Córdoba, Ver.- El sector privado rechazó la propuesta del Gobierno estatal para que el Ayuntamiento de Córdoba no sólo solvente el pago de nómina de nuevos elementos viales, sino destine recursos para el mantenimiento del parque vehicular de Tránsito, pues representaría una “doble tributación”.
De las infracciones aplicadas en la ciudad, el 30 por ciento se canalizan a la Secretaría de Seguridad Pública, por acuerdo entre el estado y el municipio desde el 2013.
Empresarios como Ramón Romano expresaron abiertamente su rechazo a esta solicitud del Gobierno estatal, por conducto de Edmundo Martínez Zaleta, al argumentar que “será como tributar doble para un mismo fin, que es la operatividad de Tránsito del estado en Córdoba”.
La Dirección de Tránsito del Estado argumenta que en algunos Ayuntamientos del norte del estado y en Xalapa, ya se tiene esa “coordinación” donde los gobiernos municipales cubren nómina de entre 40 y 50 elementos recién egresados de la Academia de Policía, propuesta que no se ha presentado de manera formal a Córdoba, pero ya se abordó con los empresarios y con la regidora priista Mirna Puertos para que respalda la iniciativa ante el Cabildo.
Hace un año, la misma Dirección de Tránsito rechazó la intención del Gobierno de Córdoba de solventar el salario de 25 auxiliares de vialidad, las cuales se enfocarían a dar paso en las avenidas del centro de la ciudad a los visitantes en temporada vacacional y en algunas escuelas céntricas, sin capacidad de aplicar sanciones, encontrando la oposición de la misma regidora priista y del Gobierno estatal, bajo el argumento de la necesidad de someter a los exámenes de control y confianza.
Cabe destacar que desde el establecimiento del Mando Único en Córdoba, el Ayuntamiento y el Gobierno estatal acordaron la permanencia del reglamento municipal de Tránsito y Vialidad para la aplicación de sanciones; en tanto se determinó que del total de infracciones emitidas, el 30 por ciento se enviaría a las arcas estatales, lo cual ha venido sucediendo así, aunque las “infracciones vienen a menos”.
De un promedio semestral de 580 mil pesos, apenas se están recibiendo 360 mil pesos, en tanto el número de ingresos de vehículos al corralón oficial es práctica nulo en las últimas semanas.
Este último dato genera malestar de los empresarios porque conjuntamente con el Ayuntamiento se acordó dotar de un espacio, pagado por el municipio para el resguardo de los vehículos, a fin de acabar con los cobros excesivos de particulares, sin embargo, no está ocurriendo así ante la sospecha de actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito, en contubernio con operadores de grúas particulares.
Tras la reunión privada de trabajo con Edmundo Martínez Zaleta, realizada en el Mando Único en esta semana, los empresarios rechazaron nuevamente el nuevo reglamento estatal de Tránsito, posición que llevaron este martes a la acostumbrada mesa de trabajo con las autoridades municipales ante el sentido “recaudatorio” del mismo.
Incluso, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona central del estado, Abraham Becerril evidenció que el reglamento, aún cuando no entra en vigor, está propiciando una descarada corrupción, al dejar a criterio de los agentes la aplicación de diversas sanciones.
“Nos indican en Veracruz puerto que un socio del Consejo Coordinador Empresarial fue víctima de un intento de extorsión a manos de un agente vial, al detener un autobús y pretender cobrarle 5 mil pesos para no aplicarle la nueva sanción prevista en el reglamento de 30 mil pesos. El afectado habló al organismo empresarial y éste a su vez elevó su queja ante las autoridades del puerto, evitándose este atraco”, dijo ante los empresarios y funcionarios municipales y estatales participantes en este encuentro sema
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