Desde hace dos años, Patricia Benítez, integrante del Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara (Cesem), ha emprendido una lucha por acceder al expediente de la investigación 142/2007 y la determinación 140/2007 relacionada con la muerte de la indígena de Soledad Atzompa, Ernestina Ascencio Rosario, presuntamente violada y asesinada por militares en la Sierra de Zongolica.

Sin embargo, su lucha se ha estrellado contra la negativa de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, quienes han impedido su posible acceso al expediente completo de la investigación. Cuando mucho, se le dio copia de una versión pública de la misma, que contiene extractos omitidos o borrados con tinta negra, de pasajes incompletos de la investigación, sin contar con la supresión de datos importantes como los peritajes médicos.

Ante esta situación, Benítez emprendió un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para buscar la apertura de la información, pero está aun no resuelve. Se trata de un caso que ha cobrado relevancia por las declaraciones del perito Pablo Mendizabal, quien en días pasados declaró que Ernestina Ascencio sí tenía rastros de haber sido violada y asesinada a golpes, contrario a la versión oficial, que declaró su muerte como producto de una anemia.

“Es es una información pública. Yo necesito que se abran los expedientes”, expresa Benítez en entrevista y añade: “el Procurador tiene la obligación de revalorar lo que en su momento se me negó, mi derecho de conocer los expedientes y quitarlos de información reservada”.

Para la activista, pese a la negativa de las autoridades de acceder a los expedientes, hay ciudadanos que buscan conocer la verdad de primera mano, pues “hay organizaciones y personas que jamás aceptaremos que Ernestina no fue atacada por militares”.

“Yo creo que la sociedad tiene derecho a saber y a conocer los expedientes completos”, insiste Benítez, al expresar que independientemente de la creencia personal, esto es algo que va más allá de “creer o no creer”, pues trata del ejercicio de un derecho constitucional.

“Se inició una investigación y es un documento que tenemos derecho la sociedad y los particulares en conocerlo”, sostiene, a espera de la resolución del máximo tribunal del país.