Jenaro Villamil/ MÉXICO, DF (apro).- En el tercer año de su mandato presidencial Enrique Peña Nieto no pudo remontar la caída de aceptación, credibilidad y eficacia que se produjo en los cuatro últimos meses de 2014, justo después de que su gobierno logró en un periodo récord la aprobación de 11 reformas estructurales, incluyendo la energética, y se suponía que alcanzaba la cumbre del Mexican Moment.
El último cuatrimestre de 2014 fue una sucesión de fracasos, tragedias, escándalos e incapacidades que se acentuaron al negar sistemáticamente la gravedad de los hechos. De ahí provino la caída: la matanza de Tlatlaya, la tragedia de Iguala y la desaparición persistente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el escándalo de la Casa Blanca, la indignación por la “verdad histórica”, la caída de las expectativas de crecimiento económico (2.1% en 2014, frente a un raquítico 1.1% en 2013) y la irritación social que llevó a miles en las redes y en las calles a demandar #FueraPeña.
En 2015 el desafío era enorme, pero no imposible. Lejos de enmendar los graves errores cometidos en la gestión de las crisis de 2014, el peñismo optó por la fuga, literal y simbólica, ante la realidad que no se ajustaba a su propaganda.
La fuga de El Chapo Guzmán, símbolo y prueba de la incapacidad del Estado mexicano para enfrentar al narcopoder, convirtió al gobierno de Peña Nieto en el hazmerreír internacional. El daño de la fuga de julio es comparable sólo con la incapacidad para adoptar medidas efectivas y no cosméticas que obligaran a replantear la fallida política de seguridad y combate al crimen organizado. Ya en febrero de este año 20 grupos empresariales le demandaron eso a su gobierno. Y sólo hubo oídos sordos.
Ante el escándalo de la Casa Blanca, el peñismo optó por una fuga maquillada. Ordenó una investigación ‘autoexoneradora’ a cargo de una Secretaría de la Función Pública que revivió del ostracismo para quedar en cenizas. Lo que no terminaron fueron los escándalos e indicios de gran corrupción, como el expediente de la constructora española OHL, las propiedades inmobiliarias de Peña en Ixtapan de la Sal o las de Luis Videgaray en Malinalco, o las de Osorio Chong en Las Lomas.
En marzo de 2015, la empresa MVS escaló un conflicto absurdo con su conductora estelar Carmen Aristegui hasta llegar a la ruptura y cierre definitivo del espacio noticioso que ella condujo. El peñismo decidió fugarse ante el conflicto y manejarlo como un “pleito entre particulares”. Si no fue un caso de censura indirecta ordenado por Los Pinos en venganza por el reportaje de la Casa Blanca, la actitud del gobierno hizo todo lo posible para que así pareciera. Ni periodistas asesinados, ni medios agredidos ni espacios censurados han llevado al peñismo a adoptar otra actitud. Por el contrario, los espacios críticos en medios electrónicos e impresos se han reducido a su mínima expresión.
“En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, le reprochó a Peña Nieto el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Reid Rajad Al Hussein. Sin proponérselo, el funcionario sintetizó así la fuga del peñismo ante la crítica, sobre todo, de los organismos internacionales que consideran que México atraviesa por una “grave crisis de derechos humanos” agudizada por las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la censura, el maltrato a los migrantes, el colapso del sistema de justicia.
Lejos de seguir este consejo, el peñismo ha insistido en fugarse de las críticas y atacar abierta o veladamente al mensajero. El caso más claro es el de los seis expertos enviados por la CIDH para revisar los 150 tomos del expediente del caso Ayotzinapa. En lugar de sumarse a las conclusiones, asumir las recomendaciones y advertir las fallas inmensas en la “verdad histórica” de Murillo Karam, el gobierno de Peña los ha confrontado, y ha rechazado cualquier posibilidad de investigar a elementos militares, cuya acción aparece en todo el expediente. Apenas la semana pasada, el Ejecutivo federal negó de manera oficial ante una respuesta al Congreso que efectivos del Ejército o de otros cuerpos militares hubieran tenido alguna participación en los hechos de Iguala, cuando en el mismo expediente están las evidencias.
Las elecciones intermedias de 2015 le dieron al peñismo una falsa idea de recuperación política. No perdió la endeble mayoría en la Cámara de Diputados, pero extravió la decencia y la poca credibilidad que le quedaban al proteger y alentar las ilegalidades de su socio, el Partido Verde. No bastó con todo el escándalo del Verde en la campaña electoral. Peña nombró subsecretario de Gobernación a Arturo Escobar, su exdirigente, y cuando fue acusado por la Fepade, la maquinaria del PRI-gobierno se fue contra el propio fiscal.
El peñismo no pudo siquiera retener la dirección nacional del PRI. En contra de su plan y proyecto, tuvo que aceptar a Manlio Fabio Beltrones como aliado incómodo al frente del tricolor. No logró imponer a Aurelio Nuño, su jefe de la Oficina Presidencial. A Nuño le dieron como compensación la fuga hacia la mano dura en la SEP. La crisis con el magisterio, no sólo con la CNTE, se ha agravado desde entonces.
Los altos precios internacionales del petróleo se fugaron desde hace meses; las reservas internacionales también (18 mil 713 millones de dólares de la reserva “quemados”, según el Banco de México) para frenar una devaluación incontenible. El dólar cerrará a casi 18 pesos por unidad en 2015.
Y la peor “fuga” de 2015 ha sido la carrera por la sucesión de Peña Nieto. El primer mandatario perdió el control del proceso. Por retener y contener la endeble alianza en su gobierno, la carrera por la sucesión de 2018 se adelantó desde los flancos opositores y en medio de figuras que acarician la idea de una “candidatura independiente”.
La ortodoxia de otros sexenios ya no ayuda. Al contrario, acentúa la percepción de descontrol.
Justo como la mirada perdida de Angélica Rivera en los recientes eventos oficiales, el peñismo parece mirar hacia un punto lejano, difuso, fugaz que nadie entiende porque es inexistente, pero todos padecen porque sigue al mando del gobierno.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
bueno y que va a pasar ? porque todos se hacen bolas que la corrupcion que la impunidad que el desgobierno que no se que pero la verdad es que mentes brillantes ya han puesto las cartas sobre la mesa y han estado hablando de un crimen de lesa humanidad …el Obispo Raúl Vera dice que se trata de una guerra de baja intensidad contra el mismo pueblo y que por eso no se combate a la impunidad pues se trata de amedrentar al pueblo” en una “guerra simulada.
Eugenio Raúl Zaffaroni, ex Juez Supremo de la Nación Argentina y
candidato por ese país a la titularidad de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), alertó que
México vive un genocidio en una “fase avanzada del colonialismo”,
es necesario darse
cuenta de lo que pasa en su realidad, para no tener que lamentarse
después, como ocurrió en el caso de la Argentina luego del Golpe de
Estado del 1976.
Zaffaroni, quien fue Ministro de la Corte Suprema de Justicia de su país
desde 2003 hasta finales de 2014, expresó su tristeza porque en esa
nueva cara del colonialismo, “más sutil, perversa y sangrienta”, México
se esté “llevando la peor parte”.
“Lo que se está viviendo (en México) es un verdadero genocidio. Un
genocidio por goteo. Sumen 10 años de muertos y tendrán una pequeña
ciudad. Una Hiroshima o Nagasaki hechas con un poquito más de paciencia.
El genocidio no deja de ser genocidio por el hecho de que se continúe en
el tiempo, lentamente”, dijo el experto en Derecho Penal y Criminología,
pero también un reconocido defensor de los derechos humanos a nivel
internacional.
el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Reid Rajad Al Hussein. dice que mexico atraviesa una crisis de derechos humanos EL ESTADO ESTA DESHUMANIZADO. BESTIALIZADO
Relator de la ONU, Juan Ernesto Méndez,
El decir que la tortura es generalizada en México le costó al Relator de la ONU, Juan Ernesto Méndez, hacer frente a una embestida por parte del Gobierno de México
La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
Esa fue la primera de las cuatro conclusiones a las que llegó el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Ernesto Méndez, tras la visita que realizó entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 a México. El documento fue presentado el pasado 9 de marzo y dio inicio a una embestida desde el Gobierno de México protagonizada desde distintos frentes en la que incluso participó el entonces Canciller José Antonio Meade Kuribreña.