La reforma electoral procesada en 2013, sin participación ciudadana, se pone a prueba en la actual elección de diputados y con ella el Instituto Nacional Electoral, heredero de virtudes y vicios del IFE. El Consejo General del INE se conforma con 11 consejeros, nombrados por la cámara de diputados a propuesta de los diputados; después de una selección, que a nadie deja satisfecho, y que las organizaciones de la sociedad civil han cuestionado, por las negociaciones que los partidos políticos han realizado a espaldas de la sociedad. La conformación del actual Consejo General es diseño de los partidos políticos que tiene representación en la cámara de diputados y en el mismo Consejo General. El diseño institucional, sus órganos de dirección son creación de los partidos políticos. El PAN y PRD son los principales responsables de lo que ahí ocurre, pues ha llegado a acuerdos con el PRI y su muleta el PVEM.
El que ahora “descubran” que existe un bloque de consejeros “liderado” por Marco Antonio Baños Martínez, de quien se dice responde a las necesidades e intereses de Peña Nieto, el PRI y su muleta el PVEM, puede configurarse como el descubrimiento político del siglo XXI mexicano. Cuestiona que existe un bloque de consejeros afines al PRI, que la fiscalización no es tal, que al PVEM se le solapa y procura impunidad porque rémora del PRI, que a los gobernadores priistas difusores de propaganda personalizada pagada con recursos públicos y manipuladores de programas sociales a favor del PRI se les gestiona impunidad, que los órganos locales electorales (OPLEs) han sido integrados con personas cercanas al PRI y que ello lo impulsó el consejero Marco Antonio Baños con su bloque de consejeros.
Los responsables directos de la actual situación del INE son los partidos políticos integrantes del Pacto por México, PRI, PAN y PRD; ellos se han resistido a cambiar los mecanismos para la conformación del organismo electoral autónomo; en sus discursos públicos son críticos y sus propuestas presentadas podrían considerarse democratizadoras; pero el asunto es que siempre terminan aceptado que el PRI coloque un número mayor de integrantes en el Consejo General y que los perfiles de los mismos poco tenga que ver con una trayectoria de participación ciudadana independiente, de defensa de los derechos políticos o civiles. Ya que aceptan priorizar en aquellas propuestas con perfiles académicos, especialistas del derecho electoral, de procedencia del sector público y cercanía con grupos de poder político, sin vinculación con procesos ciudadanos democratizadores.
La apreciación de la población mexicana es que los organismos electorales son ineficaces y muy caros; valoran que los tribunales electorales permiten a los partidos políticos violar las leyes. La población sabe que quienes compran votos, hacen uso de los programas sociales para favorecer a sus candidatos o quienes lucra con la pobreza al comprar u ofrecer dadivas a cambio del voto no van a la cárcel, a pesar de ser delincuentes electorales, esa es una debilidad sustantiva de nuestro sistema electoral, que permite la impunidad, gobiernos y representantes populares ilegítimos.
Nuestra crisis social y política tiene relación directa con los organismos del estado encargados de garantizar los derechos de la sociedad mexicana, ya que han renunciado a su deber. Dicha crisis tiene que ver con la fatal de garantías básicas para que haya elecciones libres en México, carecemos de un sistema democrático, que deben tener un organismo electoral autónomo del gobierno, los partidos políticos y los poderes económicos. Un organismo que pueda fiscalizar los recursos económicos manejados por los partidos políticos sin límites o complicidades; vigilante del cumplimiento de la ley electoral; defensor y promotor los derechos políticos de la sociedad e impulsor permanente educación cívica entre la sociedad mexicana. Un organismo que cumpla con los principios de independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad que establecen nuestras leyes.
La actual crisis de credibilidad del INE está directamente relacionado con la actuación de los gobiernos y los partidos políticos, el INE ha sido empinado al fracaso electoral por los mismos partidos políticos que lo conformaron, ya que lo diseñaron de acuerdo a sus ilegítimos intereses. No es cierto que la pérdida de confianza al INE sea sólo por la actuación de un bloque de consejeros “liderado” por Marco Antonio Baños Martínez, el comportamiento presuntamente faccioso de los consejeros tiene que ver con el origen y el método ocupado para la conformación del máximo órgano electoral del país. Las dudas razonadas por la actuación del Consejo General del INE tiene que ver con la legalidad existente, diseñada y pactada por el PRI- PVEM, PAN y PRD; de origen la imparcialidad del organismo electoral ha sido cuestionada, al igual que la creación de los organismos electorales estatales, el cuestionamiento se hace por el perfil de los nombrados. La sociedad mexicana no cree en su sistema electoral, valora que los partidos políticos no representa los intereses ciudadanos, desconfían de la clase política partidaria, a quien califican de altamente corrupta; desconfían del gobierno y sus instituciones.
Nuestras instituciones públicas sólo pueden cambiar si la sociedad participa en libertad; la elección que vivimos, a pesar de nuestro sistema electoral, es una oportunidad para cambiar el rumbo del país, reconstruir nuestras instituciones públicas, hacer una reformar política que reconozca nuestros derechos políticos. Ese es el reto de la sociedad mexicana, cambiar a pesar del sistema de partidos que sufrimos. Usted que opina amable lectora o lector.
Además debemos opino que debemos seguir exigiendo la aparición con vida de los 43 normalista de Ayotzinapan y castigo a los responsables. Felicidades a las Patronas por aniversario, 20 años hacen la diferencia y son un mensaje de esperanza para seguir participando.
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