Xalapa, Ver.- Las organizaciones Reporteros sin Fronteras (RSF) y Articulo 19 pidieron que el caso de Manuel Torres González sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y también denunciaron la práctica recurrente de la “minimización de la labor de los comunicadores asesinados en Veracruz”.
“Un hecho sorprendente: en un comunicado en el que informaba de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGV) no identificó a Torres González como periodista, sino simplemente como un colaborador del ayuntamiento”, señala la alerta emitida por RSF.
«Imperativamente, la justicia de Veracruz debe identificar y juzgar a los responsables de este crimen. La muerte de Torres González, así como la de numerosos periodistas mexicanos asesinados en los últimos años, no debe caer en el olvido», señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF.
«En Veracruz se registra un verdadero estado de emergencia para el gremio. Hacemos un llamado a todos los defensores de la libertad de información para que apoyen a los periodistas mexicanos y denuncien esta espiral mortífera», agregó.
Artitle 19 demandó que el asesinato de Manuel Torres, el sábado pasado, en la colonia Cazones, de Poza Rica, sea atraído por “la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
También consideraron “preocupante que el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz este sábado no se haya hecho mención alguna de la labor periodística de Torres González y no se haya establecido su trabajo como comunicador como principal línea de investigación en la carpeta iniciada por la institución”.
Acusa que “la minimización de la labor periodística de los comunicadores asesinados en Veracruz, se ha vuelto una práctica recurrente, tanto en el trabajo propio de investigación como en la comunicación social de la FGE, labor que está en manos del ex director del diario de Xalapa, Omar Zúñiga Adán».
Situación similar con el secuestro y homicidio de Moisés Sánchez, en enero de 2015, a quien el gobernador Javier Duarte de Ochoa calificó de taxista, sin tomar en cuenta sus años como periodista comunitario.
Al final, el gobernador se tuvo que disculpar con la viuda y el hijo del reportero asesinado en Medellín de Bravo, y la principal línea de investigación se encaminó al alcalde de Medellín de Bravo el panista Omar Cruz, quien sigue prófugo de la justicia, apunto de lograr un amparo contra la orden de aprehensión.
Comentarios