Foto: Sergio Hernández

Ni haber sido declarados inocentes del delito de ataques a las vías generales de comunicación federal ha impedido el acoso y el hostigamiento permanente de la empresa porcícola Granjas Carroll de México contra los ambientalistas de La Gloria.

La acusación se dio por una protesta que realizaron en 2007 decenas de comunidades en contra de la empresa, que pretendía instalar una nueva granja porcícola en plena comunidad.

La resistencia social sólo provocó la reacción de la poderosa trasnacional, que montó una acción policial extrajudicial y presentó una denuncia penal para encarcelar a los manifestantes, acusándolos hasta de robo, aunque posteriormente un empleado de la misma se retractó de sus acusaciones revelando que había sido presionado para mentir en sus señalamientos.

Casi dos años después, los activistas de La Gloria, no conocen descanso. El pasado 7 de enero el juez primero de distrito en Puebla, José Ybrahím Lima, eximió de toda responsabilidad en el delito imputado por la empresa a Guadalupe Serrano Gaspar, Bertha Crisóstomo Lara, Margarita Hernández Burgos, José Luis Martínez Crisóstomo y a María Verónica Hernández Arguello.

Pero la empresa volvió a arremeter contra los ambientalistas, apelando a la decisión del juez y llevando el caso hasta un Tribunal Unitario. Esto a pesar de que el mismo gobernador Fidel Herrera Beltrán prometió el año pasado interceder para la empresa se desistiera de la denuncia, presionado por el escándalo en el que se vio envuelto su gobierno.

Visitamos a Bertha Crisóstomo Lara, quien es además agente municipal de la comunidad de La Gloria. Su temor es visible, asegura que sus teléfonos están intervenidos y ella es constantemente vigilada. Una amenaza invisible que tiene como principal sospechoso a la empresa porcícola.

Reconoce que tras las protestas del 2007, su vida se reparte entre el ajetreo constante propio de su responsabilidad y en un desgaste físico, emocional y económico, tras el proceso judicial abierto por la trasnacional. Los jueves de cada quince días, junto con el resto de sus compañeros denunciados, acude al juzgado de Puebla a firmar, pues cada uno de ellos debió cubrir una fianza de 8 mil pesos para evitar ser encarcelado mientras sigue el juicio.

El desgaste económico de los señalados es impresionante, si se considera que los denunciados son campesinos o pequeños comerciantes y tienen que cubrir además los gastos en transporte, el pago de honorarios de los abogados y la pérdida del jornal de un día completo. Un objetivo logrado por la empresa, que sabe que perderá el juicio, pero logrará el desgaste de los activistas.

“Hasta allá (Puebla) vamos cada quince días, ya llevamos dos años desde el ocho de abril de 2008”, narra, angustiada Bertha Crisóstomo.

‘Cuál fue el logro de ustedes’.- se le pregunta.

“La única satisfacción es que después de todo esto la empresa no se va a instalar en La Gloria, ese fue el único triunfo que tuvimos”.

‘Y la contaminación’.- se le pregunta

“Los malos olores siguen. A la planta de Xoltepec le pusieron un biodigestor, parece está cumpliendo normas, pero las demás no y generan una pestilencia”.

‘Siguen los enjambres de mosca’.- se le plantea.

“Así es, la mosca sigue”.

‘Porque no han seguido con las protestas’, se le pregunta a Bertha Crisóstomo, y la respuesta es obvia:

“No nos hemos acercado ya más a eso porque cualquier cosa que hagamos, sabemos que nos puede afectar y así como nos fabricaron cargos, pueden volver hacerlo. No vamos a salir de una y entrar en otra”.

Bertha Crisóstomo sabe de lo que habla. Apenas el jueves, un grupo de ellos, tuvieron un recordatorio de la pesadilla aún no acaba.

“El jueves, cuando fuimos a firmar al juzgado de Puebla junto con Margarita y José Luis, fuimos seguidos por un coche blanco, desde la Laguna hasta Puebla”.

“En el juzgado trataron de abrir la camioneta, no sabemos para qué, pues empezó a sonar la alarma y cuando bajaron del juzgado, vieron que estaba abierta la portezuela del lado del conductor”.

“No sabemos si querían llevarse la camioneta o querían sembrar algo o ponernos algo o hacerle algo a la camioneta”.

Tras subir de nuevo a firmar y salir del local, “ese coche blanco de nuevo comenzó a seguirnos”.

“Entramos a una gasolinería y luego a un café. Le hablamos al presidente municipal (de Perote) que nos estaban siguiendo. El coche se pasó. Tuvimos el apoyo del presidente que nos mandó una patrulla que nos acompañó hasta que llegamos”.

‘Porque cree que pasó esto’.- se le pregunta.

- Es una intimidación.- responde Bertha Crisóstomo y evita pronunciar el nombre de quien para todos es obvio está detrás de las amenazas.