Samy Hayeck y Jaime Quintanilla Hayeck, padre y primo hermano de la actriz Salma Hayeck, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), de México, por presuntos delitos de falsificación de documentos, tráfico de influencias, despojo y fraude en agravio de particulares de Coatzacoalcos y del gobierno federal.

Desde el mes de Noviembre del año 2009, la empresa Servicios de Ingeniería, Medición y Control, S.A de C.V, presentó una denuncia penal, en contra de Jaime Quintanilla Hayeck, Samy Hayeck y el abogado Tonalzin Pérez Cruz, por presunta asociación delictuosa, despojo, falsificación de documentos y cobro indebido de recursos federales.

Escudándose como presunto operador financiero de la campaña interna dentro del PRI de Javier Duarte de Ochoa, rumbo al proceso electoral del año 2010, Jaime Quintanilla, falsificó documentos para aparecer junto con el padre de la actriz Hollywoodense, Salma Hayeck, como propietarios de 49 hectáreas, presuntamente, afectadas por obras del distribuidor vial que realiza la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), en Coatzacoalcos.

Manifestándose como propietarios de la Inmobiliaria Parque Industrial de Coatzacoalcos, los Hayeck, falsificaron títulos de propiedad, a fin de invalidar los verdaderos títulos de propiedad de los hermanos Manuel, Dolores y Bernardo Bringas Coello, reconocidos por el Registro Público de la Propiedad del estado y diversas notarias, como los auténticos dueños de los terrenos por donde se construye una obra federal.

Para consumar el despojo, los Hayeck contaron con el apoyo del director de Patrimonio del estado Antonio Flores Vargas, que expidió un documento, que los reconocía como propietarios.

Libraría PGR orden de aprehensión

Con ese documento, Samy Hayeck y Jaime Quintanilla, cobraron el 24 de Noviembre del año 2009 un millón, 695 mil 55 pesos a través del cheque número 0001724 de Banamex, un millón 587 mil pesos a través del cheque número 0001732 del Banco Banamex y un millón 633 mil 169 pesos, con el número de cheque 0001735 de la misma institución bancaria.

Por tales motivos, los afectados presentaron una denuncia penal ante el ministerio público número dos de Coatzacoalcos, debido a la complicidad que evidenciaron dado a que en dos meses no avanzó la querella, se dirigieron a la PGR.

En la Procuraduría General de la República, se abrió la averiguación previa, VER/CTZ/11/1872009, misma que se remitió al juzgado primero de distrito de Veracruz, para que procediera a dictar órdenes de aprehensión contra la familia de la actriz.

El tráfico de influencias, se vio reflejado, segun los demandantes, en el Tribunal Superior de Justicia del estado a cargo de Reynaldo Madruga, donde lejos de girar la orden solicitada por la PGR, se mandó el expediente a la congeladora por tres meses.

Manuel, Dolores y Bernardo Bringas Coello manifestaron su inconformidad ante la PGR y el organismo, se vio en la necesidad de retomar el caso.. en días próximos emitirá una orden de aprehensión en contra de quienes se ostentan como “operadores” financieros, del aspirante del PRI al gobierno del estado.

"Nos han mandado a decir que la justicia les hace los mandados, que son protegidos por Javier Duarte porque le estan dando dinero para su campaña, nosotros no lo creìamos hasta que vemos que la justicia local no hace nada. Por eso tenemos fé en que la federal actúe y nos reconozcan nuestros derechos como legítimos propietarios de esos terrenos", señalan.

Julen Rementería, complicidad

Los afectados acusaron además al coordinador general de los Centros SCT del país, de militancia panista, Julen Rementeria del Puerto, debido a que fue notificado del abuso e irregularidad que se cometía en contra del gobierno federal, y el jurídico de la dependencia no ha actuado hasta la fecha.

Debido a que el clan Hayeck, cobró más de 5 millones y medio de peso a la SCT que pagó, aun sabiendo que existia un juicio por despojo, por presuntas afectaciones a terrenos que no eran de ellos, dicen, la dependencia que representa Juan Molinar Horcasitas, debió proceder con una denuncia penal a través del jurídico de la dependencia, misma que no se presenta hasta este momento.

Por no vigilar los intereses del gobierno federal, Julen Rementeria del Puerto Coordinador General de los Centros SCT, autoridad a la que le correspondió proceder podría ser demandado por daño patrimonial al erario público y complicidad.