Por Noé Zavaleta/Proceso
Durante la administración del actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, en esa entidad se han descubierto 11 fosas clandestinas con al menos 134 cadáveres, presuntamente víctimas del crimen organizado. Todas esas inhumaciones clandestinas han sido documentadas por los medios, excepto dos: se trata de las fosas de Portezuelo y Mata Loma, ocultadas por las autoridades federales y estatales. El hallazgo ocurrió en noviembre de hace cuatro años –cuando la narcoviolencia se recrudeció en esa parte de la costa del Golfo de México– y se pudo mantener en secreto, hasta ahora.
Manlio Fabio Altamirani, Ver. (Proceso).- “En la oscuridad los enterraron. De noche, también, los exhumaron”. Así relatan pobladores de las comunidades de Portezuelo y Mata Loma el hallazgo de dos fosas clandestinas en este municipio, de donde hace cuatro años agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades locales extrajeron restos de 28 personas.
La madrugada del 4 al 5 de noviembre de 2011 –y las tres siguientes–, fuerzas federales y elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) trabajaron a marchas forzadas para retirar las pruebas de una matanza que fue silenciada cuando llegaba a su fin el sexenio de Felipe Calderón y empezaba el gobierno de Javier Duarte en Veracruz; 48 meses después, sólo algunas autoridades locales y federales, así como habitantes de este municipio, saben de ese hallazgo.
A espaldas de un pequeño basurero al descubierto, por una brecha de grava abierta por Pemex y a un kilómetro de la comunidad de Portezuelo, presuntamente la delincuencia organizada enterró 28 cuerpos; de ellos se tiene la certeza de que 17 eran hombres y cinco mujeres. Del resto, la PGR señala que ni con un dictamen de antropología forense se pudo obtener el “perfil genético”.
En los oficios SJAI/DGAJ/11235 y SJAI/DGAJ/07650/2015 de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) de la PGR (obtenidos mediante la plataforma Infomex) se advierte que la Agencia de Investigación Criminal, la Coordinación de Servicios Periciales y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) establecieron que las edades de los ejecutados y enterrados en las dos fosas fluctúan entre 23 y 50 años.
“Los restos de 27 cadáveres se encuentran en el Laboratorio de Genética Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales (de la PGR), siendo que únicamente se logró la identificación de los restos óseos de un cadáver, mismo que fue entregado a sus familiares”, señala la SJAI.
Añade: “Los documentos que atienden su requerimiento de información obran dentro de una investigación ministerial, que se encuentra ‘en trámite’, por lo que tienen el carácter de reservado por un periodo de doce años”.
La inhumación clandestina de estas 28 personas tuvo lugar un mes después de que empezó a recrudecerse la violencia en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río (entre septiembre y octubre de 2011), que dejó 67 muertos en tres eventos distintos: el 20 de septiembre de 2011 un comando abandonó en la Plaza del Volador, en Boca del Río, 35 cadáveres maniatados, semidesnudos y con sendas letras “Z” talladas en la espalda; 16 días después la Marina emitió el comunicado 313/2011, donde consignaba el hallazgo de 32 cuerpos sin vida en diversas viviendas de los fraccionamientos Jardines de Mocambo, Costa Verde y Costa de Oro.
En Veracruz la violencia fue impuesta por Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y, en el norte, el Cártel del Golfo, junto con la corrupción de policías intermunicipales, ministeriales y otras autoridades, que permitieron el asentamiento de esas mafias en la región.
En lo que va del sexenio del priista Javier Duarte se han hallado once fosas clandestinas en Veracruz, incluyendo una en Alvarado (con nueve cuerpos) y las de Portezuelo y Mata Loma, de las cuales no se tenía noticia. En esas once fosas se localizaron 134 cuerpos, más de la mitad de ellos –según cifras oficiales– aún sin identificar.
El Colectivo por la Paz y la agrupación Solecito –entre otras organizaciones de personas que buscan a sus familiares víctimas de desapariciones forzadas– siguen recriminando la inacción e inconsistencias de las autoridades locales para dar con el paradero de los desaparecidos, y en el ámbito federal cuestionan la “lentitud” y “poca cobertura” con que se aplica el sistema de recompensas de la PGR.
“Aquí no pasa nada”
En Portezuelo y Mata Loma la gente vive del cultivo de maíz o se convierte en mano de obra del corporativo industrial Tamsa y de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai. “Aquí había delincuentes de esos pesados. No eran de aquí, pero ya se fueron como hace dos años; tiempo atrás aquí no pasaba nada. Bueno, sí pasaba… pero no podías hablar, ni decir nada. Ustedes (los periodistas) lo saben muy bien”, expone un habitante del lugar.
En Portezuelo no hay ni 300 habitantes; apenas existe una pequeña iglesia y una primaria con seis aulas, una para cada grado escolar.
“Aquí es un ejido donde no pasaba nada… hasta que supimos lo de los cuerpos; pero en la prensa no salió nada, ni al otro día, ni después. Hubo temor y miedo, pero después todo volvió a la tranquilidad”, dice a Proceso un lugareño.
Un funcionario cesado de la extinta PGJE acepta hablar de “la matanza silenciada” a condición del anonimato. Expone que desde el Palacio de Gobierno en Xalapa se dio la orden para que el asunto se manejara en el más estricto hermetismo.
“Todas las labores se hicieron de noche. El movimiento de peritos forenses, de MP, se efectuó en secreto para que nadie se enterara. Ni la prensa ni otros miembros de la procuraduría, menos los de Veracruz, tuvieron conocimiento de las diligencias que se hacían desde Xalapa por gente de la capital”, señala.
Para garantizar la secrecía de la faena –ahonda la fuente–, a quienes participaron en la exhumación se les retiraron teléfonos celulares, ipads y otros dispositivos electrónicos mientras se realizaban los trabajos. “Esa fue la instrucción”, asegura, del entonces titular de la PGJE, Reynaldo Escobar Pérez, hoy aspirante al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
“Sólo jefes, directores, tenían vías de comunicación; ellos eran los que pasaban el reporte al Palacio de Gobierno y entiendo que a autoridades federales también.”
De acuerdo con el entrevistado, la mayor parte de los cuerpos estaban “hechos pedazos”, la mitad “decapitados”, y había cuatro que vestían uniformes “tipo militar”. El documento SJAI/DGAJ/11235, derivado de la solicitud de información número 0001700236515, refiere que la PGR no “cuenta con ese dato”, en referencia a datos que permitieran dilucidar si entre las víctimas había personal castrense.
La fuente consultada expone que la investigación sobre las dos fosas se hizo con tal hermetismo que ni siquiera se avisó a los alcaldes de la región: Soledad de Doblado, Veracruz y Manlio Fabio Altamirano.
“El hallazgo lo obtiene la Marina gracias a que atraparon en Soledad a un malandro (sic) al que le encontraron información, fotos y videos sobre víctimas. Ahí comienza la excavación.”
“Sólo hay caca de vaca”
En Veracruz es común que las autoridades quieran ocultar o matizar el hallazgo de fosas o ejecuciones masivas.
El 24 de junio del 2014 el subprocurador de la zona sur, Arturo Herrera Cantillo, fue cesado de la PGJE por haber “confirmado” a la prensa el hallazgo de dos fosas en un rancho del municipio de Tres Valles.
“Mi error fue dar a conocer la existencia de varias narcofosas en el rancho El Diamante, cuando el gobierno y la Fiscalía estatal mantenían la información en total hermetismo”, dijo Cantillo a una radiodifusora local en aquella ocasión.
Respecto a la última fosa descubierta, en Alvarado el pasado septiembre, reporteros de nota roja fueron avisados por cooperativas de pescadores y por familiares de personas desaparecidas del hallazgo de un nuevo cementerio clandestino en la comunidad de Paso Nacional, a donde sólo se podía acceder por lancha. Toda la tarde y noche del día 10 y la mañana del 11 de septiembre el hecho fue negado por la Fiscalía General del Estado.
“Se recibió la alerta, hay diligencias pero hasta ahora sólo han encontrado caca de vaca (sic)”, dijo el vocero de la Fiscalía, Omar Zúñiga.
El reconocimiento de nueve cuerpos llegaría la tarde del 11 de septiembre, luego de que integrantes del Colectivo por la Paz y Solecito, así como periodistas, se atrincheraran en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
En conferencia de prensa, el 13 de septiembre, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras apeló a la “comprensión” de los medios que se anticipan “a la postura oficial del gobierno”, justificó que una “nota”, “un comentario sesgado de columnistas” o “chismes” relacionados con el hallazgo de cuerpos “trastoca las fibras más sensibles” de las madres que buscan desde hace meses o años a sus hijos.
“Hay comunicadores que meten clavos para sacar alcayatas. Los entiendo, es su trabajo; pero lo que importa para la Fiscalía es saber qué pasó con ese ser humano que perdió la vida de una forma notablemente violenta.”
Bravo Contreras aseguró que de 2014 a la fecha la identificación de cadáveres se ha agilizado gracias a un software certero que con exámenes genéticos e investigaciones científicas permite perfeccionar la “toma de datos” a familias de personas desaparecidas.
Tierra de fosas
En 11 fosas clandestinas ubicadas en lo que va de este sexenio, Proceso contabiliza la exhumación de 134 cuerpos, sin contar las ejecuciones y abandono de cadáveres en parajes carreteros, riberas o predios baldíos.
En junio de 2014, efectivos de la Secretaría de Marina descubrieron en el rancho El Diamante –propiedad de un exalcalde priista–, municipio de Tres Valles, al menos 31 cadáveres. Hoy apenas se ha logrado la identificación de la mitad de éstos.
En febrero de 2012, más de 15 cuerpos fueron descubiertos en el rancho La Poma Rosa, en Acayucan; ahí una célula de Los Zetas se apropió de la mitad del terreno. El narcocementerio fue ubicado a raíz de la detención de El Pollo H, líder local zeta (Proceso 1843).
En marzo del mismo año, fuerzas federales detectaron ocho cadáveres en la congregación Frijol Colorado, en Perote. En Antón Lizardo, comunidad costera perteneciente a Alvarado, en un predio conocido como Playa Cava, fueron hallados siete cadáveres con huellas de tortura, semienterrados en un terreno arenoso.
La fosa de Alvarado tenía nueve cuerpos con huellas de tortura. Hasta ahora ninguno ha sido identificado.
En junio de 2012, nueve cuerpos fueron encontrados en el municipio de Lerdo de Tejada. El hecho fue minimizado por el aparato gubernamental.
En julio de 2014, policías ministeriales exhumaron al menos ocho cuerpos en la congregación de Paraíso Novillero, del municipio de Cosamaloapan.
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