Por Raymundo León/ Desde la esquina
El Teatro J. J. Herrera es patrimonio histórico de los xalapeños. Su rescate es uno de los aciertos de la administración del alcalde Américo Zúñiga Martínez. La recuperación de ese teatro es una demostración de que el apoyo a las actividades artísticas en la capital del estado no sólo es de palabra, sino de hechos.
El 3 de diciembre se supo que el gobernador Javier Duarte envió al Congreso del Estado una solicitud de autorización para enajenar a título gratuito el inmueble que alberga el Teatro J. J. Herrera en favor del ayuntamiento de Xalapa. La solicitud fue turnada a la Comisión de Hacienda del Estado como respuesta a una petición firmada por el alcalde xalapeño con fecha 31 de marzo del año en curso. Se supo también que mediante oficio PM/03/127/2015 se solicitó al titular del Poder Ejecutivo la donación del inmueble situado en el número 12 de la calle Miguel Palacios.
El jueves pasado, la solicitud se concretó a favor de la administración municipal por la aprobación de los diputados locales. Es una gestión exitosa para la capital del estado y en favor de la actividad que realizan los artistas de Xalapa. Es una gestión que hay que reconocer en todo lo que vale.
El dictamen presentado para su aprobación por los diputados Mariela Tovar Lorenzo, Julen Rementería del Puerto y Adolfo Ramírez Arana, presidenta, secretario y vocal de la Comisión de Hacienda del Estado, establece que a cesión del Teatro J. J. Herrera al ayuntamiento de Xalapa tiene la finalidad de reavivar todas las actividades artísticas que se puedan realizar.
El dictamen mencionado indica que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, una de las prioridades de la actual administración estatal es promover el desarrollo cultural de los veracruzanos y actuar como enlace entre las instituciones orientadas a la formación artística y los gobiernos municipales con el propósito de contribuir a vincular la actividad artística veracruzana con el orden municipal.
La donación del Teatro J. J. Herrera al ayuntamiento de Xalapa tiene su historia que viene desde 2011 por lo menos.
En febrero de 2012, la entonces alcaldesa Elízabeth Morales García informó que el ayuntamiento de Xalapa solicitaría en comodato el Teatro J. J. Herrera en caso de que la Fundación para las Artes Escénicas de Veracruz, A.C., integrada por Guillermo Barclay, Manuel Montoro y Arturo White, que lo tenía a su cargo renunciara a su posesión. En ese entonces, la edil reconoció el interés del ayuntamiento xalapeño porque el espacio cultural fuera rescatado y funcionara como se había previsto al concluir su remodelación realizada en 2010 como parte de la rehabilitación del Corredor Turístico Parque Juárez-Los Lagos.
Ya desde entonces, Elízabeth Morales García hablaba que de lograrse la enajenación, el ayuntamiento xalapeño podría invertir y realizar actividades culturales, tal como se tenía contemplado previo a su remodelación.
Hay que recordar que una vez concluidas las obras de remodelación del Teatro J. J. Herrera se le autorizó al entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán otorgarlo en comodato por el término de 10 años a la Fundación para las Artes Escénicas de Veracruz, A.C., para el cumplimiento de sus fines, pero los integrantes de esa Fundación acusaron incumplimiento por parte del gobierno del estado, tanto en la reparación y equipamiento de su estructura arquitectónica como en la reparación de goteras, instalación de equipo de climatización, intervención del área del escenario, así como del subsidio para montajes.
Por ello, al no contar con los recursos para realizar todas las adecuaciones necesarias, los representantes de la Fundación para las Artes Escénicas de Veracruz, A. C., iniciaron los trámites para renunciar a la propiedad del inmueble.
La administración de Américo Zúñiga tiene ahora la oportunidad de lograr que ese espacio sea uno de los centros culturales más importantes de la capital del estado, que sea uno de los espacios en los cuales los artistas puedan desarrollar sus actividades.
Es una gestión que se debe aplaudir y difundir.
Otro dictamen a favor
Jesús Alberto Velázquez Flores, coordinador del grupo parlamentario del PRD/MC en el Congreso del Estado, suma una iniciativa más dictaminada y aprobada por el pleno de los legisladores. Se trata del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes a quien prive de sus derechos y su bienestar a una persona menor de edad o le inflija deterioro a su integridad física o psicológica se impondrá de 3 a 7 años de prisión y multa de hasta 500 días de salario. El dictamen también prevé de 6 meses a 6 años de prisión y multa de hasta 300 días de salario a quien reiteradamente haga uso de la fuerza física o moral contra una persona mayor de edad con incapacidad o que no pueda resistir sujeta a su protección, instrucción o cuidado.
El dictamen recuerda que la iniciativa del legislador perredista parte de la base del reconocimiento del principio constitucional del interés superior de la infancia como orientador de las normas aplicables a ese sector poblacional, y que éstas deben procurar lo necesario para lograr un crecimiento y desarrollo pleno de los menores, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
Indica que Jesús Alberto Velázquez Flores explica que el maltrato infantil ha cobrado un gran número de víctimas en la entidad, fenómeno que tiene relación con diversos factores culturales, económicos y sociales, y que produce estrés, baja autoestima, depresión y alteraciones al desarrollo del sistema nervioso e inmunológico, lo que deriva en problemas conductuales, físicos y mentales en la edad adulta, como el consumo indebido de alcohol y drogas, embarazos precoces, actos de violencia y hasta suicidios.
“Desde la perspectiva del diputado autor de la iniciativa, existen factores sociales que pueden ser activos del maltrato infantil, por ejemplo, desigualdades sociales y de género, pobreza, desempleo, hacinamiento por viviendas inadecuadas, falta de políticas y programas de prevención, atención y rehabilitación de todas las formas de maltrato infantil, entre ellas, abuso sexual, pornografía y prostitución infantil, explotación sexual, bullying, explotación laboral y maltratos físicos”, se lee en el dictamen.
El autor de la iniciativa añade un dato revelador de la importancia de este tema en el país, consistente en que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país integrante de la misma que ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidio de menores de 14 años de edad, por lo que propone la adopción de medidas legislativas para desestimular el maltrato infantil, mediante la creación de un tipo penal específico y la imposición de sanciones más severas en el código punitivo local, así como con una serie de reformas y adiciones a la legislación en materia de derechos de la niñez, a fin de establecer claramente el derecho que tienen los menores a ser protegidos contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes.
El dictamen fue aprobado con 46 votos a favor y una abstención.
Credibilidad de los ciudadanos
Hace varios días se realizó en el Órgano de Fiscalización Superior el Taller de Construcción de Indicadores de Gestión Gubernamental. Durante ese acto, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general, afirmó que el patrimonio más importante de un gobierno es contar con la credibilidad de los ciudadanos y que por esa razón el ORFIS trabaja diariamente en verificar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de los veracruzanos, “en caso contrario –afirmó– se promueven las acciones necesarias con la finalidad de sancionar a los funcionarios que se aparten del marco de la ley”.
Ante una sociedad más exigente, los servidores públicos deben actuar de manera íntegra y transparente “con esta convicción, todos los servidores públicos tenemos el compromiso moral y ético de abonar a inspirar confianza, rindiendo cuentas no sólo de lo que hacemos, sino también de cómo nuestras acciones, benefician a la sociedad”.
El funcionario indicó que en el ORFIS se tiene presente que lo importante para la ciudadanía es constatar que los recursos públicos se conviertan en obras y acciones que los beneficien en su vida diaria. “El ORFIS busca de manera permanente nuevas herramientas que le permitan valorar el efecto que el destino y aplicación de los recursos públicos tiene en la vida cotidiana de los veracruzanos; buscando innovar en la revisión financiera, técnica y normativa de los entes fiscalizables. Antes la administración pública se orientaba a la actividad; hoy se orienta a los resultados”, comentó Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.
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