El rompimiento de la relación laboral entre Carmen Aristegui y MVS, llevada a efecto de manera unilateral por la familia Vargas, ha generado, más acá de las filias y las fobias que la periodista convoca entre el gremio periodístico y en la sociedad nacional -legítimas, sustentadas y respetables muchas, así como triperas, envidiosas y fanatizadas también muchas-, la discusión y análisis del hecho desde dos posiciones colisionadas: la que remite el caso a una probable violación de contrato por parte de la empresa -en lo referente a la que fue durante varios años su conductora estrella- y a un despido posiblemente injustificado de por lo menos ocho/diez integrantes del equipo de Aristegui entre reporteros, editores y responsables de ciertas áreas de su noticiario; y la que remite el caso a un posible atentado a la libertad de expresión desde el gobierno federal, para acallar a Carmen, dicen, en venganza por el multicitado y justamente aplaudido trabajo acerca de la llamada <casa blanca>, propiedad de la esposa de Enrique Peña en las Lomas de Chapultepec. Sobra repetir aquí la información ya sabida, y si no consultable, respecto al desarrollo de los acontecimientos.
No sobra puntualizar que hasta ahora, tarde del lunes 23 de marzo, la periodista y la empresa han emitido sus encontradas posiciones/versiones y han cruzado descalificaciones mutuas en torno a lo dicho por cada quien, pero ninguna ha aportado pruebas que sustenten sus dichos y abonen a la transparencia que desde cabinas radiofónicas, estudios televisivos, páginas físicas de diarios y revistas, sitios web y las llamadas redes sociales le exigimos a los gobiernos; aún más: lo dicho por Carmen Aristegui y MVS durante las casi dos semanas últimas ha abonado a la opacidad y contribuido a que prevalezcan las interpretaciones por encima de los hechos, ha desatado una guerra de posiciones entre los fans y los detractores de Carmen y catapultado la oscuridad sobre un momento que debería ser aprovechado para redefinir en específico desde la discusión argumentada el papel de los medios de información masiva electrónicos no como empresas a secas sino, dadas sus características de concesiones otorgadas por el Estado, como espacios de servicio público mediados por el negocio, sí, pero mediados también por la obligación legal de cumplir con el principio constitucional del derecho a la información de sus audiencias. Desafortunadamente, sólo algunos análisis y opiniones han ido en tal sentido.
Este perpetrador de dudas continuas y certezas discontinuas derivadas de aquellas, refrenda lo dicho aquí hace unos días: le tiene un gran cariño a Carmen Aristegui por razones que no viene al caso enunciar aquí, cree a pie juntillas que ésta tiene que demandar civil y/o laboralmente a MVS por haber terminado unilateralmente el contrato entre ambos y que los reporteros deben demandar también. Asimismo considera, a contrapaso de muchas opiniones, que el caso sí es de índole política y rebasa el ámbito <entre particulares>, porque toda relación entre trabajadores y patrones, y los conflictos derivados de ella, son objeto de atención del Estado a través de la Secretaría del Trabajo y los tribunales establecidos ad hoc para tales efectos. Sabe también, por cierto, que es una falacia -o el sueño de los autoritarios o los sin ley, si se quiere- eso de que cualquier patrón puede despedir a sus empleados o trabajadores cuando lo considere conveniente; y lo es -la tal falacia, pues- porque existe una añeja legislación cuyo cometido establece con detalle las causales de despido. Y deja asentado aquí el perpetrador de marras que más allá de las supersticiones y los artículos de fe esgrimidos por ambas partes aún no hay prueba alguna en descargo de ninguna de éstas ni pruebas del presunto atentado a la libertad de expresión.
Hace unos años y al calor de los embates de Silvio Berlusconi para amordazar a la prensa Umberto Eco publicó, a petición de parte en L’expresso y en pro de la libertad de expresión, un artículo titulado “El enemigo de la prensa” (22/11/09), en el cual exponía que “cuando alguien tiene que intervenir para defender la libertad de prensa eso entraña que la sociedad, y con ella gran parte de la prensa, están enfermas. En las democracias que definiríamos <vigorosas> [agregaba] no hay necesidad de defender la libertad de prensa porque a nadie se le ocurre limitarla.” Y si atendemos a lo dicho en las redes sociales por mucha gente defensora de Carmen Aristegui -fundamentalmente nuestra clase media políticamente correcta-, que manifiesta su fe en que el gobierno federal llevó a cabo un acto de censura en contra de la periodista, podríamos coligar que estamos enfermos tanto la prensa como la sociedad ampliada y que la nuestra no es siquiera una democracia en vías de ser vigorosa, cuestiones que este perpetrador de coincidencias avala con todas sus letras porque tiene la certeza de que el regreso del PRI a Los Pinos es, y será siempre, un retroceso, aunque asume e insiste en no tener prueba alguna de el supuesto atentado a la libertad de expresión.
Ubicados todavía en los oscuros terrenos de la opacidad creada por las partes en conflicto parece que <la fuerza del lado oscuro> es la repelente realidad sobre la cual se construyen los discursos auto justificadores dados a conocer a la sociedad mexicana: “censuraron el reportaje sobre la casa blanca”, “el golpe fue largamente planeado”, “los antes caballeros cedieron a las presiones” y… dice una; “en diciembre firmó un nuevo contrato”, “hubo aumento de salario y se le compró camioneta nueva, “en febrero se dieron aumentos de sueldos a la mayoría de su equipo” y… dicen los otros. Y hay más afirmaciones y más y más. Lo que no hay hasta el momento es, por ejemplo, una copia pública del tal contrato -ni del anterior, importante para ver las causales de rompimiento, el monto a pagar por ello y otros detalles- y muchas afirmaciones desacreditadoras a toro pasado revelan nomás una mala relación de tiempo atrás entre la familia Vargas y Carmen Arstegui. Al igual esto deja entrever, según algunos colegas académicos y periodistas afirman en aleatorias conversaciones, que los Vargas procedieron, siendo más peñistas que Peña, para intentar congraciarse con éste y sus adláteres.
Los dimes y diretes lanzados de un lado y otro del affair Arfistegui-MVS alimentan los dogmas, las hipótesis y las interpretaciones ante los cuales sucumben los hechos sin pruebas vueltos remedos de lo que afirman algunos respecto al por qué no se cae la tierra/el mundo: “la/lo sostiene una tortuga gigante”, dicen; cuando se les pregunta quién o qué sostienen a la tortuga responden: “otra tortuga”; y si se insiste preguntando qué hay más abajo responden: “no pos más abajo hay otra tortugas y otra y otra y… puras tortugas y…” así ad infinitum se eslabonan los actos de fe y los credos. Como sea, y concediéndoles el derecho a la duda a quienes se alinean en torno a la creencia de que lo abordado en este espacio es resultado de un acto de censura por parte del gobierno federal, este perpetrador de la políticamente incorrecta y aventurada afirmación de que ni mi querida Carmen ni los Vargas transparentarán lo que realmente ocurrió entre ellos hace suya y dirige a los votantes pasados y futuros la pregunta del mismo Eco citado líneas atrás: “¿por qué tomársela con estos hombres [los Berlusconi, los Díaz Ordaz, los Peña, los Maduro, los Duarte…] y no con la sociedad que les ha dado carta blanca?”…
(el affair aristegui-mvs) «debería ser aprovechado para redefinir en específico (…) el papel de los medios de información masiva electrónicos no como empresas a secas sino, dadas sus características de concesiones otorgadas por el Estado, como espacios de servicio público mediados por el negocio, sí, pero mediados también por la obligación legal de cumplir con el principio constitucional del derecho a la información de sus audiencias».
el problema acá es que si dejamos de lado las características del caso y recurrimos al argumento de que la ‘concesión’ del espectro radiofónico por parte del estado -que en una democracia como la nuestra, procede de ‘el pueblo’- obliga al ‘concesionario’ a ‘informar a las audiencias’-de nuevo ‘el pueblo’-; entonces, desde esa misma visión rajatabla -por la que ud. urge redefinir el papel de los mm- podemos afirmar que lo que hacen y siguen haciendo los medios es enviar información… ‘informar’, como alguno llaman a eso.supongo que usted se refiere a dar información ‘pertinente’, ‘veraz’ incluso ‘útil’ para la audiencia (op cit.), y entonces habrá que hacerse la pregunta de cómo y quién definirá qué tipo de ‘información’ cumple con dichas características (ud? el grupo de notables del que ud forma parte? el estado apoyado en el grupo de notable del que ud forma parte?). eso nos regresa al asunto de las ‘concesiones’ y del papel del estado para revisar el uso de éstas. el mm cumple con su obligación de informar de manera pertinente, veraz, etcéteras? no? qué hará entonces? cerrarlo? cen-su-rar-lo?
me parece que el punto aquí es ‘la pluralidad, la ‘obligación’ de ‘informar’ -toda vez que la información ‘objetiva’ sólo aparece en bestiarios medievales- desde diversos ‘puntos de vista’. desconozco si la mentada ‘pluralidad’ está contemplada en la ley de concesiones o sólo forma parte del ‘código deontológico’ de ‘el periodismo’ ; pero el único uso que le he visto en los mm actuales, es la construcción de audiencias y su posterior segmentación para fines publicitarios. mvs lo sabía -lo sabe?- y su joyita -hoy despedida- también…