Xalapa, Ver. Preservar los derechos humanos de los adolescentes y garantizar su plena reinserción en la sociedad es el objetivo de la Minuta remitida por el Congreso de la Unión y aprobada por la LXIII Legislatura local, relativa a la justicia para jóvenes, explicó la presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, diputada Marcela Aguilera Landeta.
El Congreso de Veracruz avaló este 14 de mayo –por obvia resolución–, la Minuta que establece la facultad del poder legislativo federal para emitir un ordenamiento nacional en materia de justicia para adolescentes, en un plazo de 180 días a partir de la vigencia del Decreto de Modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada explicó que a partir de la entrada en vigor de esa ley, la legislación veracruzana de responsabilidad juvenil quedará derogada y se esperarán los nuevos lineamientos: “Pero en todo momento se busca contar con atención especializada para jóvenes infractores, y que se logre una rehabilitación que permita su reinserción en la sociedad”.
La reforma constitucional marca que ningún adolescente menor de 14 años ingrese a un centro de internamiento, sino que reciba apoyo psicológico: “No se trata de abrir más espacios de reclusión. La idea es lograr, a través de capacitación, orientación y apoyo psicológico, una verdadera rehabilitación que permita integrar a la sociedad a los jóvenes que delinquen”.
Marcela Aguilera explicó que Veracruz tiene su Ley de Responsabilidad Juvenil y un centro de internamiento ubicado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, pero al momento de la entrada en vigor de la ley nacional se deberán hacer las adecuaciones pertinentes en la atención de este sector poblacional.
Veracruz –agregó–, siempre ha estado a la vanguardia en las leyes: “Hay entidades que carecen de legislación en materia juvenil, lo que dejan a los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En nuestro caso, el Congreso del Estado deberá revisar, a fin de año, el presupuesto destinado a materializar las adecuaciones que requiera la Ley General”.
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