México, D.F.- Luis Videgaray, secretario de Hacienda, terminó de pagar la casa de Malinalco, después de asumir el cago, a Grupo Higa, constructora encabezada por Juan Armando Hinojosa, uno de los contratistas preferidos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
Pagó por la casa, tres obras de arte y un cheque personal por 6.6 millones de pesos fechado el 31 de enero de 2014. Ese cheque no se cobró hasta casi un año después, precisamente unos días antes de que se publicara un reporte que cuestionaba los negocios del funcionario federal con el contratista del gobierno, agrega.
El cheque estuvo sin cobrar, en manos de la constructora y los fondos se transfirieron días antes de que se diera a conocer la sospecha de corrupción, reportó en su página electrónica. Estas revelaciones “se suman a la telenovela política que ha dominado los titulares de meses y que ayudó a minar la aprobación pública del presidente Enrique Peña Nieto”, destaca Bloomberg.
El reporte cita documentos dados a conocer la semana pasada como parte de la investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre compras de viviendas por parte del secretario de Hacienda, el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera. Los tres fueron exonerados de haber caído en conflicto de intereses.
Según Bloomberg, el titular de la Función Pública, Virgilio Andrade no contestó las solicitudes de entrevista.
Peña, Videgaray y Rivera negaron haber actuado de forma inadecuada y los tres se negaron a dar entrevistas para la nota de Bloomberg a través de representantes de prensa, al igual que el contratista.
“En documentos difundidos la semana pasada, Andrade dijo que Videgaray extendió el cheque por 6.6 millones de pesos, o unos 500 mil dólares en ese momento, en enero de 2014, a una unidad de Juan Armando Hinojosa, cuyo Grupo Higa es un conglomerado constructor que tiene 22 contratos gubernamentales, entre ellos el de renovación del hangar presidencial en el aeropuerto de Ciudad de México. La firma de Hinojosa no cobró el cheque hasta el 5 de diciembre, días antes de que un artículo del Wall Street Journal cuestionara el acuerdo”, añade Bloomberg.
Agrega que en el informe difundido la semana pasada por la SFP se concluyó que Videgaray compró la casa antes de convertirse en funcionario federal y que no estuvo involucrado de forma personal en el otorgamiento de los contratos.
“Los documentos difundidos junto con el informe de Virgilio Andrade indican que Videgaray no concluyó la compra de la propiedad hasta el 28 de noviembre de 2013, casi un año después de entrar en funciones. El cheque de 500,000 dólares está fechado dos meses después de eso”, detalla el medio estadunidense.
En diciembre The Wall Street Journal informaba que la casa costó 7.5 millones de pesos y que Higa, a través de Bienes Raíces H&G SA, habría dado un financiamiento a 18 años para la adquisición. Videgaray argumentó que adquirió la casa en octubre de 2012 y que decidió pagar anticipadamente un crédito por 6.8 millones de pesos “por razones financieras”.
“No hubo ningún conflicto de intereses. Hice el trato cuando yo no tenía cargos públicos”, dijo.
La semana pasada Función Pública respaldó la versión de Videgaray cuando dio a conocer los resultados de sus investigaciones respecto al presunto conflicto de interés con la empresa favorita del gobierno de Peña Nieto.
Videgaray ofreció una disculpa a la ciudadanía y reiteró no haber cometido delito alguno.
LA RESPUESTA DEL SECRETARIO
En una carta, el titular de Hacienda respondió a Bloomberg que “en los documentos hechos públicos en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública se establece con claridad que el cheque con el que se liquidó la operación sería cobrado una vez que fuera liberada a mi favor, mediante escritura pública, la hipoteca constituida sobre el inmueble, correspondiendo a la parte vendedora realizar los trámites necesarios para dicha liberación. A partir de la entrega del cheque, ya no dispuse de los recursos, en espera de que concluyera el trámite notarial.”
Destaca que “la investigación de la Secretaría de la Función Pública demostró que, en términos de la normatividad aplicable, la operación fue hecha conforme a la ley”.
Al concluir, el funcionario federal asegura: “durante toda mi carrera profesional, me he conducido en el marco de la ley y con absoluta transparencia. Prueba de ello es que todos los documentos relacionados con la investigación son públicos y están abiertos para el escrutinio de los ciudadanos.”
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