Un grupo de ciudadanos hacen una cordial invitación a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general para que asistan a la presentación de alrededor 90 amparos en contra del Reglamento de Tránsito –recaudador de Javier Duarte de Ochoa- en el cual establecen escandalosas sanciones por diferentes montos. La cita es palacio federal ubicado en Reyes Heroles esquina Ruiz Cortines en Boca del Río a las 12:30 horas.
La idea de la invitación es que los ciudadanos interesados se asesoren y se apoyen de grupos de ciudadanos que ya están organizados e igualmente quieran ampararse contra ésta imposición anticonstitucional de parte del gobierno duartista.
La pretensión del gobierno estatal de imponer multas realmente estratosféricas van en contra de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pese a ello, ni el Congreso local instalado “a modo” ni el propio gobernador, ha cesado por reconsiderar su impertinencia de continuar obteniendo dinero fácil de los ciudadanos.
Los delincuentes de cuello blanco
492 mil pobres en la entidad veracruzana, es para el partido oficial la traducción en número de votos para las próximas elecciones a la mini gubernatura, la cual como siempre es anticonstitucional. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que en el estado de Veracruz del 2012-2014, el número de ciudadanos en pobreza extrema ha ascendido en un 17.2 por ciento a diferencia del 2012, que era de 14.3 de personas en esa condición.
La situación económica del estado se ha visto afectada de manera reiterada por parte del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, quien con premeditación y sin justificar el destino de los recursos solicitados, sólo se ha dedicado a incrementar la deuda pública de la entidad con apoyo del Congreso local instalado “a modo” para favorecer las absurdas decisiones del ejecutivo en turno. Un total de 25 préstamos otorgados y de los cuales se desconoce el destino de este, pero que ha originado que la población mantenga una falta de poder adquisitivo, por la alevosa acción gubernamental.
En el reporte de la Coneval establece que el rezago también se ha concentrado en el sistema educativo, donde 579 mil 680 personas con ingreso menor a la línea de bienestar, resultando un total de 193 mil 682 ciudadanos sin posibilidades a asistencia educativa. El acceso a los servicios de salud en el 2014 es de 207 mil 494 con un total de 82 mil 292 personas que no cuentan con seguridad social, accesos básicos en la vivienda el rezago es de 118 mil 999 ciudadanos y que decir el limitado acceso a la alimentación de parte de quienes padecen pobreza extrema es de 177 mil 666 habitantes.
El estado de veracruzano se encuentra en un caos financiero, provocado por los gobiernos priístas que han predominado en la entidad para convertirse en una industria delincuencial. Políticos que se han aprovechado su paso en el gobierno, para desviar los recursos etiquetados por parte de la federación a sus cuentas personales sin que exista al día de hoy, un proceso penal en su contra. Personajes como Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, quien debería de estar ya en el Congreso local la solicitud de desafuero por el evidente dispendio que ha ejecutado en la entidad.
Los legisladores tanto priístas como satélites, mantiene su convicción ferviente de proteger a su “maestro” en el arte de robar. Su tarea es distraer a los ciudadanos y redes sociales con propuestas realmente absurdas como la presentada por el diputado local de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, el cual se encuentra más se preocupado por una estatua de un político ya muerto, como Heriberto Jara Corona -todo porque fue instalada en la gubernatura de su patrón, Dante Delgado Rannauro- que ponerse a trabajar por situaciones realmente alarmantes que suceden en su distrito. Existiendo problemáticas sociales urgentes, el circo legislativo hizo su “show” resolviendo un absurdo punto de acuerdo de este “calienta curul” y al cual jamás se la ha visto una real iniciativa en favor de la ciudadanía. La única que elaboró a favor de la comunidad lésbico-gay, la abandonó en la mitad del camino.
Actualmente la Auditoría Superior de la Federación mantiene una denuncia en la Procuraduría General de la República en contra de estos dos personajes –Herrera y Duarte- por el quebranto a la hacienda pública de ocho mil millones de pesos que corresponden a los ejercicios fiscales del estado de Veracruz que datan del 2008, 2009 y 2010, quienes simularon reintegrar recursos federales etiquetados, que fueron desviados a otros rubros, como son sus cuentas personales.
Curiosamente amable lector, dicho quebranto fue en contra del fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de las Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de las Aportaciones para la Seguridad Pública. En esos rubros en donde la Coneval advierte en su reporte anual que existe un alarmante rezago.
Al gobernador del estado al parecer no le agradó que tanto dinero destinado a beneficiar a la población se utilizara para dichos fines y resolvió hacer uso de ellos para satisfacer sus necesidades personales y la de su familia. Argucia aprendida a Herrera Beltrán cuando este operaba como secretario de Finanzas y Planeación en el sexenio del oriundo de Nopaltepec y del cual, también por ese sexenio le corresponde que le finquen responsabilidades por el dispendio perpetrado.
Lo alarmante de esta situación es que pese a existir constancia de los hechos perpetrados por parte de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa, la posibilidad de que alcancen la cárcel se ve nula a causa de la impunidad y corrupción que se mantiene instalada tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en la integrada en la entidad veracruzana. Se debe de recordar que la clase política custodia una política de autoprotección para los corruptos, por lo tanto, los ciudadanos tendrán que conformarse nuevamente a constatar que ni en México ni en Veracruz, pasa nada.
La SSP perpetra actos delincuenciales en Acayucan
El día de ayer, el empresario, José Mosqueda Prieto, miembro de la Coalición de Transportistas del Sur de Veracruz y líder de una agrupación de Taxis ubicada en la localidad de Oluta, se presentó ante la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador para denunciar al delegado de la Secretaría de Seguridad Pública con sede en el municipio de Acayucan, Ervey Cervantes Lozano, a quien lo acusa de haberlo secuestrado y además de robar sus equipos de telefonía móvil al ser interceptado de manera irregular cuando transitaba en su automóvil Chevy modelo 2011 en el kilómetro Oluta-Acayucan el pasado 22 de julio.
Indicó que el delegado le dio alcance y junto con otra patrulla de la SSP les cerraron el paso para posteriormente ordenarle que descendiera de su automóvil. Sin aludir sobre alguna orden de presentación o aprehensión, le taparon la cara con su propia camiseta para posteriormente subirlo a la patrulla sin definirle su condición legal ni la causa de la detención.
Privándolo de su libertad y con la estrategia utilizada por parte de la delincuencia organizada, al parecer Ervey Cervantes Lozano se está capacitando para cuando se quede sin trabajo o de plano, este sujeto mantiene su “modus operandi” en la zona en donde se han reportado hasta asaltos en líneas de pasajeros foráneos como también hasta violaciones sexuales en contra de pasajeras. Hasta el momento la Fiscalía General de Veracruz no resuelto ningún caso –como siempre- y al parecer, la delincuencia siga operando sin ser molestada en la zona y con la complacencia de la autoridad pues al parecer es la propia policía la que se encuentra perpetrándola.
No es la primera vez que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito tanto municipal como estatal han sido señalados por delinquir en contra de la sociedad veracruzana. Un caso muy sonado fue el que se consumó el 9 de julio del 2009 cuando elementos de Tránsito fueron captados por las cámaras de vigilancia de Apiver, cuando participaron en el secuestro de Francisco Serrano Aramoni, administrador de la Aduana Marítima en el puente Morelos. Dicho plagio nunca fue esclarecido por parte de las autoridades estatales.
El 20 de enero del 2014, el señor Efraín Martiz -padre del ex concursante “La Voz México”, Gibrán Martiz- acusó a los policías de Seguridad Pública a cargo de Arturo Bermúdez Zurita de ser quienes perpetraron el secuestro de su hijo y que posteriormente fue encontrado muerto luego de un supuesto enfrentamiento en donde dos delincuentes resultaron muertos –jamás se supo ni presentaron los rostros de los supuestos asesinos- y que en interior se encontraban los cuerpos del cantante junto con un menor de edad.
Otro caso –por citar algunos- fue la tortura videograba que policías “acreditables” propinaron al deportista con capacidades diferentes, Eder Matías Pérez el 29 de octubre del 2013 cuando este se dirigía a uno de sus entrenamientos. Lo golpearon, lo torturaron y después de cuatro horas de inculparlo por robos que se estaban perpetrando en las facultades de la Universidad Veracruzana.
En fin, una larga lista amable lector sobre actos vandálicos realizados con la licencia del propio titular de Seguridad Pública, de los cuales jamás son castigados.
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