Xalapa, Ver. Las políticas públicas, como es el caso de la salud de las mujeres y el tema del derecho a interrumpir el embarazo, deben ser elaboradas con apego al laicismo constitucional, demandó la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González.
«Lo que sí nos preocupa a las personas que estamos en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, es que en este país que se define como laico, se estén tomando las ideas incluso de una sola creencia, porque hay muchas, es parte de nuestro derecho ciudadano tener las creencias que cada quien quiera… El tema es que se está tomando en cuenta entonces sólo una parte».
Y es que que aun dentro de la Iglesia Católica y evangélica hay creyentes que están a favor del respeto de los derechos de las mujeres, y de la no criminalización de ellas cuando por alguna razón decidieran interrumpir el embarazo.
En ese sentido, destacó, sólo se escuchó a una parte de la Iglesia Católica.
Al respecto, comentó que no extraña la postura de la iglesia, lo que sí extraña es que las autoridades no respeten el laicismo y escuchen sólo a un sector dentro de la feligresía católica.
«La iglesia está siendo congruente con la forma en la que ellos ven el mundo desde su fe… Realmente no es absolutamente nada nuevo, ellos están desde sus creencias viendo el panorama. Lo que aquí si importa es que hay que recordar siempre que estamos en un país laico, y que desde la laicicidad se deben discutir estos y otros temas que competen a las políticas públicas, a la generación de espacios, de oportunidades a la sociedad, para definir en este caso específico un tema de salud pública que afecta a las mujeres».
Yadira Hidalgo González acentuó que el tema de políticas públicas tiene que resolverse no desde una creencia, sino desde la ejecución del Estado Laico.
Cabe recordar que la llamada inciativa Sí Vida, fue de entrada una propuesta popular presentada por un grupo apegado a la fe católica, en el Congreso del Estado de Veracruz. La iniciativa fue ya votada a favor en una primera etapa, por los diputados locales, y comprende la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, por lo que contempla la penalización a quienes pudieran incurrir en un aborto inducido.
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