía.
Poco a poco va entendiendo el ahora presidente electo, que algunas de sus promesas no son factibles de llevar a cabo, cuando menos en el corto plazo. Otras más, ni siquiera en el mediano plazo, porque implementarlas implicaría costos muy altos y no hay recursos suficientes para cubrirlos en unos casos y en otros porque existe una creciente oposición de la burocracia que resultará afectada para mudarse a provincia, dejando casa, familia, amistades, escuelas, etcétera; para empezar de nuevo, en ciudades que ni siquiera conocen y que carecen de los servicios y facilidades a los que ya están acostumbrados.
Pretender a estas alturas darle un giro brusco de 180° a algunas políticas vigentes, implicaría el riesgo de descarrilar la economía, dejando al país en condiciones de insolvencia y generando un malestar social que se traduciría en votos adversos para su partido en las próximas elecciones.
Para salir del atolladero en que él mismo se metió, ha propuesto AMLO una consulta pública para decidir que se hará en el caso del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
Para hacer correctamente la consulta y definir si se sigue con el proyecto actual o se cambia por el de Santa Lucía, tendríamos los ciudadanos que tener información suficiente de los pros y contras de cada opción; tanto técnicos, como económicos, sociales y medioambientales. Dudo mucho que esta información esté disponible en el tiempo que falta para hacer la consulta y aún contando con ésta, los ciudadanos promedio tengamos capacidad suficiente para decidir de manera correcta lo que sea mejor para el país en un asunto tan complejo. Es como si el piloto de un avión, le preguntara a los pasajeros en pleno vuelo a qué velocidad y con que ángulo debe descender el aparato para aterrizar sin contratiempos.
A mí me preocupan ciertos temas, como por ejemplo: ¿Cuánto dinero se perdería si se abandona el proyecto de Texcoco y quien absorbería dichas pérdidas?. Recordemos que ahí están invertidos los fondos de las pensiones. ¿Que pasaría con éstos si se perdieran?. ¿Quién se los repondría a los trabajadores?.
¿Cuánto tiempo se llevaría hacer el proyecto ejecutivo de Santa Lucía y cuánto dinero costaría realmente construirlo, incluyendo las vialidades para llegar al mismo con agilidad?. ¿Cuánto cuesta dotar a Santa Lucía de todos los servicios requeridos?.
¿Cuánto tiempo se retrasaría el proyecto?; porque a estas alturas un nuevo aeropuerto ya urge, ante la saturación del actual.
Me parece, sin conocer a fondo el tema, que debe prevalecer el criterio de darle continuidad a los trabajos ya iniciados en Texcoco y en todo caso, buscar economías combatiendo la corrupción que se da con harta frecuencia en las obras públicas y pensando en soluciones funcionales para todo lo que ahí se construye; porque originalmente fue concebido éste como una obra faraónica, fuera del alcance de nuestras posibilidades; que más que un aeropuerto se asemejaba a una ostentosa sala de exposiciones. Por esto y otras razones más, es que el presupuesto inicial ya se fue a las nubes
Tal vez esta alternativa, con los ajustes propuestos para abatir la corrupción y eliminar la ostentación, sería la solución menos mala.
La opción de Santa Lucía, pudiera resultar mucho más cara y tardada.
Ojalá y alguien capaz e imparcial pusiera todas las cartas sobre la mesa, al alcance de los ciudadanos, para que los resultados que se obtengan ayuden a realmente a solucionar el problema y no a complicarlo.
¿No les parece a Ustedes?
Muchas gracias y buen fin de semana.
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