Pretender poner en manos privadas el agua disponible de nuestro país es violatorio a los derechos humanos, no debemos de cansarnos de decirlo, el agua es un bien común y como tal pertenece a la humanidad, por lo que no debe convertirse en mercancía a la venta; es un bien común que puede ser renovable o no renovable, ya que depende del uso, tratamiento y cuidado que le demos las poblaciones; el agua garantizar nuestra existencia como pueblo, comunidades y municipios.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha declarado el “derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida”, la ONU emite esa declaración porque reconoce que sin el agua la existen humana, nuestras culturales, corren el peligro de extinguirse, también porque reconoce los conflictos y luchas sociales provocadas por los despojos que gobiernos nacionales y empresas transnacionales han causado para obtener ganancias económicas con la venta de agua. Detrás de esas empresas privadas “exitosas” y bien cotizadas en el mercado mundial, se esconde procesos sociales de explotación, sufrimiento, muerte y exclusión social humana.
El gobierno mexicano y las empresas privadas ve al agua como un bien económico, del que se puede obtener riqueza y poder político, la Iniciativa de Ley General de Aguas busca que el agua sea reconocida como un bien económico, es decir que el agua se rija por las cambiantes y caprichosas leyes del mercado; con el apoyo de los partidos políticos PRI, PAN y PVEM, representados en el Congreso, pretende privatizar el agua. La pretensión de poner en el mercado el agua atenta contra la soberanía y autonomía alimentaria de la población mexicana, ya que no puede existe la agricultura sin el agua.
La gestión del agua es una atribución de los gobiernos municipales y de las representaciones ciudadanas de las comunidades y pueblos, pertenecientes a municipios, es también una atribución de organismos agrícolas que cuidan y regulan sistemas de riego para asegurar las actividades agrícolas en todo el país.
Pretender privatizar el agua, convertirla en un bien económico, es negar la unión natural que existe entre el agua, los montes, los bosques, la biodiversidad; es pretender separa la vida de la naturaleza con los seres humanos, que somos parte de la naturaleza.
El agua forma parte de los territorios y no se puede separar para fines comerciales, donde lo han hecho generaron crisis ambiental y humanitaria, ya que es indisoluble la relación del agua con los territorios y las poblaciones asentadas en ellos.
Por ello la gestión, manejo, aprovechamiento y cuidado del agua debe ser mediante procesos participativos de organización entre gobiernos municipales, autoridades comunitarias y ciudadanía organizada. Los organismos operados de sistemas de distribución de agua deben ser democratizados, obligados a rendir cuentas a la población y transparentar su gestión. En sus órganos de gobierno debe estar representada la población, algunos le llama usurarios, yo prefiero llamarles beneficiaros con derecho y deberes, ya que reivindico que el agua es un derecho humano, y todo ejercicio de derechos tiene también corresponsabilidad y deberes.
También debemos revalorar la participación de las mujeres en el manejo y cuidado del agua; ellas en las comunidades y pueblos juegan un papel central en acopio de agua para las familias, animales domésticos y riego para las parcelas agrícolas y siembras de traspatio que les permite mejorar la alimentación de las familias. En los barrios, colonias y fraccionamientos urbanos son las mujeres las que realizan el manejo y cuidado del agua; enfrenta los escases del agua y su gestión. Por ello deben tener espacios garantizados (50% del total de espacios disponibles) en los órganos de los gobiernos de los sistemas operados del agua.
Por otro lado, pensemos, por un momento, que pasaría si se aprueba la Ley, que propone el gobierno y sus partidos afines, con el sector agrícola del país, el cual se compone de miles de campesinos pobres que practica una agricultura de subsistencia o que se han doblegado al monocultivo (cañeros, cafetaleros, piñeros o naranjeros). Qué consecuencias económicas tendría el sector ganadero que depende su producción de carne y múltiples derivados de la leche, que además contaminan miles y miles de litros agua con sus descargas de aguas residuales y sueros a los ríos y arroyos por todo el país.
Sin duda el actual gobierno federal y sus partidos, PRI-PVEM, y su aliado estratégico el PAN, quienes hacen mayoría en el Congreso, debe pesar muy bien la decisión que van a tomar, pues de aprobar la Ley General de Aguas provocaran un descontento mayor que el generado con la reformar petrolera, ya que estaría disparando al corazón mismo de miles de pueblos y comunidades del país que no pueden asumir el costo social que implica privatizar el agua. Mientras tanto y si tiene usted, amable lectora o lector, oportunidad de conocer algún candidato o candidata a diputado/a, pregúntele que opina de la propuesta de privatizar el agua. Usted puede participar en la campaña de firmas de apoyo a la Ley de las Organizaciones Civiles, en el sitio de http://www.lavida.org.mx.
creo que el agua es para todos los seres vivos, en especial para los humanos sin distinguir raza, color, religión, posición económica por lo tanto no se vale privatizarla; es inaceptable entregarla a las grandes empresas para su explotación. Nosotros que vivimos en los pueblos originarios de México nuestra cosmovisión en relación con el agua; el agua es sagrada y no es comercial. La verdad es triste ver a los que se dejan decir que son representantes de ciertas áreas geográfica ante la cámara de diputados y senadores cuando se olvidan de sus representados. Cuando andan de campañas dicen otras cosas y cuando ya están en el poder se olvidan de sus chivos. El pueblo tiene que alzar la voz de «ya basta» y no hay que creer en los partidos.